Uruguay acaba de recibir, una vez más, la confirmación numérica de lo que muchos intuimos hace décadas: el país paga caro el experimento de décadas de intervencionismo estatal, disfrazado de “modelo uruguayo” y vendido como la única forma posible de hacer política.
Según la última edición del Índice de Libertad Económica del Fraser Institute —uno de los termómetros más rigurosos y respetados del mundo—, Uruguay se ubica en el puesto 53 de 165 países, con un puntaje de 7,16 sobre 10.
No es un cataclismo, pero sí es la constatación de un estancamiento relativo. Mientras otras naciones avanzan recortando el tamaño del Estado, aliviando regulaciones y respetando la propiedad privada, nosotros seguimos anclados en un consenso estatista que atraviesa colorados, frenteamplistas y blancos por igual.
Julio María Sanguinetti, José Mujica, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou y ahora Yamandú Orsi forman, en este sentido, una cadena ininterrumpida. Cada uno, con sus matices retóricos y sus épocas distintas, ha contribuido a engordar el aparato estatal, a aumentar la carga tributaria, a multiplicar regulaciones y a consolidar un modelo donde el gasto público y las transferencias terminan siendo el principal motor de la “estabilidad”.
El resultado es previsible para cualquiera que haya leído a Henry Hazlitt con atención: lo que se ve es la obra social, el subsidio, el empleo público y la “protección” al productor local; lo que no se ve son las inversiones que no llegan, los emprendimientos que nunca nacen, los jóvenes talentosos que emigran y el crecimiento que se frena.
El Fraser Institute mide cinco grandes áreas: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad monetaria, libertad de comercio internacional y regulación crediticia, laboral y de negocios. Uruguay no suspende en todas, pero arrastra lastres graves en las que más importan para el largo plazo: el tamaño desmesurado del Estado y la regulación asfixiante.
Esa es la herencia compartida. Los gobiernos del Frente Amplio la profundizaron con entusiasmo ideológico; los colorados y blancos la administraron con resignación pragmática. Ninguno tuvo el coraje —o la convicción— de desafiar el dogma de que “Uruguay es un país de derechos y no de oportunidades”. El resultado es un Estado que consume más del 30% del PIB en gasto y una presión fiscal que ahoga a la clase media y al sector productivo.
Quien piense que esto es solo un debate ideológico se equivoca. La evidencia empírica es aplastante: los países que consistentemente aparecen en los primeros puestos del índice —Hong Kong, Singapur, Suiza, Nueva Zelanda, incluso Chile en la región— no lo hacen por casualidad ni por recursos naturales.
Lo hacen porque entienden algo elemental que aquí parece herejía: la libertad económica no es un lujo de derechas radicales, sino la condición indispensable para generar riqueza que luego pueda repartirse. Cuando el Estado se vuelve demasiado grande, demasiado intrusivo y demasiado impredecible, destruye incentivos. Y sin incentivos no hay inversión, sin inversión no hay empleo genuino y sin empleo genuino no hay progreso real.
Los defensores del modelo actual dirán que Uruguay “es estable” y que “no es Venezuela”. Tienen razón en lo segundo; se equivocan rotundamente en lo primero. La estabilidad de un cementerio también es envidiable, pero nadie quiere vivir en él.
Nuestra estabilidad es, cada vez más, la estabilidad de la mediocridad: crecemos poco, nos endeudamos con moderación, distribuimos lo que no creamos lo suficiente y celebramos como victoria moral el no haber caído en el abismo. Mientras tanto, Costa Rica, Chile y hasta naciones que hace poco estaban por detrás nuestro nos pasan por la derecha en el ranking de libertad económica.
No hay atajos mágicos ni soluciones fáciles. Pero sí hay una dirección clara: reducir el peso del Estado sobre la economía, simplificar el sistema tributario, desregular el mercado laboral, proteger de verdad la propiedad privada y abrir el comercio sin complejos.
Eso exige romper el consenso estatista que ha gobernado Uruguay desde hace casi medio siglo, sin importar el color del partido en el poder. Exige, en definitiva, dejar de creer que cada problema social se resuelve con más ley, más gasto y más burocracia.
Hazlitt lo explicó hace décadas con una claridad que sigue siendo incómoda: “El arte de la economía consiste en mirar no solamente los efectos inmediatos de una política, sino también sus consecuencias a largo plazo; no solamente los efectos sobre un grupo, sino sobre todos los grupos”. Uruguay lleva demasiado tiempo mirando solo lo inmediato y protegiendo solo a los grupos organizados que gritan más fuerte. El puesto 53 es el precio que pagamos por esa miopía colectiva.
La pregunta es si estamos dispuestos, por fin, a abrir los ojos.
