El fiscal Guillermo González solicitó la elevación a juicio de la causa conocida en Córdoba como "Bomberos SA". La investigación apunta a una presunta asociación ilícita que operó desde el cuartel central y dependencias municipales. Según la Fiscalía, la red habría expedido certificados de inspección apócrifos a cambio de pagos durante varios años.
Gustavo Folli, ex subjefe de Policía y ex director de Bomberos, figura como uno de los principales señalados. La acusación lo ubica como presunto jefe de la agrupación desde 2008 y le imputa asociación ilícita y falsedad ideológica. También se le atribuyen coacción, amenazas y hechos de violencia de género consignados en la resolución fiscal.
La pesquisa indica que Sergio Sosa sucedió a Folli y que más tarde Julio Zárate asumió tareas vinculadas a la gestión. Zárate enfrenta cargos por cohecho activo, encubrimiento agravado y uso reiterado de documentos falsos en once hechos. Además, empresarios y técnicos habrían pagado para obtener informes que ocultaban fallas en higiene y seguridad.
Guillermo González, fiscal de la causa
Cómo funcionaba la presunta oficina paralela
La causa describe una oficina paralela al Departamento de Proyectos y Asesoramientos Técnicos donde se tramitaban documentos. El espacio comenzó en planta baja del cuartel y luego se trasladó al primer piso, cerca de la Dirección, según la Fiscalía. Entre 2008 y 2023 se habrían expedido certificados apócrifos que desconocían la Ley Nacional 19.587 y su decreto 351/79.
Gestores e ingenieros acudían a esa oficina para abonar sumas considerables y recibir inspecciones fingidas. Con esos documentos, comercios y empresas podían operar pese a falencias en seguridad e higiene detectadas en los locales. La Fiscalía sostiene que la maniobra se financió con pagos directos y que hubo funcionarios que agilizaron los trámites.
José Gorocito, chofer del subjefe, aparece mencionado por su rol de agilizar gestiones y facilitar encuentros. Eduardo Rivadero y Mónica Barrionuevo son señalados como quienes habrían manejado la oficina paralela y los registros. La Fiscalía adjunta actas y comunicaciones que buscan demostrar la operatoria y la participación de los imputados.
Sergio Sosa, director de Bomberos que sucedió a Folli
Quiénes son todos los imputados y qué se les atribuye
Felix Calama figura imputado por asociación ilícita y falsedad ideológica en varios hechos según la acusación fiscal. José Leonardo Gorocito aparece como miembro de la asociación y como probable coautor en la maniobra inicial investigada. Eduardo Rivadero y Mónica Barrionuevo son imputados por su presunta participación en la asociación y por falsedad ideológica en actos puntuales.
Marcos Fernando Lúquez enfrenta imputaciones por asociación y por múltiples hechos de falsedad ideológica reiterada. Leandro Gastón Rodríguez es señalado por uso de documentos públicos falsos y por intervenir en la confección de actas y certificados. Natalia Vanina Brasca y Darío Sebastián Brasca figuran imputados por cohecho activo, y Darío además por encubrimiento agravado y uso de documentos falsos.
Carlos Ariel Goldaracena Altamirano, Marcos Octavio Gennaro y Miguel Angel Amil están acusados por encubrimiento agravado y uso de documentos falsos. La Fiscalía pidió la elevación a juicio de estos imputados para avanzar con el juzgamiento de la presunta estructura criminal. En total la resolución incluye a dieciséis acusados entre funcionarios, gestores, empresarios e ingenieros implicados en la trama.
