Este lunes se conocieron los números oficiales que confirmaron que en 2024 se realizaron 11.232 abortos en Uruguay, la cifra más alta registrada desde que se aprobó la Ley en 2012.
El actual subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo (MPP) —quien fue cesado de su cargo en el Hospital de la Mujer del Pereira Rossell en 2022 debido a «irregularidades» en el control de los recursos destinados a intervenciones quirúrgicas— atribuyó este aumento al "decaimiento" en la enseñanza de educación sexual integral (ESI) en los centros educativos.
Según Briozzo, en los últimos años se habría producido un retroceso en la implementación sistemática y transversal de la ESI, lo que plantea dentro del gabinete interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de la Ley N.º 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva, que desde 2008 obliga al Estado a garantizar la educación sexual como un derecho.
Briozzo subrayó que la educación sexual es uno de los principales pilares para prevenir embarazos no intencionales, junto con el acceso a métodos anticonceptivos y la promoción de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la ESI lejos está de ser una noble herramienta para la concientización. Los programas de educación sexual integral imponen en nuestra sociedad ideas que van en contra de la biología y la naturaleza humana a través del feminismo de género.

A un mes de la muerte del criminal José Mujica, recordemos una de las peores políticas que llevó adelante durante su mandato presidencial: la Ley de Aborto.
En el año 2009, bajo el primer gobierno frenteamplista, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) publicó el informe Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050, en el cual alertaba sobre el desastroso escenario demográfico que ya estamos atravesando. También, de qué manera el envejecimiento poblacional en Uruguay, causado por baja natalidad, planteaba grandes desafíos para la economía, el mercado laboral, el sistema de salud, la educación y la protección social.
Paradójicamente, la estrategia que trazaron para hacerle frente al desarrollo nacional fue que, tan solo tres años más tarde, Uruguay se convirtiera en el segundo país de América Latina, después de Cuba, en despenalizar el aborto. Así, bajo la administración de Mujica —un gran admirador de la dictadura cubana— se promulgó, el 22 de octubre de 2012, la Ley Nº 18.987.
La Ley de Aborto, camuflada bajo el nombre Ley de «Interrupción» Voluntaria del Embarazo (IVE), fue impulsada por legisladores del Frente Amplio. Una de las principales promotoras fue la ultrafeminista y socialista Mónica Xavier, actual directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). De este modo, el aborto en Uruguay se transformó en un «derecho garantizado por el Estado»: es decir, desde 2012, todos los uruguayos no solo financiamos los miles de abortos, sino que contribuimos con la grave crisis demográfica del Uruguay y sus desastrosas consecuencias.








