El Instituto Nacional de Estadística no miente. En marzo de 2026, la tasa de desempleo en Uruguay trepó al 7,8%. La tasa de actividad cayó al 64,3% y la de empleo se hundió al 59,3%. Cuatro décimas más que en febrero. Cuatro décimas más que en enero. Cuatro décimas que no son un “ajuste estacional” ni un “rebote técnico”: son el primer síntoma claro de que la maquinaria intervencionista que prometía “más trabajo para todos” empieza a chirriar y a dejar gente en la calle.
Miren los números fríos, sin anestesia. En enero de 2026 el desempleo ya había subido al 7,4%. En febrero se estancó en el mismo 7,4%. En marzo pegó el salto al 7,8%. En términos absolutos hablamos de más de 175.000 uruguayos sin trabajo. La población económicamente activa ronda los 2,25 millones de personas. Cada punto de desempleo son miles de familias que dejan de consumir, miles de jóvenes que postergan proyectos y miles de empresas que frenan contrataciones porque el costo de hacerlo es cada vez más alto.
Y esto no cae del cielo. Es el resultado previsible de una lógica que siempre repite la misma ecuación: el Estado promete “proteger” el empleo, sube salarios por decreto, endurece las regulaciones, multiplica el gasto público, carga de impuestos al sector privado… y al final el mercado laboral se contrae. Porque el empleo genuino no lo crea un anuncio en la Torre Ejecutiva. Lo crea la inversión privada que ve rentabilidad y certeza. Cuando esa inversión huye o se achica, el empleo desaparece. Es matemática elemental, no ideología.
Comparemos con datos duros de los últimos años. Durante el gobierno anterior el desempleo, después de la brutal sacudida de la pandemia, había bajado consistentemente y cerró rondando el 8% en promedio, con picos de recuperación que llevaron la tasa de empleo a niveles históricamente altos en algunos meses de 2024 y 2025. Ahora, en el primer año completo del actual gobierno, la economía creció apenas 1,8% en 2025, muy por debajo del 2,6% que el propio Ministerio de Economía y Finanzas había proyectado. El cuarto trimestre de 2025 prácticamente se estancó (crecimiento de 0,1% intertrimestral). Actividad económica que se enfría, empleo que se enfría. Causalidad, no casualidad.
El salario real subió, sí. La inflación está baja (3,46% interanual a comienzos de 2026, la más baja en 25 años). Se crearon 26.000 puestos de trabajo en 2025 según las cuentas oficiales. Pero esos números esconden la otra cara de la moneda: el gasto público consolidado sigue presionando, el déficit fiscal cerró 2025 cerca del 4,9% del PIB (excluyendo algunos fideicomisos) y el sector privado siente el peso de una carga tributaria que no afloja. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda y financia con deuda o impuestos, no “crea” empleo neto: simplemente desplaza recursos del sector productivo al sector político. El empleo que se ve en el sector público o en programas asistenciales es visible. El empleo que se deja de crear en la industria, el comercio o los servicios porque el empresario prefiere no arriesgar es invisible… pero existe.
Miren por género y por región, como hace el INE. Las mujeres siguen sufriendo tasas de desempleo más altas que los hombres (8,9% versus 6,9% en marzo). Montevideo y el área metropolitana suelen mostrar cifras peores que el interior (8,4% versus 7,1%). Los jóvenes de 14 a 24 años registran tasas que superan el 20% en algunos trimestres. Los menos calificados son los primeros en caer cuando las regulaciones laborales suben el costo de contratar. Y ahora, con propuestas como la reducción de la jornada laboral que el propio presidente y su ministro de Trabajo han puesto sobre la mesa, el costo laboral por hora trabajada sube todavía más. ¿Resultado? Menos horas ofrecidas, menos contrataciones, más informalidad o directamente menos empleo formal. La historia ya la conocemos: cada vez que se “protege” al que ya tiene trabajo se perjudica al que busca uno.
El mecanismo es siempre el mismo. Se interviene en el precio del trabajo (salarios mínimos, consejos de salarios obligatorios, indemnizaciones millonarias, jornada reducida). Se interviene en el precio del dinero (gasto financiado con emisión o deuda). Se interviene en la inversión privada (mayor carga regulatoria y fiscal). Y cuando el mercado no responde como el planificador esperaba, en lugar de corregir se culpa al “mercado”, a la “sequía”, al “mundo inestable” o al gobierno anterior. Nunca a la propia receta.
Esto no es solo culpa de Yamandú Orsi. Es el fruto amargo de un sistema que todos los gobiernos —sin importar el color político, el signo ideológico o el discurso de campaña— han mantenido y profundizado década tras década. Blancos, colorados o frenteamplistas, todos han abrazado la misma lógica intervencionista: más regulaciones, más consejos de salarios centralizados, más gasto público que desplaza al privado, más promesas de “protección” que terminan ahogando la creación espontánea de empleo. El problema no es el nombre del presidente de turno. Es el modelo mismo, que todos preservan porque les conviene al aparato político y al clientelismo electoral. El resultado es siempre el mismo: más desempleo, más informalidad y menos oportunidades para los que realmente necesitan trabajar.
Uruguay no tiene un problema de “falta de crecimiento”. Tiene un problema de falta de libertad económica. Cada punto de desempleo adicional es la factura que pagan los más vulnerables por una visión que cree que el Estado puede sustituir al mercado. No puede. Nunca pudo. Solo puede desplazar el costo hacia el futuro: más deuda, menos inversión, menos empleo real.
En marzo de 2026 el desempleo llegó al 7,8%. No es un dato aislado. Es la confirmación de que el modelo que prioriza el control sobre la creación espontánea de riqueza está empezando a mostrar sus grietas. Y las grietas, como siempre, las pagan los que menos tienen.
El peor gobierno de la historia no es el que hereda problemas. Es el que, teniendo los números a favor en algunos rubros, decide profundizar las mismas recetas que históricamente han terminado en estancamiento y frustración. Los uruguayos ya lo saben: cuando el Estado promete “pleno empleo” por decreto —sea quien sea el que esté sentado en la Torre Ejecutiva—, lo único que crece de verdad es el número de desocupados. Bienvenidos al 7,8%. Y contando.
