En un acto que representa un serio retroceso en la autonomía universitaria y en la seguridad jurídica del país, el gobierno encabezado por el Frente Amplio ha revocado la autorización definitiva concedida a seis universidades privadas bajo el artículo 29 del decreto 314/024, medida que había sido aprobada legal y legítimamente dos días antes del cambio de mando.
La norma, firmada en noviembre de 2024, establecía que las universidades con más de veinte años de funcionamiento sin observaciones graves pudieran solicitar una autorización definitiva, reconociendo su trayectoria y cumplimiento. En un marco de transparencia y legalidad, seis instituciones privadas accedieron a esta condición el 26 de febrero de 2025. Sin embargo, tras presiones políticas y argumentos de dudosa solidez jurídica, el nuevo gobierno decidió revocar ese reconocimiento, vulnerando el principio de buena fe y minando la confianza en las reglas de juego.
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El gesto no es menor: representa un feroz ataque a la libertad educativa y un acto de hostigamiento ideológico contra el sector privado. Bajo el pretexto de “revisar” el proceso, el Frente Amplio ha dejado en evidencia su sesgo centralista y estatista, insistiendo en que el Estado debe mantener un rol hegemónico en la educación, incluso a costa de deslegitimar a instituciones que han formado miles de profesionales durante décadas.
