La casa en ruinas disfrazada de orden: la farsa económica del ministro Oddone

Cuando Gabriel Oddone pronunció con solemnidad que «la casa está en orden», no estaba informando sobre la economía uruguaya: estaba mintiendo con números maquillados y una serenidad que insulta la inteligencia de cualquiera que mire más allá de los balances oficiales.

Un déficit fiscal primario del -3,9% del PIB en 2025 no es un logro de disciplina; es la confesión de que el Estado uruguayo sigue devorando casi el 4% de toda la riqueza producida por los privados sin devolver nada comparable en valor real. Ese porcentaje no es un accidente: es el precio que pagan los uruguayos por mantener un aparato burocrático hipertrofiado, clientelista y cada vez más inútil en términos de generación de prosperidad.

El ministro celebra el cumplimiento de una meta que él mismo ayudó a rebajar y a flexibilizar, mientras la deuda pública se acerca peligrosamente a niveles que ya despiertan alertas serias entre inversores y calificadoras. ¿En qué consiste ese «orden»?.

En seguir financiando gasto corriente con deuda que hipoteca el futuro, en mantener subsidios clientelares que distorsionan el mercado laboral, en sostener rigideces que expulsan inversión y en fingir que el crecimiento del 2,2% proyectado para 2026 es algo más que un consuelo mediocre para una economía que se arrastra en la mediocridad crónica.

Las masacres laborales en el sector de servicios globales —BASF despidiendo al 40% de su planta local, Sabre reduciendo drásticamente, otras firmas siguiendo el mismo camino— no son «eventos globales» imprevisibles que el gobierno lamenta con impotencia. Son la consecuencia directa de políticas estatales que han convertido a Uruguay en un lugar caro, rígido y poco competitivo para empresas que pueden elegir dónde instalar sus operaciones.

Costos laborales altísimos por cargas sociales asfixiantes, imposibilidad práctica de ajustar plantillas sin pagar fortunas en indemnizaciones, tipo de cambio artificialmente apreciado que destroza márgenes en sectores transables, y encima un gobierno que responde con promesas de «amortiguar» y «acompañar» en lugar de bajar impuestos y desregular.

Esas empresas no se van por capricho: se van porque el Estado uruguayo les cobra demasiado por quedarse y les complica demasiado la vida cuando necesitan adaptarse.

Oddone habla de preocupación y de reuniones con el sector privado como si estuviera descubriendo el problema. Lo que debería preocuparle —y mucho— es que su propio ministerio y su coalición de gobierno son corresponsables directos de que Uruguay siga atrapado en la trampa del mediano ingreso: crecimiento anémico, productividad estancada, emigración de talento y capital, y una dependencia creciente de commodities sin valor agregado. El 2,2% proyectado no es optimismo; es resignación oficial ante lo que el mercado ya descuenta como lo máximo alcanzable bajo el actual modelo intervencionista.

La casa no está en orden. La casa tiene el techo agujereado por déficits perpetuos, las paredes carcomidas por regulaciones asfixiantes, los cimientos debilitados por una deuda que crece más rápido que la economía y los habitantes —los verdaderos productores— escapando por las ventanas porque dentro ya no se respira.

El ministro puede seguir repitiendo su mantra tranquilizador, pero la realidad es brutal: Uruguay está pagando caro el precio de no haber hecho nunca las reformas estructurales que necesitaba. Sigue gastando como rico, regulando como estatista del siglo XX y compitiendo como si el mundo no hubiera cambiado.

Mientras Oddone celebre cifras maquilladas y prometa amortiguaciones que nunca crean empleo neto, la economía real seguirá sangrando despidos, fuga de empresas y oportunidades perdidas. La casa no está en orden: está en decadencia controlada. Y si no se ataca de raíz el gasto público desbocado, las rigideces laborales criminales y el intervencionismo que asfixia la iniciativa privada, mañana no quedará casa que ordenar: solo ruinas con una placa que diga «cumplimos la meta»