En tiempos donde el gasto público desbordado ahoga a los contribuyentes y asfixia las oportunidades de desarrollo, el caso de Cerro Largo vuelve a poner sobre la mesa una discusión clave: el tamaño del Estado y su impacto sobre la sociedad productiva. El intendente electo, Christian Morel, anunció el cese de unos 300 funcionarios municipales, una decisión que, más allá de los nombres propios, expone un problema estructural: el exceso de personal en las intendencias y el peso insoportable del denominado “rubro cero” (sueldos y cargas sociales).
No es una novedad que las intendencias del interior, como tantas otras reparticiones estatales, han funcionado durante décadas como refugio de un clientelismo que poco o nada aporta al bien común. Lo notable del anuncio es que incluso la presidenta de Adeom, sindicato que históricamente defiende a ultranza el status quo burocrático, reconoció que el gasto en salarios está desbordado. Cuando hasta los sindicatos comienzan a admitir la evidencia, es claro que el Estado ha crecido más allá de lo razonable.
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El ajuste, aunque doloroso para quienes perderán su puesto, es imprescindible si se quiere liberar recursos para lo que realmente importa: infraestructura, servicios de calidad y alivio fiscal para los vecinos que sostienen con su esfuerzo cada peso que la Intendencia gasta. Porque un Estado que se limita a engordar su propia maquinaria es un freno al progreso, y no su motor.
