El gobierno de Yamandú Orsi implementó un cambio en la modalidad de ajuste de los precios de los combustibles que generó un sobrecosto directo de 89 millones de dólares para los uruguayos entre marzo y diciembre de 2025, según el informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) publicado por Ámbito.
Este sobrecosto no es un resultado accidental, sino la consecuencia previsible de la intervención estatal en los precios. Los precios libres no son meros números arbitrarios: son señales que surgen del intercambio voluntario entre miles de personas y reflejan la escasez real de los recursos en cada momento. Cuando el gobierno decide fijarlos o modificar su forma de actualización, interrumpe esa coordinación espontánea y genera ineficiencias inevitables.
En el caso concreto, el Ejecutivo abandonó el esquema de ajuste mensual alineado con el Precio de Paridad de Importación (PPI) que regía bajo la Ley de Urgente Consideración (LUC) entre 2021 y 2025. Ese mecanismo permitió ahorros acumulados de 450 millones de dólares para los consumidores al mantener los precios más cercanos a los valores internacionales de referencia.
El nuevo gobierno optó por un ajuste bimestral basado en el promedio de dos meses, sumado a un “factor de estabilización” de 1,5 pesos por litro y una banda de variación máxima del 7 %. Esta fórmula creó una brecha creciente entre el PPI calculado por la Ursea y el Precio Ex Planta (PEP) fijado por el Poder Ejecutivo.
Esa brecha se tradujo en sobreprecios de 39 millones de dólares en nafta Súper 95 y 50 millones de dólares en gasoil 50S, sumando exactamente los 89 millones reportados. En promedio, los uruguayos pagaron 2,40 pesos más por litro de nafta y 2,16 pesos más por litro de gasoil durante el período analizado.
El informe del CEPP señala que esta diferencia funcionó como un mecanismo de financiamiento fiscal encubierto: al mantener los precios artificialmente por encima del nivel de paridad de importación, el Estado extrajo recursos adicionales de los consumidores a través de ANCAP sin necesidad de votar nuevos impuestos. Esos fondos sirvieron para cubrir parte del déficit fiscal y financiar otras partidas, incluyendo los subsidios al supergás que generaron pérdidas de 35 millones de dólares en el mismo lapso.
