Durante la campaña de 2019, el equipo económico de Luis Lacalle Pou prometía una transformación: achicar el Estado para aliviar el gasto público y liberar recursos para dinamizar la economía. En el centro de esa promesa estaba una cifra concreta: US$ 100 millones de ahorro anual si no se reponían unas 5.500 vacantes del sector público. Lo decía con convicción Azucena Arbeleche, entonces asesora estrella, luego ministra de Economía. Pero los números oficiales de 2024 revelan otra cosa.
Según los datos entregados esta semana al Parlamento por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), el Estado uruguayo terminó 2024 con más vínculos laborales que en 2019: 313.796 en total, 918 más que cuando comenzó el actual gobierno. De esos, 300.893 son funcionarios públicos y otros 12.903 están contratados como arrendamientos de servicio, pasantes o becarios, es decir, personas que no tienen estatus de funcionarios, pero cuyos sueldos también paga el Estado.
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Lejos de concretarse, el anunciado “shock de austeridad” quedó en pausa o, peor aún, se convirtió en ficción. Entre 2023 y 2024, ambas categorías de empleo público aumentaron. Y si se comparan los datos con los de 2019, el saldo es claro: el leve descenso en la cantidad de funcionarios (561 menos) fue superado con creces por el aumento en los contratados (1.479 más).
