Uruguay acaba de recibir, una vez más, la confirmación numérica de lo que muchos intuimos hace décadas: el país paga caro el experimento de décadas de intervencionismo estatal, disfrazado de “modelo uruguayo” y vendido como la única forma posible de hacer política.
Según la última edición del Índice de Libertad Económica del Fraser Institute —uno de los termómetros más rigurosos y respetados del mundo—, Uruguay se ubica en el puesto 53 de 165 países, con un puntaje de 7,16 sobre 10.
No es un cataclismo, pero sí es la constatación de un estancamiento relativo. Mientras otras naciones avanzan recortando el tamaño del Estado, aliviando regulaciones y respetando la propiedad privada, nosotros seguimos anclados en un consenso estatista que atraviesa colorados, frenteamplistas y blancos por igual.
Julio María Sanguinetti, José Mujica, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou y ahora Yamandú Orsi forman, en este sentido, una cadena ininterrumpida. Cada uno, con sus matices retóricos y sus épocas distintas, ha contribuido a engordar el aparato estatal, a aumentar la carga tributaria, a multiplicar regulaciones y a consolidar un modelo donde el gasto público y las transferencias terminan siendo el principal motor de la “estabilidad”.
El resultado es previsible para cualquiera que haya leído a Henry Hazlitt con atención: lo que se ve es la obra social, el subsidio, el empleo público y la “protección” al productor local; lo que no se ve son las inversiones que no llegan, los emprendimientos que nunca nacen, los jóvenes talentosos que emigran y el crecimiento que se frena.
