Uruguay acaba de aprobar la eutanasia. Y no como un debate ético marginal, sino como una conquista “progresista”, celebrada por los mismos que durante años han vaciado al sistema de salud, degradado la dignidad humana y adorado la idea de que el Estado debe decidir quién vive y quién muere.
El Senado, con 20 votos afirmativos, convirtió en ley la llamada “muerte digna”, que autoriza a médicos a terminar con la vida de un paciente con una enfermedad incurable o un sufrimiento “insoportable”. Pero detrás del disfraz humanitario se esconde el mismo impulso burocrático y nihilista que ya devastó a Canadá: el de una sociedad que renuncia a cuidar, para aprender a eliminar.
De la compasión al descarte
El discurso oficial repite que se trata de un acto de compasión, de respeto a la autonomía. Pero ¿qué autonomía tiene un enfermo abandonado en un hospital público colapsado, sin medicamentos ni atención paliativa?
La eutanasia aparece, así, como la salida barata a un problema caro: cuidar.
Lo que en el fondo celebra esta ley no es la libertad individual, sino la rendición del Estado ante su propio fracaso sanitario. El mismo Estado que no garantiza una cama, ahora promete una inyección.
El caso de Canadá debería servir de advertencia. Allá, la “asistencia médica para morir” (MAiD) empezó como una excepción trágica. Hoy es una rutina estatal. Miles de canadienses han pedido la eutanasia no por dolor físico insoportable, sino porque no pueden pagar la calefacción, no consiguen una silla de ruedas o el sistema de salud los condena a una espera interminable. La compasión se convirtió en cálculo presupuestario.
¿Y quién promueve la muerte? El propio Estado. El mismo que primero empobrece, luego abandona, y finalmente ofrece una salida indolora para su propio fracaso moral. Es la piedad del verdugo.
La “cultura de la muerte” con sello burocrático
En Canadá, el Estado entrena médicos para ofrecer la muerte como servicio público.
En Uruguay, ya suenan los discursos de “derecho al alivio”, de “decisión soberana”, de “libertad de morir”. Pero lo que realmente está en juego no es la libertad, sino la jerarquía moral de una sociedad: ¿defendemos la vida o la reemplazamos por un trámite?
El progresismo uruguayo ha abrazado con entusiasmo la cultura de la muerte, como si la civilización se midiera por el número de leyes que suprimen límites morales. Ya no alcanza con relativizar la familia, el sexo o la patria: ahora relativizan la vida misma.
