La debacle de las intendencias uruguayas es un monumento al fracaso del estatismo, esa enfermedad crónica que infecta a todos los partidos políticos, desde los supuestos "conservadores" del Partido Nacional hasta los abiertamente socialistas del Frente Amplio. No hay distinción de colores cuando se trata de despilfarro, clientelismo y una obsesión enfermiza por el poder a costa del ciudadano. Este desastre no es solo una crisis fiscal; es la prueba irrefutable de que el modelo estatal, hinchado y corrupto, es un parásito que devora la libertad y la prosperidad de Uruguay.
En Cerro Largo, el Partido Nacional dejó una herencia venenosa: una deuda de 1.600 millones de pesos—40 millones de dólares—que tiene a la intendencia sin combustible, sin crédito y con los sueldos de los funcionarios tambaleando. ¿Qué hicieron los nacionalistas durante años? Engordar sus redes de lealtades políticas, repartir favores y gastar como si el dinero creciera en árboles. Pero no se engañen: el Frente Amplio, con su retórica de justicia social, es igual de culpable. En Montevideo, su feudo desde 1990, la intendencia arrastra un déficit obsceno de más de 90 millones de dólares. ¿Para qué? Para financiar talleres ideológicos, eventos culturales de dudoso valor y una burocracia inflada que asfixia a los contribuyentes mientras la ciudad se ahoga en basura y el transporte público es un chiste.
Canelones, otro bastión frenteamplista desde 2005, es un calco del mismo desastre. Deudas opacas, contrataciones a dedo y una dependencia patética de transferencias del gobierno central—más del 60% de su presupuesto—han convertido a la intendencia en un pozo sin fondo. ¿Dónde está el progreso que prometen estos zurdos de salón? En ninguna parte. Solo hay más empleados públicos nombrados por lealtad, más contratos para los amigos y más promesas vacías que se desvanecen en el aire.
Para los defensores de la libertad y el mercado, este espectáculo es nauseabundo. Las intendencias, sean blancas o frenteamplistas, son un circo de ineficiencia y corrupción. Han pervertido los incentivos económicos hasta el punto de convertir la gestión pública en una máquina de comprar votos. En Montevideo, la intendencia dilapidó 14 millones de dólares en “horas extras” para funcionarios que, mágicamente, solo trabajan los sábados. ¿Alguien cree que eso es por necesidad y no por clientelismo descarado? En Canelones, uno de cada cuatro empleos municipales es un nombramiento directo, una bofetada a la meritocracia y al contribuyente.
