Los Uruguayos perdieron 89 millones de dólares por el nuevo cálculo de combustibles del gobierno

Esa brecha se tradujo en sobreprecios de 39 millones de dólares en nafta Súper 95 y 50 millones de dólares en gasoil 50S, sumando exactamente los 89 millones reportados. En promedio, los uruguayos pagaron 2,40 pesos más por litro de nafta y 2,16 pesos más por litro de gasoil durante el período analizado.

El informe del CEPP señala que esta diferencia funcionó como un mecanismo de financiamiento fiscal encubierto: al mantener los precios artificialmente por encima del nivel de paridad de importación, el Estado extrajo recursos adicionales de los consumidores a través de ANCAP sin necesidad de votar nuevos impuestos. Esos fondos sirvieron para cubrir parte del déficit fiscal y financiar otras partidas, incluyendo los subsidios al supergás que generaron pérdidas de 35 millones de dólares en el mismo lapso.

Esta intervención no solo eleva el costo de vida, sino que distorsiona las decisiones económicas de miles de personas y empresas. Al fijar precios por encima del nivel que reflejaría un mercado libre, se incentiva un consumo menos eficiente, se desincentiva la búsqueda de alternativas energéticas y se reduce la competitividad de sectores clave como el transporte, la logística y la producción agropecuaria e industrial.

Además, el monopolio estatal de ANCAP sigue generando una renta monopólica estimada en más de 88 millones de dólares anuales (equivalente a más del 0,1 % del PIB). En un esquema sin barreras de entrada y con competencia privada, esa renta tendería a desaparecer: los precios bajarían por presión competitiva y la eficiencia aumentaría.

El contraste con el período anterior es claro. Bajo el esquema de la LUC los precios se ajustaban mensualmente al PPI, lo que permitió operar con márgenes más ajustados a la realidad internacional y trasladó ahorros reales a los bolsillos de los ciudadanos. El cambio introducido priorizó la recaudación de corto plazo sobre la contención del costo de vida y la eficiencia en el sector energético.

Cualquier intervención inicial en los precios —ya sea para “estabilizar”, subsidiar o financiar gasto público— termina generando desequilibrios que requieren nuevas intervenciones para corregirlos. En Uruguay esto se ve en los subsidios al supergás financiados indirectamente por los sobreprecios en nafta y gasoil, en la renta monopólica de ANCAP y en el uso de los combustibles como herramienta fiscal encubierta.

En síntesis, los 89 millones de dólares de sobrecosto son la factura concreta que pagan los uruguayos por esta decisión intervencionista. Mantener precios artificialmente altos, justificados por objetivos fiscales o de “estabilización”, traslada recursos de los ciudadanos hacia el Estado y sus gastos, en lugar de permitir que los ajustes respondan a las condiciones reales del mercado internacional.

La experiencia muestra que las intervenciones en bienes esenciales suelen producir efectos opuestos a los declarados: en vez de proteger al consumidor, encarecen su vida cotidiana y financian otras prioridades del gobierno. La salida pasa por reducir la intervención: eliminar el monopolio de ANCAP, permitir competencia privada y dejar que los precios se formen libremente según oferta y demanda. Solo así se evitarán sobrecostos recurrentes y se fomentará una economía más eficiente y próspera para todos los uruguayos.