Recientemente, dos hechos igual de trágicos no estremecieron de la misma manera a todo el país: una mujer policía saltó desde su balcón con dos de sus hijas, provocando la muerte de las tres; pocos días después, un padre fue hallado muerto junto a sus dos hijos en un arroyo del interior del país.
Lo que generó mayor conmoción y debate en la opinión pública fue el homicidio perpetrado por el hombre, no por la mujer. El concepto de “violencia vicaria” comenzó a volar por los aires y no faltaron los políticos frenteamplistas, como Charles Carrera o Inés Cortés, aprovechando la tragedia para comenzar a justificar la restricción de derechos parentales de los hombres, exigiendo la derogación de la Ley de Tenencia Compartida.
Privilegios vs derechos
Antes de 2023, la tenencia de los hijos en Uruguay estaba regulada principalmente por el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) y por la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecían la corresponsabilidad parental.
Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los casos de separación o divorcio dejaban la tenencia principalmente a la madre, mientras que el padre tenía derecho a un régimen de visitas.
Con la aprobación de la Ley de Tenencia Compartida (Ley N.º 20.141) en 2023, el escenario cambió de manera significativa, garantizando que los hijos mantengan vínculos con ambos progenitores tras la separación, mientras que antes la tendencia predominante favorecía la custodia exclusiva de la madre con visitas del padre.
Muerte al macho
Hoy, la bondad y la maldad parecen depender de la genitalidad de los sujetos: los hombres son la escoria de la sociedad y las mujeres, las pobres víctimas.
En materia de crianza se presume que la mujer es la menos peligrosa, mientras el hombre es automáticamente considerado una amenaza, aun cuando las estadísticas demuestran que, en casos de homicidios infantiles, las principales responsables son las madres.
