Uruguay, un país supuestamente conocido por su "estabilidad" económica y su papel estratégico como base para la flota pesquera gallega en el Atlántico Sur, se encuentra al borde de un colapso en su industria pesquera.
Lo que comenzó como un conflicto sindical liderado por el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUTMA) se ha convertido en una crisis que amenaza miles de empleos, frena inversiones extranjeras y pone en jaque la reputación de Uruguay como destino confiable para los negocios.
Una demanda sindical que paraliza una industria
El conflicto estalló cuando SUTMA, un sindicato de ideología marxista guevarista, exigió la incorporación de un segundo patrón por barco fresquero, una medida no contemplada en el convenio colectivo vigente hasta 2027.
Lo que podría haber sido una negociación laboral se transformó en una huelga de proporciones catastróficas, extendiéndose a buques congeladores y plantas industriales que nada tienen que ver con la demanda original.
Empresas como Belnova, la principal exportadora pesquera de Uruguay, están pagando un precio devastador. Con más de 200 empleados directos y una inversión de 47 millones de euros en los últimos años, la compañía reporta pérdidas diarias de 300.000 euros.
La patronal y el gobierno: entre la inacción y las amenazas
La Cámara Industrial Pesquera Uruguaya (CIPU) no ha escatimado en críticas. Según la patronal, el paro ha estado acompañado de amenazas y motines que han generado un clima de inseguridad operativa.
"Esto es un sabotaje a la industria y a los trabajadores que dependen de ella", declaró un representante de CIPU. La organización acusa al Ministerio de Trabajo, bajo el gobierno de Yamandú Orsi, de una inacción que agrava la crisis.
