El caso Marset: la vergüenza que Lacalle Pou cargará para siempre

En política, como en la vida, hay errores que se pagan con cargos, otros con elecciones y algunos —los peores— con la historia. El escándalo del pasaporte entregado a Sebastián Marset en Dubái no fue un desliz burocrático ni una casualidad administrativa.

Fue una decisión política tomada en la cima del poder, avalada y defendida por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y sus consecuencias son tan graves que convierten ese trámite en una de las manchas más indelebles de su gestión.

Repasemos los hechos sin anestesia. Marset, uruguayo de prontuario largo y peligroso, líder del Primer Cartel Uruguayo, vinculado al tráfico de toneladas de cocaína, al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y a redes de lavado que mueven millones, estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos en octubre de 2021.

Lo agarraron con pasaporte paraguayo falso. En ese momento ya pesaban sobre él alertas rojas, pedidos de captura de Paraguay, Bolivia y causas abiertas en Uruguay desde 2019-2020. El Estado uruguayo lo sabía. La inteligencia policial lo sabía. Los diplomáticos en Dubái lo sabían y lo advirtieron por escrito.

Aun así, Cancillería aceleró el trámite y le entregó un pasaporte uruguayo legítimo el 30 de noviembre de 2021. Con ese documento en la mano, las autoridades emiratíes regularizaron su situación y lo soltaron a principios de 2022. Marset se esfumó.

Se convirtió en prófugo internacional. Y gracias a esa “ayuda” involuntaria —o no tan involuntaria— del gobierno uruguayo, pudo seguir operando, escalar su red criminal y llegar a ocupar, en 2026, el tercer lugar entre los más buscados por la DEA, solo por detrás de figuras del calibre de los remanentes del CJNG mexicano tras la caída de “El Mencho”.

La exvicecanciller Carolina Ache lo dijo claro en su momento: el apuro venía de arriba. “Era solicitud del presidente”. Lacalle Pou, cuando el escándalo estalló, no se escondió detrás de sus funcionarios. Salió a defender la decisión: “El pasaporte había que darlo. No había otra chance”. Argumentó que la ley no permitía negarlo sin impedimento judicial formal.

Pero esa explicación técnica no tapa lo obvio: el gobierno tenía toda la información para saber que estaba facilitando la libertad de un narco de alto riesgo. Priorizó el trámite sobre la seguridad regional, sobre la cooperación internacional, sobre el sentido común.

Lo que vino después fue un derrumbe en cámara lenta. Renuncias en cadena: Ache en 2022, luego Bustillo, Heber, Maciel, Lafluf en 2023. Chats borrados, documentos destruidos, intentos de ocultar información a la Justicia y al Parlamento. Sumarios administrativos, derivaciones penales. El expresidente citado a declarar una vez fuera del cargo. Y en todo ese tiempo, Lacalle Pou repitiendo que tenía “la conciencia tranquila”. Tranquila, sí. Pero la historia no es tan indulgente.

Hoy Marset es prioridad mundial de la DEA, con recompensa de dos millones de dólares. Está vinculado a incautaciones de más de 16 toneladas de cocaína. Sigue prófugo, con alertas de Interpol y pedidos de extradición por todos lados. Y el pasaporte que lo liberó lleva la firma del Estado uruguayo bajo la presidencia de Lacalle Pou.

No se trata de un error aislado. Se trata de una falla sistémica en el manejo del poder: cuando la Presidencia decide acelerar un trámite sabiendo quién es el beneficiario, cuando defiende esa decisión en público pese a las evidencias, cuando el gobierno entero entra en modo contención de daños en lugar de asumir responsabilidades, el resultado es este: un narco de élite que gracias a Uruguay se convirtió en uno de los objetivos más buscados del planeta.

Lacalle Pou quiso ser recordado como el presidente que modernizó el país, que bajó impuestos, que enfrentó a la izquierda. Pero la historia, implacable, también anotará que durante su mandato un pasaporte uruguayo le abrió la puerta de la libertad a Sebastián Marset. Y eso no se borra con discursos ni con libros de memorias.

La vergüenza internacional ya está escrita. La pregunta es si algún día habrá autocrítica genuina o si seguiremos escuchando que “había que darlo”. Porque en política, como en la vida, hay decisiones que definen quiénes somos. Y esta, sin dudas, definió a su gobierno.