Mientras la flota pesquera uruguaya sigue atada a tierra por conflictos laborales, un negocio por 5 millones de dólares terminó escapando a la competencia regional. El cargamento, de 3.000 toneladas, fue finalmente embarcado desde un puerto argentino.
El conflicto que atraviesa el sector pesquero uruguayo ya acumula más de un mes de inactividad, pérdidas millonarias y una creciente sensación de impotencia entre empresarios y exportadores. La disputa entre la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) sumó este lunes un nuevo hito negativo: otros cuatro barcos debieron regresar a puerto, dejando a la flota nacional prácticamente paralizada.
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“Esto no tiene antecedentes. Nunca vimos una rigidez sindical de este calibre”, expresó un alto representante de la industria pesquera, bajo reserva. La situación ya ha sido calificada por empresarios del sector como “histórica” e “inédita”.
El resultado es claro: Uruguay pierde competitividad, los barcos se oxidan en el puerto y el empleo formal en el sector se deteriora. Mientras tanto, países vecinos —como Argentina— aprovechan las oportunidades que aquí se desperdician por bloqueos y decisiones que, lejos de proteger al trabajador, terminan destruyendo fuentes de trabajo reales.
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