El gobierno hace políticas de drogas exclusivas para personas de género diverso, mientras ya son 6 los hombres muertos.
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Como es de público conocimiento, Uruguay es un país subordinado a la agenda global que se impone de manera antidemocrática desde la Organización de Naciones Unidas. Desde 2016, bajo la tercera administración consecutiva del Frente Amplio, Uruguay comenzó a alinear sus políticas públicas, planes estratégicos y presupuestos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así, las Secretarías de Estado, los Organismos dependientes del Poder Ejecutivo, las Oficinas clave de coordinación, los Gobiernos departamentales y municipales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Academia, la sociedad civil y el sector privado contribuyen directamente al cumplimiento de la Agenda 2030, abandonando las necesidades concretas de la mayor parte de la población uruguaya.
Una nueva política discriminatoria por parte del gobierno: el dispositivo "La Tribu"
La Junta Nacional de Drogas (JND), organismo rector de las políticas públicas sobre drogas en Uruguay, funciona bajo la órbita de la Presidencia de la República a través de la Secretaría Nacional de Drogas (SND) y articula acciones con distintos ministerios y agencias del Estado.
Asimismo, posee un vínculo estratégico con COPOLAD (Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas), un instrumento de cooperación internacional que implementa políticas públicas sobre drogas alineadas con estándares internacionales y con la Agenda 2030.
En ese marco, el pasado 20 de junio se presentó el documento Mujeres y género diverso. Políticas de drogas desde el Tratamiento Comunitario, elaborado por la Secretaría Nacional de Drogas con el apoyo del programa COPOLAD III de la Unión Europea.
Presentación política para géneros diversos.
El gobierno uruguayo presentó un caso piloto en el municipio de Las Piedras que busca abordar el consumo problemático de drogas mediante el dispositivo comunitario "La Tribu", diseñado específicamente para mujeres y personas trans o no binarias que se encuentran en situación de calle y presentan altos niveles de consumo de pasta base. La propuesta incluye capacitaciones en economía social y solidaria, cooperativismo y actividades culturales, educativas y deportivas, con el objetivo de promover la inclusión social y la construcción de proyectos de vida sostenibles.
Las políticas públicas que se implementan se hallan completamente alejadas de la realidad nacional porque, en primer lugar, la mayor parte de la población adicta en Uruguay es masculina y vive en la calle o en refugios.
Así lo demuestra el informe publicado por la Junta Nacional de Drogas de Presidencia, el Observatorio Uruguayo de Drogas y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República titulado Personas, calle, consumos: dos estudios sobre uso de pasta base en Uruguay (2019).
Según los resultados del estudio, la población que padece más problemas de adicción a la pasta base en Uruguay vive en la calle o en refugios y es claramente masculina: «hay que destacar que se trata de una población en la que predominan los varones (86,3%), constituyendo las mujeres un grupo reducido (13,7%) del total».
Por otra parte, los resultados del Censo 2023 —primera vez que se incluyen identidades no binarias y trans como variables, gracias a la Ley Integral para Personas Trans (Ley 19.684)— mostraron que el 99 % de la población uruguaya se identifica con su naturaleza biológica y que solo el 0,02 % se asume como trans o no binaria.
Con esta información, ¿cómo es posible que diseñen, desarrollen e implementen políticas públicas de drogas dirigidas específicamente a mujeres y a personas de género diverso cuando la población adicta es mayoritariamente masculina? (86,3%) y los «géneros diversos» constituyen el 0,02 % de la población del país.
Pipeta para drogas.
Simplemente con observar la realidad es posible darse cuenta de que la mayor parte de las personas que viven en la calle son hombres y padecen serios problemas de adicción.
Sin embargo, la gravedad del asunto no se limita al delirio wokista. Es una inmoralidad y una terrible falta de respeto que desde el gobierno se presente una política pública con perspectiva de género para el abordaje del consumo problemático de drogas cuando a la fecha murieron seis hombres que vivían en la calle y que probablemente tenían problemas de adicciones.
Se trata de un nuevo ejemplo que refleja que la pérdida de soberanía de un país implica la pérdida de libertad para implementar políticas públicas acordes a las necesidades urgentes y específicas de su población. Estamos frente a una nueva muestra de que adherir al globalismo es abandonar por completo el sentido común.
