Un acto de guerra económica que exige la esencialidad del servicio.
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El Puerto de Montevideo, arteria vital de la economía uruguaya, vuelve a sufrir medidas de fuerza en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), paralizando operaciones desde el sábado 18 hasta al menos el lunes 20 de octubre.
Esta no es una mera disputa laboral; es un acto de guerra contra el Uruguay entero, un sabotaje deliberado que pone en jaque el sustento de miles de familias y la viabilidad económica del país.
El conflicto, que se arrastra desde hace semanas, gira en torno a la implementación del sistema operativo Navis N4 por parte de Katoen Natie, la empresa belga que controla el 80% de TCP en sociedad con la Administración Nacionaql de Puertos (ANP).
Los sindicalistas, liderados por el Supra, rechazan esta herramienta tecnológica —ampliamente utilizada en más de 300 puertos globales para optimizar la logística y reducir tiempos de espera— argumentando temores infundados por la pérdida de empleos.
En su lugar, exigen una reducción de la jornada laboral a seis horas sin recorte salarial, un reclamo irrealista que ignora por completo el impacto en la competitividad regional.
El resultado: una asamblea sindical que rechazó propuestas de diálogo tripartito impulsadas por el gobierno, dejando la terminal inoperativa y a los transportistas varados en colas interminables.
Las consecuencias son devastadoras y no se limitan al puerto. Cada día de paralización significa contenedores sin cargar, barcos que “siguen de largo” hacia puertos rivales como Buenos Aires o Santos, y un flujo comercial interrumpido que afecta no solo a Uruguay, sino a países dependientes como Paraguay y el litoral argentino.
Si no se carga, no se cobra; si no se cobra, no se puede pagar. Hablamos de un sector que representa cerca del 70% de la operativa portuaria nacional, con impactos directos en exportadores de carne, soja, madera y lácteos —pilares de nuestra balanza comercial—.
Millones de dólares en divisas se evaporan, cadenas productivas se rompen y familias de productores rurales, camioneros y operarios portuarios ven amenazado su ingreso diario.
Según estimaciones preliminares de la Cámara de Industrias o el Centro de Exportadores, las pérdidas acumuladas por estos paros podrían superar los 50 millones de dólares solo en octubre, un golpe que ninguna economía emergente como la nuestra puede permitirse en tiempos de incertidumbre global.
Este no es el primer round: el Supra levantó temporalmente las medidas el 8 de octubre a pedido del Ejecutivo, solo para reanudarlas el jueves pasado tras el vencimiento de un plazo de negociación infructuoso. Reuniones tripartitas en el Ministerio de Trabajo han sido un fracaso, con el sindicato acusando a la empresa de “entreverar la cancha” y la compañía belga insistiendo en que el diálogo debe darse bajo operaciones normales.
¿Cuánto más vamos a tolerar que la conectividad marítima de Uruguay quede a merced de la voluntad de una parte sindical? El puerto no es un feudo gremial; es el corazón logístico de la nación, un servicio esencial cuya interrupción equivale a un asedio económico.
Es hora de que el Poder Ejecutivo actúe con la firmeza que la Constitución le otorga. Debe decretar de inmediato la esencialidad del servicio portuario, invocando el artículo 54 de la Ley de Servicios Esenciales para garantizar la continuidad operativa y someter cualquier disputa a arbitraje vinculante.
Puerto Montevideo.
No se trata de coartar derechos laborales —que deben respetarse—, sino de defender el interés general por encima de pulseadas ideológicas.
Uruguay no puede seguir siendo rehén de un sindicalismo anclado en el siglo XX, que prioriza reclamos utópicos sobre la modernización que nos haría competitivos frente a Brasil o Argentina.
Si no intervenimos ahora, el daño será irreparable: menos inversión extranjera, rutas comerciales perdidas y un PIB lastrado por meses.
