El senador colorado, Pedro Bordaberry, pide que el gobierno intensifique los controles de prevención de lavado de activos en asociaciones civiles y sociedades anónimas deportivas vinculadas al fútbol. Muestra la hilacha estatista que tienen los políticos de siempre. Busca extender las medidas antilavado, incluyendo control exhaustivo de intermediarios, empresas, transferencias y cualquier operación relacionada.
Es necesario advertir sobre los riesgos que implica tener políticos interventores que quieren meterse en todo aspecto de la vida individual. El lavado de activos es un problema real, pero un problema que daña principalmente a los políticos, no al hombre común. Si el dinero se “lava”, es porque a los ojos del leviatán estatal es considerado sucio, ya que representa el fruto de algo que no alcanza a regular y parasitar.
Pretender resolver este problema fabricado por políticos estatistas, mediante más expansión, puede terminar afectando la esencia misma de las asociaciones civiles, la libertad de contratación y la privacidad de las partes involucradas.
Cada nueva norma no solo amplifica el alcance del Estado sobre la actividad privada —o sea, sobre nuestra libertad—, sino que también impone costos desproporcionados que terminan afectando a clubes pequeños, intermediarios independientes y jugadores jóvenes.
