El feminismo uruguayo, tal como se presenta hoy, no es un movimiento por la igualdad, sino una ideología radical que busca imponer supremacía bajo el disfraz de progresismo. Lo que comenzó como reclamos legítimos por derechos básicos en la transición democrática se ha transformado en una maquinaria de poder que infiltra instituciones, impone cuotas obligatorias, censura voces disidentes y criminaliza la masculinidad natural. Grupos como Cotidiano Mujer —fundado en 1985— y la histórica Alianza Uruguaya de Mujeres han sido clave en esta infiltración, promoviendo agendas que van desde la despenalización del aborto hasta la educación sexual integral, que en la práctica funciona como indoctrinación en las escuelas para erosionar la familia nuclear y los valores tradicionales.
Uruguay presume de avances en derechos, pero los resultados son desastrosos. El país registra una de las tasas de femicidios más altas de América Latina: según datos recientes de la CEPAL para 2024, la región acumula miles de casos, y Uruguay se mantiene en niveles alarmantes pese a décadas de políticas "de género". Este enfoque victimista y divisorio no resuelve la violencia; la exacerba al polarizar la sociedad, ignorar causas culturales profundas y priorizar narrativas ideológicas sobre soluciones reales.
Este movimiento no defiende a las mujeres concretas: las instrumentaliza como peones políticos. Mientras exigen "emergencia nacional" por la violencia de género —un problema serio que requiere respuestas integrales, no sectarias—, evaden datos incómodos: las madres son responsables principales en muchos homicidios infantiles en la primera infancia, pero el activismo feminista radical impulsa eliminar derechos paternos para consolidar una supremacía matriarcal.
