Libertad sindical, laicidad y seguridad en Uruguay

En julio de 2023, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dictaminó que se vulneró la libertad sindical de docentes del Liceo N.º 1 de San José. El organismo internacional puntualizó que la libertad sindical implica también el derecho a expresarse sobre asuntos económicos y sociales, incluso dentro del entorno laboral.

En abril y mayo de 2025, la Justicia emitió dos sentencias que condenaron a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por "accionar abusivo" contra dos profesoras sindicalistas, debiendo pagar indemnizaciones de 18.000 dólares a una docente y 7.000 dólares a otra. En total, ocho docentes iniciaron juicios contra la ANEP.

Hoy, lunes 30 de junio a las 16:00 horas, en la Casa del Maestro de San José se realizará una asamblea en donde, paradójicamente, se ofrecerán reparaciones a docentes que fueron sancionados por haber militado dentro de un liceo contra el plebiscito Vivir sin Miedo de 2019.

La actividad, bajo la consigna "Es momento de levantar las sanciones a nuestros compañeros perseguidos", fue convocada por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la Asociación de Profesores de San José (APSJ), la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y el PIT-CNT.

Cuando el derecho a expresarse se convierte en vía libre para el proselitismo en la educación pública

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La Organización Internacional del Trabajo solicitó al Estado uruguayo garantizar el equilibrio entre la neutralidad política y el derecho a la libertad sindical.

Sin embargo, como se trata de uno de los múltiples tentáculos de la nueva izquierda global, una vez más, la balanza se ha inclinado hacia la izquierda, favoreciendo a aquellos que primero son militantes políticos y después, docentes.

La laicidad en Uruguay intenta garantizar la neutralidad del Estado en asuntos religiosos, ideológicos y políticos, especialmente en la esfera pública, como la educación.

El artículo 58 de la Constitución establece que “los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política”. Asimismo, “en los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función” y, luego agrega, “reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”.

No son docentes, son militantes.

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Los 15 docentes y el auxiliar del Liceo N.º 1 de San José violaron la laicidad en 2021. Se tomaron fotografías con carteles contra la reforma dentro y fuera del liceo, lo cual constituyó un claro caso de proselitismo. La administración del CES, bajo el gobierno pasado, interpretó acertadamente que estas acciones fueron una grave infracción al principio de laicidad.