La reciente decisión del gobierno de Yamandú Orsi de suspender la exportación de ganado en pie, anunciada por el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, desató una alarma total en el sector agropecuario: otro atropello más del Estado que amenaza la libertad económica y la producción nacional.
Esta medida es un calco del kirchnerismo: intervención estatal que empobrece, destruye la producción y condena al pueblo a la miseria, como ya ocurrió al otro lado del Río de la Plata.
A esto se suma una nueva traba regulatoria: el 16 de julio, la Dirección General de Servicios Ganaderos emitió una resolución que impone a los frigoríficos cumplir con la normativa europea EUDR, que exige productos “libres de deforestación”, basada en criterios ambientalistas impuestos desde el extranjero, que encarecen la producción y limitan la libertad empresarial.
La suspensión de exportación de ganado en pie y la normativa EUDR, juntas, reflejan un entorno regulatorio que crece, asfixiando la competitividad y la libertad del sector agroexportador uruguayo.
El argumento oficial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) es simple: la exportación de ganado en pie ha crecido considerablemente, mientras que algunos frigoríficos —la mayoría de capital brasileño— enfrentan problemas de abastecimiento.
En consecuencia, el gobierno decidió “suspender” las exportaciones, con la supuesta intención de "equilibrar el mercado interno". Sin embargo, en la práctica, esta medida actúa como una prohibición que restringe la libertad de comercio y perjudica directamente al productor.
Vacas uruguayas.
Detrás de esta decisión se esconde la misma lógica intervencionista que aplicó el kirchnerismo en Argentina, con resultados desastrosos: se limita la exportación en nombre de los “problemas de abastecimiento”, se fuerza la baja del precio interno y se elimina el incentivo a producir.
Las consecuencias son siempre terribles: pérdida de competitividad, caída en las exportaciones, desconfianza del sector privado y, a mediano plazo, desinversión.
Fratti aseguró que la “restricción” es momentánea y que quedan excluidos terneros, animales con valor genético y ganado lechero, como si eso minimizara el daño que esta intervención genera en el sector.
Para peor, anunció que cualquier exportador que quiera enviar ganado en pie deberá pedir autorización previa, la cual será evaluada directamente por el presidente y el ministro de Economía.
Para justificar la medida, Fratti apeló a la crisis del sector frigorífico, con más de mil trabajadores en seguro de paro y al menos seis empresas cerradas. Pero la solución de la izquierda siempre es errónea: en lugar de liberar la economía, fomentar la inversión y el empleo, el Estado interviene reprimiendo la actividad productiva.
Finalmente, Fratti aseguró algo que no es de extrañar: la “suspensión” se adapta a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que no implica una prohibición definitiva ni discriminación hacia países específicos.
Uruguay una vez más respondiendo a organismos internacionales, ignorando las necesidades reales del país.
¿Cuánto pierde Uruguay?
Según datos del ejercicio 2024, Uruguay exportó 386.765 cabezas de ganado en pie, generando ingresos por US$ 353 millones.
Si esta medida se mantiene o se vuelve a aplicar recurrentemente como herramienta de control estatal, el país podría dejar de percibir aproximadamente US$ 300 millones anuales.
Este golpe no solo afecta al exportador directo, sino a toda la cadena productiva: criadores, transportistas, trabajadores rurales, veterinarios y un largo etcétera. Además, se elimina un precio de referencia clave que permite al productor negociar con los frigoríficos.
Fratti.
Es un ataque directo a la libertad económica y a la competitividad del agro uruguayo. Así, el Estado, lejos de fomentar el desarrollo, asfixia la producción y condena al sector a la dependencia y la pobreza. Una lógica intervencionista que ya sabemos a dónde lleva: a la miseria.
Agenda verde: nuevos mecanismos de control comercial y subordinación geopolítica
Este 16 de julio, el MGAP anunció los nuevos requisitos para exportar carne bovina a Europa. Bajo el argumento de “luchar contra la deforestación”, la Unión Europea y organismos como el Forest Stewardship Council (FSC) han impuesto una nueva barrera comercial: el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR).
En octubre de 2024, bajo la administración “nacionalista” de Luis Lacalle Pou, el MGAP aprobó el Sistema de Valor Agregado Ambiental a la Producción Agropecuaria (SVAAPAG), con el objetivo de adaptar las exportaciones uruguayas a estos estándares europeos.
A partir del 30 de diciembre de 2025, Uruguay deberá demostrar que sus productos están libres de deforestación para acceder al mercado europeo. En ese marco, la Dirección General de Servicios Ganaderos exige a los establecimientos agroindustriales aplicar nuevos procedimientos de segregación, identificando y aislando los productos “aptos” según los criterios ambientales.
Lejos de fortalecer la competitividad, lo que se consolida es una política de dependencia y obediencia normativa frente a Bruselas. El aparato productivo nacional comienza así a subordinarse a lógicas ajenas a su propia soberanía.
¿Hacia dónde vamos?
Ya lo vimos en Argentina bajo el kirchnerismo: restricciones a las exportaciones, liquidación del stock ganadero, cierre de plantas, pérdida de mercados y un retroceso devastador en la competitividad. El costo de esas terribles decisiones fue pagado por generaciones enteras de productores, trabajadores y consumidores.
Esto no es una política técnica ni coyuntural. Es el regreso de una mentalidad estatista, intervencionista y populista que ha causado estragos en toda América Latina.
El MGAP, al avanzar con estas medidas, evidencia el objetivo de este nuevo gobierno: más regulaciones, más condicionamientos internacionales, menos libertad de empresa. En lugar de apostar a la apertura inteligente y la soberanía alimentaria, se consolida la dependencia de una agenda ambiental impuesta desde el extranjero y legitimada por organismos multilaterales bajo la bandera del desarrollo sostenible.
Ese es, precisamente, el horizonte que se proyecta: la férrea consolidación de la Agenda 2030 en Uruguay: mayor subordinación a los intereses globalistas y, por consiguiente, menos libertad para decidir nuestras propias políticas.
Uruguay no debe copiar modelos fracasados ni arrodillarse a agendas extranjeras. La defensa del interés nacional comienza por proteger a quienes producen y sostienen la economía real: el agro, motor histórico del país.
