El Encuentro de Ministros “Justicia y Telecomunicaciones”, realizado en la Torre Ejecutiva los días 15 y 16 de julio de 2025 bajo la organización del Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones de América Latina (CERTAL), puso en evidencia la agenda intervencionista del Frente Amplio en el espacio digital.
Con la participación de Yamandú Orsi y la ministro Fernanda Cardona, el evento sirvió como plataforma para impulsar regulaciones que, bajo el pretexto de la “justicia tecnológica” y la protección de “derechos humanos”, amenazan ferozmente la libertad de expresión y la libre competencia.
Estas políticas, ya plasmadas en las "Bases Programáticas 2025-2030" del Frente Amplio, conducen a Uruguay hacia un control estatal similar al que impera en las dictaduras de Cuba y Venezuela, donde el discurso público es restringido en nombre de la “seguridad” y la “equidad”.
Un Foro para la regulación estatal
CERTAL dice defender la libertad de expresión, los medios independientes y los derechos de los periodistas.
Sin embargo, este think tank regional y mundial, pro-Agenda 2030, vino a catapultar al Frente Amplio para que implemente políticas de intervención estatal en las telecomunicaciones y el mundo digital plasmadas en su programa de gobierno.
Panel de locutores.
En el evento Orsi señaló: “los gobiernos deben proveer un marco legal ante los avances de las tecnologías de la información”, inaugurando un nuevo nivel de restricción de las libertades de los ciudadanos uruguayos.
Este foro internacional legitima políticas para controlar el pensamiento, a través de la regulación del ecosistema digital y la censura de quienes no se alineen con la narrativa progresista.
Censura disfrazada de inclusión
Las "Bases Programáticas" del Frente Amplio revelan una agenda que va más allá de la infraestructura tecnológica. Entre todos los delirios que proponen, critican la “concentración de las tecnologías de la comunicación” en manos de conglomerados privados, argumentando que “orientan la opinión pública como nunca antes” y amenazan la democracia.
Ante esto la solución de la izquierda será garantizar la soberanía por parte del Estado en lo que refiere a la política de telecomunicaciones con el liderazgo de Antel.
Bajo el pretexto de combatir la “desinformación” y promover una “cultura digital inclusiva” el Frente Amplio propone regulaciones que le otorgarán al Estado la potestad para definir qué contenidos son aceptables.
Ya lo advirtió Friedrich Hayek: “la libertad de expresión es la base de toda libertad y su restricción por el Estado es el primer paso hacia la tiranía”.
A lo cubano
La propuesta del Frente Amplio de fortalecer ANTEL y regular el espectro de telecomunicaciones refleja un modelo de control estatal como en las dictaduras cubanas y venezolanas.
Infografía.
En Cuba, ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones, monopoliza los servicios de telefonía e internet, restringiendo el acceso a información y bloqueando sitios críticos con el régimen. Asimismo ocurre en Venezuela: se bloquean las redes sociales durante las protestas para silenciar a la oposición.
Defender la Libertad Frente a la Policía del Pensamiento Digital
En 1984, George Orwell advirtió sobre un futuro en el cual la "Policía del Pensamiento" vigilaría y controlaría cada palabra, cada idea, para asegurar la sumisión al régimen. En el Uruguay de 2025, las políticas del Frente Amplio amenazan con llevarnos a un escenario inquietantemente similar.
La propuesta de fortalecer el control estatal sobre las telecomunicaciones, con ANTEL como eje central y la gestión "igualitaria" del espectro radioeléctrico, no solo sofoca la libre competencia, sino que otorga al gobierno el poder de decidir qué voces resonarán en el espacio digital.
Bajo el pretexto de combatir la "desinformación" y garantizar la "soberanía digital", el Frente Amplio, respaldado por el Encuentro de CERTAL, avanzará hacia una regulación que dará paso a la Policía del Pensamiento digital, silenciando opiniones disidentes a la narrativa oficial.
Los uruguayos deben resistir este avance hacia el control estatal del discurso público. La libertad de expresión y la libre competencia son los pilares de una sociedad libre, cederlos bajo el disfraz de la "justicia tecnológica" es instaurar la dictadura del pensamiento.
Como en 1984, donde la vigilancia estatal aplastaba cualquier atisbo de disidencia, las regulaciones propuestas por el Frente Amplio transformarán los medios digitales en espacios controlados, donde solo las ideas aprobadas por el gobierno prosperarán. Si Uruguay no defiende la libertad, se encamina hacia un futuro donde la Policía del Pensamiento digital dictará qué podemos decir, pensar y crear.
