El conflicto entre Terminal Cuenca del Plata (TCP), controlada por Katoen Natie, y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) ya acumula cerca de 44 días de afectación a la operativa en lo que va de 2026. La cifra supera los 35 días registrados durante todo 2025, según datos de las cámaras empresariales y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).
El origen del diferendo está en la negociación de un nuevo convenio colectivo. Las conversaciones, que arrancaron a comienzos de año y sumaron más de 40 reuniones, se trabaron en puntos clave: la cláusula de paz, la duración del acuerdo y la cantidad de jornales asegurados. El convenio anterior venció a fines de abril y desde entonces las medidas sindicales han impactado, en promedio, más del 70% del movimiento de contenedores.
Ante la falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo dispuso el 11 de septiembre un régimen de servicios mínimos a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La resolución, de carácter transitorio, obliga a garantizar la carga y descarga de buques, la recepción de contenedores (con un mínimo de 25 por hora por transporte carretero), el almacenamiento y el manejo de cargas refrigeradas, perecederas o sanitariamente sensibles.
El SUPRA rechazó la medida. La calificó de “arbitraria y lesiva” del derecho de huelga, resolvió presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y convocó paros de alcance nacional, incluido uno de 24 horas. Al mismo tiempo, el gremio dejó en suspenso la posibilidad de un paro nacional de 48 horas en todos los puertos del país.
En las últimas horas el MTSS presentó una propuesta de acercamiento. La fórmula intermedia plantea subir de 20 a 21 los jornales asegurados a partir de mayo de 2027, buscar montos medios en las partidas extraordinarias y retomar el diálogo tripartito de forma inminente. Las partes están analizando el documento mientras la terminal opera bajo el régimen de servicios mínimos.
Desde el sector empresarial advierten que las interrupciones ya generan consecuencias que van más allá del puerto: demoras en exportaciones e importaciones, aumento de costos, faltantes de insumos y deterioro de la imagen del país como destino logístico. Algunas navieras habrían optado por omitir la escala en Montevideo.
El conflicto sigue abierto. Tanto la empresa como el sindicato han reiterado su disposición a negociar, aunque las diferencias de fondo sobre los puntos centrales del convenio aún no se han resuelto. El gobierno insiste en el diálogo tripartito como el camino para destrabar la situación. Lo cual claramente no dará resultados.
