El Banco Bandes: La sucursal perfecta del chavismo que trianguló miles de millones hacia Irán

Lo que empezó como un “banco de desarrollo” creado en 2005 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez para sellar la “hermandad” con Hugo Chávez terminó convertido en uno de los engranajes más eficientes de la máquina de evasión de sanciones del eje Caracas-Teherán. El Banco Bandes Uruguay S.A., filial directa del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), no fue solo un canal para sacar divisas del país caribeño en plena crisis: formó parte esencial de la arquitectura financiera opaca que permitió a Nicolás Maduro desviar cerca de 7.800 millones de dólares hacia Irán entre 2006 y 2024.

Documentos de la Fiscalía de Estados Unidos y agencias de inteligencia, revelados por ABC y El Nacional en diciembre de 2025, son terminantes: Venezuela se transformó en “plataforma financiera y logística encubierta” para Teherán. Fondos chinos desviados, el FONDEN, el Fondo Conjunto China-Venezuela y bancos corresponsales en terceros países —entre ellos Uruguay— fueron los instrumentos. La ruta era clara: dinero salía de PDVSA o BANDES, pasaba por Bandes Uruguay o hubs como Panamá, Dubái y Hong Kong, se “limpiaba” con contratos ficticios de “cooperación bilateral” y terminaba en empresas iraníes o en la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Se habla de 4.689 millones en “proyectos conjuntos” y 3.132 millones en transferencias indirectas. Mientras Irán eludía sanciones y armaba drones y misiles, Venezuela se hundía en la miseria. Y Bandes Uruguay era la puerta de salida más cómoda y discreta.

El banco nació en 2005 bajo Vázquez I, operó sin trabas bajo Mujica (2010-2015) —incluso en 2013 se absorbió a 150 funcionarios suyos en la banca oficial uruguaya por ley firmada por el propio Pepe—, y cuando llegaron las sanciones duras en marzo de 2019 durante el segundo gobierno de Vázquez (OFAC lo marcó por el intento de mover más de US$ 1.000 millones desde Caracas hacia Montevideo), nadie lo tocó. El BCU monitoreó, los clientes sufrieron bloqueos temporales, pero la licencia siguió vigente.

Y aquí viene lo que más indigna: el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025), que se presentó como la “alternativa democrática” al populismo de izquierda, tuvo cinco años para cerrar esa vergüenza, para revocar la licencia, para intervenir de fondo, para mandar un mensaje claro de que Uruguay no sería más el patio trasero del chavismo. No lo hizo. El Banco Central del Uruguay, bajo su administración, detectó y documentó irregularidades graves en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Inspecciones de 2022-2023 y 2024 dejaron al descubierto debilidades serias en gobierno corporativo, gestión de riesgos y controles antilavado. El BCU sabía, el Ministerio de Economía sabía, Lacalle Pou sabía. Y no hicieron absolutamente nada estructural. El banco siguió recibiendo capitalizaciones venezolanas, siguió perdiendo millones (casi US$ 5 millones en los primeros ocho meses de 2025, más de US$ 9 millones en el año), siguió operando en nuestra plaza financiera. Eso no es omisión: eso es complicidad por acción deliberada de no actuar. Un gobierno que se jactaba de “orden y transparencia” permitió que una entidad sancionada por Estados Unidos por ser vehículo de evasión de sanciones y triangulación hacia Irán siguiera funcionando bajo su mandato. No hay excusa. Fue una decisión política: no generar ruido diplomático con Maduro, no confrontar al sistema financiero que heredaron, no asumir el costo de cerrar lo que el Frente Amplio había creado. Cómplices pasivos, pero cómplices al fin.

Ahora, bajo Yamandú Orsi (desde marzo 2025), la historia no cambia: el “Frente Amplio moderno” aplica la misma receta de inacción. En enero de 2025 ya había caído la multa del BCU de 650.000 UI por incumplimientos severos; en mayo de 2025 llegó otra capitalización de US$ 7 millones desde Venezuela; el banco sigue con activos millonarios, morosidad elevada y pérdidas crónicas. Orsi sabe, el BCU sabe, y no hay anuncio de cierre ni de auditoría internacional. Todos los gobiernos —Vázquez I, Mujica, Vázquez II, Lacalle Pou y ahora Orsi— estuvieron al tanto desde el día uno: conocieron las sanciones de la OFAC de 2019, las multas recurrentes del BCU, los reportes de inteligencia que vinculan al BANDES con la red que financió a Teherán. Y todos, sin excepción, optaron por dejarlo seguir. Un consenso bipartidario de cobardía y conveniencia.

Esto no es geopolítica ni “integración sur-sur”. Es complicidad con un régimen narco-dictatorial y con un Estado que financia terrorismo internacional. El dinero que pasó por Bandes Uruguay no fue para “desarrollo”: fue para que los ayatolás tuvieran más recursos mientras los venezolanos pasaban hambre. Y Uruguay, con todos sus gobiernos, se prestó para eso.

Es hora de terminar con esta farsa. Cerrar el Bandes Uruguay ya. Revocar la licencia. Auditar hasta el último centavo. Expulsar a los directivos. Porque mientras esa entidad siga abierta, Uruguay seguirá siendo el eslabón débil y cómplice de una red criminal internacional. Lacalle Pou tuvo la oportunidad histórica de romper con esa herencia chavista y no la aprovechó: prefirió la comodidad a la decencia. Orsi la tiene ahora y parece ir por el mismo camino. No hay izquierda ni derecha que valga: hay decencia o hay complicidad. Y hasta ahora, todos han elegido lo segundo.

No más. Cierren ese banco. Punto.