La Derecha Diario Córdoba: la Provincia deberá pagar $171 millones por un excomisario corrupto
La Justicia confirmó que el Estado provincial deberá indemnizar a una empresa por el rol delictivo de un expolicía.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba confirmó que la Provincia deberá pagar más de $171 millones a una empresa víctima de un asalto. La condena surge por la participación directa del excomisario Oscar Omar Ludueña, quien liberó la zona para que actuara una banda criminal en 2019. El caso expone cómo la vieja política permite que funcionarios corruptos dañen a la sociedad y el Estado termine pagando sus excesos.
El exjefe policial fue condenado en 2021 a cuatro años de prisión por ser partícipe necesario del robo en banda. Sus cómplices confesaron y también recibieron penas. Sin embargo, la empresa damnificada, Acuerdos SRL, inició un reclamo civil contra la Provincia por el perjuicio económico sufrido.
La Justicia resolvió que el Estado es responsable, aun cuando Ludueña estuviera de franco el día del golpe. La jueza Ilse Ellerman había dictado en primera instancia la condena al Estado provincial, y ahora la Cámara rechazó la apelación oficial. El fallo reafirma que la complicidad del comisario fue determinante, ya que utilizó handies policiales y frecuencias oficiales para garantizar la impunidad del delito.
El robo millonario con apoyo policial
El asalto ocurrió entre el 26 y 27 de mayo de 2019, cuando los delincuentes ingresaron a la empresa de motopartes en barrio Vipro, en el sur de la capital. Tras vulnerar el sistema de seguridad, cargaron costosos accesorios en una camioneta. La clave fue la complicidad del comisario, que garantizó la ausencia policial en el lugar.
La banda realizó varios viajes para transportar el botín, valuado en más de $15 millones, hasta un depósito en barrio José Ignacio Díaz. La logística delictiva fue posible gracias a la información provista por Ludueña, ascendiendo apenas seis meses antes a comisario. Este ascenso reflejó un sistema permeado por privilegios en lugar de méritos.
Finalmente, la banda fue sorprendida por un patrullero en plena huida. Aunque el comisario no fue detenido en el lugar, la Justicia acreditó que su aporte fue determinante para el éxito del plan delictivo.
El costo de la corrupción y la condena al Estado
La empresa, representada por los abogados Carlos Nayi y María Herrera Piozzi, demandó al Estado provincial por daños y perjuicios. Argumentaron que el robo se consumó gracias al mal desempeño del funcionario policial, que usó recursos estatales para delinquir. La Justicia les dio la razón y responsabilizó directamente a la Provincia.
El fallo de Cámara rechazó la defensa provincial, que buscaba desligarse por la condición de franco del comisario. Los camaristas remarcaron que la relación de dependencia con el Estado hace inexcusable su responsabilidad. El uso de frecuencias oficiales y equipos policiales fue decisivo para consumar el robo.
En total, la Provincia deberá pagar $171.912.347, suma que incluye el resarcimiento a la empresa y las costas judiciales. Este caso revela cómo los abusos de poder de la vieja política terminan financiados por los contribuyentes, repitiendo un patrón histórico de impunidad y privilegios.
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