En la academia uruguaya y en buena parte de las redacciones de Montevideo, a Nayib Bukele se lo llama dictador sin vacilar. Es una opinión barata: no compromete fuentes, no cierra puertas, no incomoda a nadie con poder en Uruguay. La misma gente que analiza con lupa la separación de poderes en El Salvador no tiene una línea sobre lo que ocurre en la Torre Ejecutiva. El caso más evidente se llama Jorge Díaz.
Del Ministerio Público a la defensa de los propios
Díaz fue designado fiscal de Corte y procurador general de la Nación en 2012, encabezó la transformación de la Fiscalía y la creación del nuevo Código del Proceso Penal, y renunció en 2021 para volver a la profesión. Su regreso al ejercicio privado tuvo clientes elegidos con precisión. Se hizo cargo del equipo jurídico que llevó adelante el caso de la denuncia de Romina Celeste contra Orsi, y representó a la exvicecanciller Carolina Ache en la causa por el pasaporte de Sebastián Marset.
En esa etapa, el propio Díaz reconoció que "es muy posible" que hubiera pedido información sobre Adrián Peña a la Universidad Católica, a través de varios correos sobre la formación académica de jerarcas. El exjefe de todos los fiscales del país, revisando los títulos de un dirigente del partido rival.
Un fiscal que sigue actuando como tal
Antes incluso de asumir, ya opinaba sobre causas en trámite. En febrero de 2025, como futuro prosecretario, sostuvo que la Fiscalía actuaba "en forma absolutamente lenta" en Conexión Ganadera. En ese momento trabajaba en el estudio Brum Costa, y se señaló públicamente que Leonardo Costa era el principal defensor de los afectados por las empresas ganaderas.
