El Frente Amplio acarreó militancia hacia las urnas con un programa de gobierno que no se podía hacer.
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El subsecretario del Ministerio de Economía del Frente Amplio, Martín Vallcorba, admitió que las Bases Programáticas 2025-2030 son “impagables” y generó una profunda decepción entre los ilusionados izquierdistas.
Según afirmó recientemente el ministro de Economía, Gabriel Oddone, la Ley de Presupuesto quinquenal se construyó contemplando las 63 restringidas Prioridades para Gobernar, presentadas en Colonia, y no sobre las inclusivas y extensas Bases Programáticas por las que los progresistas militaron durante meses.
A la militancia frenteamplista, presa fácil del engaño, le vendieron gato por liebre y ahora está rabiosa. Sin embargo, Vallcorba, pinchando su sueño colectivo hacia la pública felicidad, les ofreció una irrepetible oportunidad para al fin alcanzar la madurez.
El utópico programa con que los arrastraron a las urnas
Por el contrario, para quienes gozan de sentido común no resulta sorprendente que el panfleto progresista no se pueda hacer: está repleto de propuestas delirantes:
Creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Mayor jerarquía al Ministerio de Educación y Cultura: pasará a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación.
Otorgar al Instituto Nacional de las Mujeres mayor rango jerárquico.
Creación de la Universidad de la Educación.
Implementar el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria.
Invertir el 6% del PIB en educación más 1% en investigación y desarrollo.
Fortalecimiento de municipios y gobiernos locales, aumentando las demandas presupuestales.
Política de alquiler social: crear un sistema regulado con subsidios estatales.Vallcorba.
Avanzar en la transformación del sistema tributario, fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio.
IVA personalizado, distribución del ingreso y la riqueza en base a criterios de equidad y justicia social.
Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin reducción salarial.
Garantizar un ingreso básico de subsistencia a las mujeres y disidencias en condición de pobreza.
Acceso efectivo a interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.
Acceso universal a la atención en salud mental con perspectiva de género.
Fortalecer el Consejo Nacional de Género como organismo de coordinación interinstitucional.
Más comisarías especializadas en violencia doméstica.
Avanzar hacia la cobertura universal de los servicios de cuidados.
Programas de desarrollo económico para mujeres rurales.
Impulsar programas de formación política para mujeres afro-uruguayas y disidencias.Orsi y Cosse.
Creación de la Ley Nacional de Cultura y Derechos Culturales.
Ratificar, de manera urgente, el convenio 169 de la OIT.
Reafirmar el rol del Instituto Nacional de Colonización; plan nacional de desarrollo con acceso a la tierra y créditos.
La combinación de estos anhelos progresistas —y muchos más—, junto con la eliminación de la nueva regla fiscal que elimina el tope de gasto —porque esa restricción, según Oddone, tiene un componente político e ideológico que el gobierno no comparte—, coloca a Uruguay en un escenario asquerosamente parecido al de la Argentina en 2019.
