En los días en que los uruguayos seguían con pasión cada partido del Mundial 2026, discutiendo jugadas y chances de clasificación, el Banco Central del Uruguay avanzó con una medida que no pasó inadvertida para quienes observan la economía con atención. Bajo la administración de Yamandú Orsi, el ente emisor puso en consulta un proyecto normativo que obliga a los bancos a entregar a los clientes que abren o ya poseen cuentas en dólares una advertencia explícita y firmada sobre los “riesgos” de esa decisión.
El texto que deberán firmar los ahorristas es claro en su propósito: les recuerda que el valor de sus depósitos en moneda extranjera, expresado en pesos, puede bajar por variaciones del tipo de cambio y que podrían “recuperar menos de lo que depositaron en términos de poder de compra local”. No existe advertencia equivalente para quienes eligen pesos. El objetivo declarado es “contribuir al proceso de desdolarización” de una economía donde, a fines de 2025, los depósitos del sector no financiero (familias y empresas) en bancos privados y el BROU totalizaron el equivalente a US$ 44.963 millones, de los cuales el 73 % estaba denominado en dólares.
Uruguay se encuentra entre los tres países del mundo con mayor porcentaje de dolarización de depósitos. Esa cifra representa aproximadamente US$ 32.823 millones en depósitos en dólares solo en el sistema financiero local. A esto se suma que los residentes uruguayos mantienen alrededor de US$ 62.000 millones en depósitos e inversiones financieras en el exterior.
Esta no es una simple nota informativa. Es un paso deliberado para desincentivar una práctica que millones de uruguayos han adoptado como defensa racional de su patrimonio. Durante las últimas tres décadas, según el propio presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, los uruguayos perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo por no confiar en la moneda nacional. Guardar dólares no es un capricho ideológico ni una apuesta especulativa: es la respuesta lógica de personas que han aprendido, con su propia historia, que el peso puede erosionar el valor del trabajo acumulado.
Lo que el gobierno y el Banco Central presentan como “información para decisiones más informadas” tiene un efecto práctico inmediato. Al mismo tiempo que se obliga a firmar esa advertencia (que comenzará a regir de forma general el 1° de agosto de 2026 y deberá notificarse personalmente a todos los clientes existentes antes del 31 de diciembre de 2026), se modifican los encajes bancarios. Para los depósitos en dólares los encajes se mantienen sin cambios: 28 % para los de menos de 180 días y 20 % para los de mayor plazo. En cambio, para los depósitos en pesos se dispuso una reducción gradual de las alícuotas de encaje aplicables a las obligaciones a corto plazo, buscando generar mayores incentivos para operar en moneda nacional.
El mensaje institucional es coherente con una visión que considera la dolarización un problema en sí mismo. El presidente del BCU ha señalado que cuando un uruguayo deposita en dólares, el 65 % de esos fondos termina siendo exportado o fugado al exterior, porque las empresas del país no quieren esa moneda. “Un país que tiene necesidades enormes de todo tipo para poder crecer no se puede dar el lujo de exportar dos tercios de sus ahorros”, argumentó.
El verdadero problema no está en que la gente elija dólares. Está en que el peso, a lo largo del tiempo, no ha ofrecido la estabilidad suficiente como para competir en igualdad de condiciones. Cuando un gobierno decide atacar la elección de los ciudadanos en lugar de generar las condiciones para que el peso sea una moneda confiable, está actuando sobre el síntoma y dejando intacta la causa.
Las intervenciones que distorsionan los incentivos de ahorro y crédito suelen generar efectos que van más allá de lo inmediato. Reducen la confianza en el sistema financiero formal, empujan parte del ahorro hacia canales menos visibles o directamente al exterior, y terminan limitando la capacidad de los bancos para otorgar préstamos productivos. Con US$ 32.823 millones en dólares depositados localmente y otros US$ 62.000 millones afuera, cualquier medida que aumente la fricción sobre esos fondos tiene un impacto potencial significativo en la liquidez disponible para la economía real.
Los uruguayos que mantienen dólares en el sistema bancario local no están financiando déficits ajenos por ignorancia. Están protegiendo el fruto de su esfuerzo frente a una historia recurrente de políticas que priorizan el gasto público por encima de la estabilidad monetaria. Obligar a los bancos a entregar una especie de “octógono financiero” —una advertencia destacada que debe firmarse— no cambia esa realidad. Solo añade fricción, desconfianza y un costo adicional a quienes ya decidieron, con su propio dinero y su propia experiencia, cuál es la mejor forma de preservar valor.
Las medidas de este tipo rara vez se quedan aisladas. Una vez que se acepta que el Estado puede “orientar” las decisiones de ahorro mediante regulaciones asimétricas y mensajes institucionales, el camino queda abierto para pasos siguientes: mayores costos regulatorios, impuestos diferenciales sobre la rentabilidad de activos en el exterior (ya se avanzó en ese sentido con cambios en el IRPF desde 2026) o restricciones más directas. Cada intervención genera presiones para nuevas intervenciones cuando los resultados no son los esperados.
Mientras tanto, la gente sigue trabajando, ahorrando y decidiendo cómo proteger lo que ha construido. El gobierno, en cambio, elige el momento en que la atención pública está puesta en otro lado para avanzar en una dirección que, lejos de fortalecer la moneda nacional, erosiona la confianza en las instituciones que la administran. Con US$ 44.963 millones en depósitos del sector no financiero y una dolarización del 73 %, los números hablan por sí solos: los uruguayos ya votaron con su dinero.
Esta jugada durante el Mundial no pasó inadvertida para quienes entienden que la economía no se construye a base de advertencias paternalistas ni de regulaciones que castigan las decisiones prudentes. Se construye cuando las reglas son estables, predecibles y respetuosas de la capacidad de las personas para administrar su propio patrimonio. Todo lo demás termina siendo, simplemente, un costo más que paga la sociedad entera.
