El Banco estadounidense JP Morgan advierte sobre las conclusiones del diálogo socialista impulsado Orsi

El Banco JP Morgan, uno de los actores más influyentes del sistema financiero internacional, ha levantado una bandera roja clara y sin ambigüedades. Las conclusiones que emergen del llamado “diálogo social” impulsado por el gobierno no son un mero ajuste técnico ni una negociación equilibrada: son un cambio de reglas que amenaza directamente la confianza en el manejo de los fondos previsionales administrados por las AFAP. En otras palabras, el intento de trasladar una porción creciente del ahorro individual hacia una lógica de gestión pública —con cuentas gestionadas centralizadamente por un organismo estatal y las AFAP relegadas solo a administrar portafolios de inversión— no pasa desapercibido para quienes mueven capitales a escala global. Y no pasa desapercibido porque, simplemente, no es nuevo.

Quien haya estudiado con seriedad los mecanismos que hacen posible la prosperidad económica sabe que el ahorro voluntario, gestionado por agentes privados que responden a incentivos de mercado, no es un lujo ni un capricho ideológico. Es el combustible indispensable de la inversión productiva. Hoy, las AFAP administran más de 1,7 millones de cuentas individuales y fondos que superan los 27.800 millones de dólares, equivalentes a casi un tercio del PIB uruguayo. Cada peso que un trabajador deposita en su cuenta individual no es “dinero del Estado” ni un fondo colectivo difuso: es propiedad privada, fruto de su esfuerzo diferido en el tiempo. Esa propiedad, precisamente porque es privada, genera información que ningún burócrata puede replicar. Los rendimientos, los riesgos, las preferencias de los inversores y las necesidades reales de la economía se coordinan a través de precios que surgen de la interacción libre de millones de decisiones. Alterar ese mecanismo no es “mejorar” el sistema: es destruirlo desde dentro.

El “diálogo social” que se presenta como un ejercicio democrático de consenso es, en realidad, la vieja tentación estatista vestida con ropajes modernos. El documento final propone un “esquema de ahorro generacional” donde las cuentas individuales pasan a ser gestionadas por un organismo público, con un “rol preponderante del Estado” en todo el régimen. Las AFAP solo podrían manejar los portafolios de inversión, perdiendo la administración directa de las cuentas personales. Se habla también de una causal de retiro anticipada a los 60 años para ciertos sectores, todo mientras se mantiene la retórica de “mejoras” y “mayor rentabilidad neta”. Todo suena razonable, solidario, hasta progresista. Pero detrás de cada una de esas palabras se esconde el mismo error de siempre: la creencia de que un puñado de funcionarios, por más bienintencionados que sean, puede sustituir el cálculo económico que solo surge del mercado.

La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) lo dijo con crudeza: esto equivale a una estatización. El afiliado deja de ser cliente —con derecho a elegir, reclamar y migrar— y pasa a ser usuario cautivo de un monopolio estatal. Incluso eliminando toda la estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la supuesta “mejora” en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%. No es ganancia para el jubilado; es pérdida de libertad y de eficiencia. Y el mercado lo sabe. El grupo financiero ONE618, asesor de tenedores de bonos uruguayos, emitió un reporte lapidario: “No prevemos nada positivo de este asunto, ni desde el punto de vista macroeconómico ni político”. Aumento del gasto público, cambio de reglas de juego y un golpe a la credibilidad institucional. Exactamente lo mismo que JP Morgan advirtió en su momento sobre el plebiscito de 2024: eliminar o diluir las AFAP implica sacar del mercado más de 23.000 millones de dólares que hoy financian obras y deuda local, con consecuencias directas en tasas, inversión y crecimiento.

La experiencia histórica es implacable. Cada vez que un gobierno ha intentado apoderarse de los fondos de pensión o ha impuesto “reformas” que diluyen la propiedad privada del ahorro, los resultados han sido idénticos: caída en la inversión, fuga de capitales, menor crecimiento y, a la larga, jubilaciones más magras para todos. No es cuestión de mala fe. Es cuestión de imposibilidad lógica. El Estado no tiene precios de mercado para guiarse; solo tiene presupuestos, presiones políticas y plazos electorales. Carece del conocimiento disperso que poseen los millones de ahorradores y los administradores que compiten por obtener el mejor rendimiento. Pretender que un organismo público “coordine” mejor ese ahorro es como creer que un planificador central puede decidir cuántos zapatos, cuántos automóviles y cuántos kilos de pan necesita una sociedad sin que nadie se lo diga a través del sistema de precios.

Uruguay ha construido, con esfuerzo y no sin errores, un sistema mixto que, a pesar de sus limitaciones, ha logrado algo relativamente raro en la región: mantener la propiedad individual de los aportes previsionales y, al mismo tiempo, generar un pool de ahorro interno que financia parte de la inversión productiva. Romper ese equilibrio —como propone el Diálogo Social— no es “cuidar el mañana”. Es hipotecar el futuro en nombre de una ilusión igualitarista que ya ha fracasado demasiadas veces. Las ganancias de las AFAP en 2025 cayeron a 30,5 millones de dólares, pero eso no justifica expropiar por la puerta de atrás lo que funciona precisamente porque es privado.

El alerta de JP Morgan —y el de otros actores financieros que siguen el caso de cerca— no es una opinión política. Es el veredicto frío de quienes prestan dinero al país y miden el riesgo con números, no con discursos. Cuando un actor de ese calibre señala que las propuestas implican un cambio de reglas de juego que afecta la credibilidad institucional, los uruguayos deberíamos prestar atención. No porque JP Morgan sea infalible, sino porque el mercado internacional reconoce lo que muchos aquí parecen empeñados en negar: que no se puede expropiar el ahorro privado sin pagar un costo altísimo en confianza, en inversión y, sobre todo, en libertad.

El camino no es más Estado gestionando lo que los ciudadanos ya administran a través de sus AFAP. El camino es el contrario: fortalecer la propiedad privada del ahorro, reducir las cargas que pesan sobre el trabajo formal y permitir que el mercado continúe haciendo lo que siempre ha hecho mejor que cualquier mesa de “diálogo”: asignar recursos escasos a sus usos más valiosos. Cualquier otra cosa es, simplemente, repetir el mismo error con distinto nombre. Y los errores, cuando se cometen con el dinero y el futuro de los trabajadores, no tienen perdón.