El monopolio de Ancap genera distorsiones nefastas en la economía.
El auge de los autos y SUV eléctricos 0 km en Uruguay, que en febrero alcanzaron casi el 40% del total de ventas según los datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), no responde principalmente a un avance tecnológico imparable ni a una conversión masiva al ambientalismo. Es, ante todo, la consecuencia lógica y previsible de una distorsión profunda en los precios generada por el monopolio estatal de los combustibles.
En condiciones de libertad económica real, los precios de la nafta y el gasoil se formarían por la interacción de oferta y demanda: costos de importación, logística, refinación y márgenes de ganancia que compiten entre sí. Cada familia uruguaya decidiría entonces qué tipo de vehículo le conviene más según su realidad: si recorre muchos kilómetros por ruta, si prioriza autonomía, si valora el menor precio de compra inicial o si prefiere un mantenimiento más simple. Pero en Uruguay ese mecanismo está roto de raíz. El Estado, a través de ANCAP, mantiene un monopolio absoluto sobre la importación, refinación y comercialización de combustibles fósiles. Sin competencia efectiva, no existe presión real para reducir costos, mejorar eficiencia ni bajar precios al público.
El resultado es conocido por todos: nafta y gasoil entre los más caros de América Latina, con valores que en febrero rondaban los $77-80 por litro en naftas premium y súper, y entre $47-55 en gasoil (según los ajustes oficiales del Poder Ejecutivo y ANCAP). Esta elevación artificial del precio convierte a los vehículos a combustión en una opción cada vez más gravosa para el uso diario. Mientras tanto, la electricidad —que en Uruguay proviene en su gran mayoría de fuentes renovables como hidroeléctrica y eólica— se mantiene relativamente barata y predecible para cargar en domicilio o en electrolineras públicas. El ahorro mensual en “combustible” (electricidad versus nafta cara) compensa con rapidez la diferencia de precio de compra, sobre todo cuando se suman los beneficios fiscales que el gobierno sigue otorgando a los eléctricos.
Lo que estamos viendo no es, entonces, una elección libre y espontánea de los consumidores. Es una respuesta racional a señales de precios fuertemente alteradas por la intervención estatal. El monopolio obliga a los uruguayos a inclinarse por los eléctricos no porque sean superiores en todos los escenarios, sino porque el Estado ha hecho prohibitivamente caro el camino alternativo. Si mañana se eliminara ese monopolio y se permitiera la libre importación y competencia en combustibles —como sucede en países vecinos donde la nafta es notablemente más accesible—, muchas familias reevaluarían las opciones a combustión o híbridas sin la penalización actual. El porcentaje de eléctricos bajaría, no por rechazo a la tecnología en sí, sino porque la decisión volvería a basarse en preferencias genuinas y no en una coerción indirecta a través de precios inflados.
Esto pone en evidencia una verdad incómoda: el boom de los eléctricos está siendo impulsado, en buena medida, por el altísimo costo que ANCAP impone a los combustibles fósiles. Lejos de ser un progreso orgánico del mercado, es el fruto de la falta de libertad en un sector estratégico. Mientras ese monopolio se mantenga, las ventas de eléctricos seguirán subiendo, pero a expensas de una menor libertad de elección para los uruguayos y de una asignación de recursos que no responde del todo a la eficiencia ni a las necesidades reales de la sociedad.
Uruguay cuenta con una matriz energética limpia y renovable que le da una ventaja comparativa enorme para la movilidad eléctrica. Pero para que esa ventaja se traduzca en un liderazgo auténtico y sostenible, el primer paso debería ser desmantelar las barreras estatales que hoy fuerzan la transición en lugar de dejar que surja naturalmente de la competencia y la iniciativa privada. Solo entonces el casi 40% de eléctricos sería un logro verdadero, y no una simple huida de un mercado de combustibles artificialmente encarecido.
