Un delirio estatista que conspira contra el crecimiento económico y contra el sector privado.
Lacalle Pou le subió el sueldo a los empleados públicos
Cada vez que se crea un 'empleo' en el sector público se destruye un empleo de mayor productividad en el sector privado.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó un decreto para aumentar las remuneraciones de los funcionarios públicos en un 6% para el año 2025.
La resolución se dio en el Consejo de ministros del pasado martes.
“El porcentaje de ajuste previsto en este artículo se aplicará sobre las remuneraciones percibidas con cargo a créditos correspondientes a Rentas Generales, Recursos con Afectación Especial y otras Financiaciones dispuestas por leyes especiales, vigentes al 31 de diciembre de 2024, debiendo el ajuste ser financiado con la misma fuente de financiamiento original”, detalla la resolución.
Esta suba en los sueldos se determinó teniendo en cuenta una inflación anual proyectada de 5,2% para el presente año más un un correctivo por inflación, que se estima en 0,56%.
El decreto oficial recuerda que la inflación del 2024 fue de 5,49%, mientras que el ajuste salarial de los funcionarios públicos en enero del 2024 fue de 4,9%.
El Poder Ejecutivo detalla que el ajuste busca “salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad macroeconómica del país” y que “es preciso que los incrementos salariales guarden consistencia con la meta de inflación”, que tiene un rango de 3% a 6%.
Un delirio pro estatal, considerando que la idea de que cada empleo público creado necesariamente destruye uno de mayor productividad en el sector privado se basa en la premisa de que los recursos (tanto monetarios como humanos) son limitados.
Cuando el gobierno decide expandir su nómina, esto generalmente implica aumentar la recaudación de impuestos o desviar fondos de otros sectores, lo cual reduce el capital disponible para el sector privado.
Este desplazamiento de recursos puede llevar a una disminución en la inversión privada, menos innovación y, potencialmente, la eliminación de puestos de trabajo en empresas que no pueden competir con la estabilidad y beneficios que a veces ofrece el sector público.
Además, el empleo público es menos eficiente debido a la falta de incentivos de mercado, lo que probablemente resultara en una menor productividad comparada con el sector privado, donde la competencia impulsa la eficiencia.
