Hecha la Ley, hecha la trampa: el récord de abortos en 2024

En el año 2009, bajo el primer gobierno frenteamplista, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) publicó el informe Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050, en el cual alertaba sobre el desastroso escenario demográfico que ya estamos atravesando. También, de qué manera el envejecimiento poblacional en Uruguay, causado por baja natalidad, planteaba grandes desafíos para la economía, el mercado laboral, el sistema de salud, la educación y la protección social.

Paradójicamente, la estrategia que trazaron para hacerle frente al desarrollo nacional fue que, tan solo tres años más tarde, Uruguay se convirtiera en el segundo país de América Latina, después de Cuba, en despenalizar el aborto. Así, bajo la administración de Mujica —un gran admirador de la dictadura cubana— se promulgó, el 22 de octubre de 2012, la Ley Nº 18.987.

La Ley de Aborto, camuflada bajo el nombre Ley de «Interrupción» Voluntaria del Embarazo (IVE), fue impulsada por legisladores del Frente Amplio. Una de las principales promotoras fue la ultrafeminista y socialista Mónica Xavier, actual directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). De este modo, el aborto en Uruguay se transformó en un «derecho garantizado por el Estado»: es decir, desde 2012, todos los uruguayos no solo financiamos los miles de abortos, sino que contribuimos con la grave crisis demográfica del Uruguay y sus desastrosas consecuencias.

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El aborto no es un tema que se pueda abordar a la ligera, ya que la vida humana está en el centro del debate. Las decisiones políticas que se tomen desde los organismos gubernamentales correspondientes deberían exigir reflexiones más profundas respecto de las requeridas por otras carteras del gabinete.

Jamás podrá equipararse el «objeto de estudio» del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el del Ministerio de Salud Pública, sencillamente porque, a grandes rasgos, uno trabaja con carreteras y el otro, con la vida humana.

Por esta razón es inadmisible no ahondar filosóficamente sobre los paradigmas que rigen las políticas públicas como, por ejemplo, que se hable mayormente de una Interrupción Voluntaria del Embarazo en lugar de un aborto. Esta sutileza semántica ya fue saldada en 2020 por la Real Academia Española, mas la respuesta resultó insatisfactoria para quien escribe.

Hablar de IVE es rociar la muerte con un macabro perfume progresista.

Ante las polémicas generadas por el empleo del término, la RAE alegó que interrupción puede representar una pausa. Si bien semánticamente es válido, a nivel pragmático no.

Nadie puede negar que ese cigoto, embrión o feto tiene vida desde los primeros instantes. Abortar significa terminar con la vida de un ser humano, no «pausarla» o «interrumpirla». Nombrar esta acción como una «interrupción» o «pausa» es una forma muy cínica de camuflar la verdad, pues en la práctica nadie “pausa” una vida como si se tratara de un video. Bajo esta lógica, se podría afirmar el siguiente delirio: un homicidio es la «interrupción» voluntaria de la vida del prójimo. Este es el grado de ridiculez lingüística al que hemos llegado.

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Es posible que la fragilidad humana lleve a racionalizar el dolor, a buscar justificaciones que permitan sobrellevar situaciones tan duras como la muerte, en cualquiera de sus formas. Así, en torno al aborto, naturalmente se escuchan voces frías que reducen esa vida a un simple coágulo, un trozo de carne o incluso a un desecho patológico.

Lo cierto es que se trata de la muerte de una vida humana y quienes tienen la suficiente fortaleza emocional para afrontarla, rinden honores a ese ser que, por voluntad de la madre (no existe algo así como «personas gestantes») o infortunios de la naturaleza, le será imposible volverse un compatriota.

Este lunes se conocieron los números oficiales que confirmaron que en 2024 se realizaron 11.232 abortos en Uruguay, la cifra más alta registrada desde que se aprobó la Ley en 2012.

El actual subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo (MPP) —quien fue cesado de su cargo en el Hospital de la Mujer del Pereira Rossell en 2022 debido a «irregularidades» en el control de los recursos destinados a intervenciones quirúrgicas— atribuyó este aumento al "decaimiento" en la enseñanza de educación sexual integral (ESI) en los centros educativos.

Según Briozzo, en los últimos años se habría producido un retroceso en la implementación sistemática y transversal de la ESI, lo que plantea dentro del gabinete interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de la Ley N.º 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva, que desde 2008 obliga al Estado a garantizar la educación sexual como un derecho.

Briozzo subrayó que la educación sexual es uno de los principales pilares para prevenir embarazos no intencionales, junto con el acceso a métodos anticonceptivos y la promoción de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la ESI lejos está de ser una noble herramienta para la concientización. Los programas de educación sexual integral imponen en nuestra sociedad ideas que van en contra de la biología y la naturaleza humana a través del feminismo de género.

A un mes de la muerte del criminal José Mujica, recordemos una de las peores políticas que llevó adelante durante su mandato presidencial: la Ley de Aborto.