Con 50 votos a favor frente a 48 en contra, el Frente Amplio, apuntalado por los dos votos de Cabildo Abierto, impuso en la Cámara de Diputados el nuevo impuesto mínimo global y el mal llamado IVA Temu, ambos integrados al capítulo tributario del proyecto de ley de presupuesto.
Estas medidas, aprobadas en una maniobra que prioriza el control estatal sobre la libertad económica, representan un paso más hacia el ahogo fiscal de los uruguayos y un ataque directo al dinamismo del mercado.
Impuesto Mínimo Global: Un asalto a la competitividad
El impuesto mínimo global, presentado como una herramienta para “alinear” a Uruguay con estándares internacionales, no es más que un mecanismo para exprimir a las empresas multinacionales que operan en el país. Gravando con un mínimo del 15% a aquellas que facturan más de 750 millones de dólares anuales, el gobierno pretende que paguen impuestos en Uruguay en lugar de sus países de origen.
La narrativa oficialista lo vende como justicia fiscal, pero la realidad es otra: este impuesto encarece la presencia de grandes empresas, espanta la inversión extranjera y debilita la capacidad del país para competir en un mundo globalizado.
Uruguay, históricamente un oasis de estabilidad y apertura económica en la región, se dispara en el pie con esta medida. Las multinacionales no son vacas lecheras infinitas; son actores racionales que buscan entornos favorables. Aumentar la presión fiscal no solo reduce su incentivo para quedarse, sino que también encarece los bienes y servicios que producen, golpeando al consumidor final. Es la receta perfecta para estancar el crecimiento y perpetuar la dependencia de un Estado voraz.
El IVA Temu, por su parte, es un intento burdo de proteger a comerciantes locales a costa de la libertad de los consumidores. Este nuevo gravamen sobre las compras minoristas al exterior bajo el régimen de franquicias –cuyo límite se eleva de 600 a 800 dólares anuales– se disfraza de defensa del comercio uruguayo frente al auge de plataformas como Temu.
Sin embargo, es un impuesto regresivo que castiga a los ciudadanos por buscar mejores precios en el mercado global. La excepción para compras en Estados Unidos, justificada por un acuerdo comercial, solo añade incoherencia a una medida que huele a proteccionismo trasnochado.
