En un país de apenas 3.500.000 habitantes y 176.215 km², resulta inaceptable que existan 19 gobiernos departamentales y más de 125 municipios: todos con sus respectivos alcaldes, concejos municipales, oficinas, vehículos, funcionarios y un absurdo gasto de dinero público.
Uruguay cuenta con una estructura nacional que ya de por sí es obscena: 14 ministerios con sus correspondientes secretarías, direcciones, divisiones, asesores y decenas de miles de funcionarios públicos.
Bajo la indeseada lógica de “acercar el Estado al ciudadano”, la burocracia se ha triplicado causando un costo insostenible para el contribuyente y reproduciendo, a nivel departamental y municipal, funciones ya existentes dentro del gigantesco e ineficiente gobierno nacional.
El desvío de las intendencias del rol que les corresponde para acomodar a los compañeros
Las intendencias existen para encargarse de los servicios básicos: limpieza, caminería, alumbrado, ordenamiento territorial. En la práctica, cada vez se parecen más a mini Estados compravotos.
Lo que comenzó como descentralización administrativa ha terminado en una fuente que alimenta a la militancia, que les asegurará la reelección, con el hambre de los contribuyentes.
Quizás también te interese cómo es la socialdemocracia.
Lejos de descentralizar, Uruguay fomenta una ingeniería institucional que responde al reparto político. Los uruguayos sostenemos tres niveles monstruosos de gobierno, para obtener a cambio servicios públicos vergonzosos.
De intendente a presidente
El caso de Canelones, administrado desde 2015 a 2024 por Yamandú Orsi, es absurdo: tiene 32 municipios. Solo en 2024, la intendencia habilitó un fondo de hasta 3.600 millones de pesos para proyectos de “desarrollo social, cultural y ambiental”.
Oficinas departamentales de género, direcciones sociales, unidades con perspectiva de derechos humanos, programas culturales para los “artistas” zurdos, mientras que en el pozo más chico se bañan los canarios cuando llueve.
