Poco antes del mediodía de este lunes, en la esquina de Aries y Camino Guerra, a metros de la ruta 8 en Punta de Rieles, un delincuente de 18 años llegó en moto hasta una carnicería. Allí un hombre entregaba mercadería. El joven lo amenazó y le exigió una bolsa con 32 mil pesos. El trabajador le dio la plata. Inmediatamente después se identificó como policía, le gritó la voz de alto, desenfundó su arma de reglamento y le disparó dos veces.
El rapiñero recibió un impacto en el pecho. Quedó fuera de peligro, fue trasladado a la policlínica de Malinas y detenido. Le incautaron un revólver calibre .22 con munición viva, listo para disparar, y la moto. El policía resultó ileso.
Esa secuencia importa. El funcionario no disparó de entrada. Entregó el dinero, se identificó, dio la orden legal y recién entonces usó el arma. Actuó como lo que es: un servidor público de particular que, ante una amenaza armada, cumplió primero con el protocolo y después con la obligación de defenderse y de impedir que el delito se consumara.
El delincuente no era un pibe desesperado que pedía unas monedas. Llegó con un revólver cargado a rapiñar a un trabajador en plena calle, a plena luz del día. Eso no es un error de juventud. Es un acto de violencia premeditada contra alguien que estaba laburando. El policía no improvisó ni se excedió. Usó la fuerza después de advertir y después de que el agresor ya había desplegado la amenaza. Eso se llama defensa propia y, en el caso de un efectivo, también ejercicio de la función.
En Montevideo los repartidores viven con el riesgo cotidiano de que alguien en moto les ponga un arma en la cara para llevarse la recaudación o el vehículo. Muchos lo sufren en silencio. Algunos terminan heridos. Otros, muertos. Este funcionario, que además de policía hace entregas para llegar a fin de mes, no se quedó en el lugar de la víctima. Recuperó la iniciativa. Impidió que el rapiñero se fuera con la plata y con la certeza de que el crimen paga.
Hay quienes preferirán hablar de “exceso” o de “violencia institucional” apenas se conoce que el herido tiene 18 años. Es un reflejo automático y equivocado. La edad no transforma en inofensivo a quien apunta un arma cargada a un trabajador. Tampoco convierte en ilegítima la respuesta de quien está habilitado y entrenado para usar la fuerza cuando su vida o la de terceros está en peligro. El Estado no puede pedirles a los policías que se dejen rapiñar cuando están de franco y después quejarse de la inseguridad.
Lo que ocurrió en Punta de Rieles no es un hecho aislado pintoresco. Es la demostración concreta de que, cuando un delincuente armado se encuentra con alguien que no está dispuesto a entregarse, el resultado cambia. El policía no buscó el enfrentamiento. Lo resolvió. Entregó la bolsa, se identificó, dio la voz de alto y disparó. Dos veces. El rapiñero sigue vivo y detenido. El funcionario sigue entero. La plata no se fue. El arma del delincuente quedó secuestrada.
Eso no es abuso. Es el orden funcionando, aunque sea por un rato y en una esquina de Punta de Rieles. En un país donde las rapiñas a trabajadores se volvieron rutina, el accionar de este ciudadano policial no merece matices ni condolencias invertidas. Merece respaldo. Porque hizo exactamente lo que se espera de alguien que juró defender la ley: no dejarse doblegar.
