El caso de las familias menonitas de Florida no es una anécdota pintoresca ni un capricho de una secta rural. Es la radiografía más nítida del instinto estatal uruguayo: cuando una familia se atreve a educar sin pedirle permiso al molde oficial, el sistema no discute. Denuncia. Judicializa. Pretende tutelar. Y si hace falta, convierte a los padres en sospechosos por el solo hecho de no entregar a sus hijos al edificio, al plan y al funcionario de turno. El Estado no preguntó si aprendían. Preguntó si pasaban por su ventanilla.
Esa es la trampa clásica. Se confunde educar con escolarizar. Se confunde el derecho del niño a formarse con el privilegio del organismo a capturarlo. La educación es un proceso. La escuela estatal es apenas un proveedor, y además uno que no compite, no quiebra y no paga el costo de equivocarse. Cuando ese proveedor se vuelve juez, el conflicto de interés es brutal: el mismo aparato que pierde al “alumno” es el que decide si la familia está violando un derecho. No es protección. Es defensa del monopolio.
En julio de 2024 el Consejo Directivo Central de la ANEP resolvió iniciar acciones judiciales contra padres de una comunidad menonita instalada en Florida. Unos once niños no asistían a centros públicos ni privados habilitados en Uruguay. Recibían clases en la colonia, con docentes propios, materias que iban de matemática y lenguaje a mecánica, carpintería y cocina, evaluaciones periódicas y respaldo curricular a distancia de una institución estadounidense. No había abandono. No había analfabetismo. No había chicos rotos. Había otra escuela. Una escuela que no pertenecía al catecismo burocrático. Primaria lo detectó en 2023, ofreció el paquete de siempre —escuela pública o un colegio “autorizado”— y, ante la negativa, elevó el caso. El Codicen no dudó: a los tribunales. Lo de siempre en la lógica pública: si no entra al circuito, hay que forzar la demanda.
Votaron a favor Virginia Cáceres Batalla, presidenta de ANEP y colorada; Dora Graziano, consejera de Cabildo Abierto; y los dos consejeros electos por el gremialismo docente, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias. El único voto en contra fue el del nacionalista Juan Gabito. Gabito dijo entonces lo que el sentido común ya sabía y la Justicia terminó confirmando: que los niños no estaban abandonados y que, después de la LUC, no había obligación de institucionalizarlos en el corral estatal. Perdió por cuatro a uno. La mayoría prefirió el reflejo viejo: si no entra al sistema, hay que forzarlo. Nadie en esa mesa se jugaba el patrimonio, el hijo ni el prestigio si el expediente era un abuso. El costo lo pagaba la familia. La renta del control se quedaba en el organismo.
En marzo de 2025 la jueza Noelia Gutiérrez Aguinaga archivó la denuncia. El derecho a la educación, escribió, no estaba vulnerado. Los niños recibían enseñanza. El INAU los describió contenidos, alegres y capaces de expresarse. La educación formaba parte de su fe y de su modo de vida. Y un dato legal cruzó el fallo como un alambre de púa contra la soberbia del organismo: el artículo 127 de la LUC había suprimido la obligatoriedad de inscripción en un centro de enseñanza y la había sustituido por la obligación de los padres de contribuir a que los hijos se eduquen. El artículo 68 de la Constitución reserva a los padres el derecho de elegir institutos o maestros. Educar es obligatorio. Entregar la prole al Estado, no. Los hijos no son un insumo de la ANEP. No son materia prima de un plan quinquenal pedagógico. Son de sus padres, que son quienes responden si el chico no aprende, no trabaja y no se sostiene.
Lo que ANEP defendió no fue un currículo. Fue un monopolio. La superstición pedagógica de que la “pluralidad” solo existe si pasa por el aula oficial, el plan oficial y el relato oficial. Que una familia cristiana, laboriosa y poco ruidosa, que enseña en casa y por vía remota, está mutilando al niño porque no lo entrega a la fábrica de ciudadanía del Estado. El argumento se disfraza de protección. En la práctica es tutela. Se invoca la “socialización” como si el único modo de volverse persona fuera el recreo administrado, el compañero sorteado por el distrito y el docente designado por concurso. Es una tesis colectivista disfrazada de psicología: el niño no se forma en la familia, el oficio y la comunidad; se forma en la institución. Quien no pasa por ella queda, según esa doctrina, incompleto. Es decir, disponible para ser corregido.
Hay otra falacia, más económica y más sucia. Se presume que el Estado educa porque gasta. Que el título oficial certifica saber. Que la habilitación crea calidad. La realidad es la inversa: la calidad se prueba en el resultado, no en el sello. Si un niño lee, calcula, trabaja con las manos, rinde exámenes y habla con claridad, el fin de la educación está cumplido. El medio es secundario. Convertir el medio en fin es la marca del productor protegido: no quiere que compares productos; quiere que la ley te obligue a comprar el suyo.
Los informes no mostraron analfabetos ni chicos maltratados. Mostraron niños que estudiaban, rendían y vivían dentro de una comunidad con reglas, trabajo y fe. Quien quiera discutir si ese modelo sirve para todos puede hacerlo. Quien quiera convertirlo en abandono tiene que probarlo. No lo probaron. Cáceres lo dijo con una honestidad casi clínica: si no se inscribían de manera voluntaria, correspondía judicializar. El objetivo no era apenas “proteger un derecho”. Era meter a los niños en la institucionalidad. Es decir, en el sistema. En el corral. En la estadística. Un alumno no matriculado no es, para la burocracia, un niño formado. Es una deserción. Una amenaza al relato. Una merma de poder.
La decisión no salió de un limbo técnico. Salió de un Codicen que gobernaba bajo la administración de Luis Lacalle Pou. La ANEP es un ente autónomo: el presidente de la República no tiene un botón para anular una votación sobre un caso concreto. Esa es la forma. La política es otra cosa. Virginia Cáceres no apareció sola en la presidencia del organismo. El Ejecutivo envió su venia; la coalición la votó en el Senado. Graziano era el voto de Cabildo Abierto. Gabito, del mismo partido del presidente, votó en contra y anticipó lo que después diría la Justicia. Un presidente que quiere frenar un expediente así no reforma la Constitución. Llama a quien nombró y marca prioridad. En este caso no hay rastro público de que lo haya hecho. El silencio también gobierna. Y cuando el Estado mete a una familia en los tribunales por educar, el silencio no es neutralidad. Es aquiescencia. La autonomía del ente sirve, en estos casos, como coartada: el poder se ejerce, pero la responsabilidad se diluye.
La ironía es más cruel. El mismo gobierno que cambió la ley para quitar la inscripción obligatoria dejó que su propia ANEP usara los tribunales para exigir, de hecho, esa inscripción. La LUC le sirvió a la jueza para archivar la causa. No le sirvió, en julio de 2024, para que el oficialismo detuviera a su organismo. Reformaron el texto. Conservaron el reflejo. El papel decía libertad de los padres; el aparato siguió actuando como dueño de los hijos. Es el destino habitual de las reformas a medias: se liberaliza la norma y se deja intacta la casta que vive de aplicarla al revés.
Este fallo no canoniza a los menonitas ni transforma a cada funcionario de ANEP en un comisario. Marca una frontera. De un lado, la pretensión progresista y burocrática de que el niño es, en última instancia, un sujeto del plan nacional: hay que escolarizarlo, socializarlo, pluralizarlo y, si hace falta, denunciarlo. Del otro, la afirmación más vieja, más cristiana y más liberal: primero la familia, después el Estado. La autoridad paterna no es un residuo antropológico. Es el único arreglo en el que quien decide también carga con las consecuencias. El funcionario, no. Por eso el funcionario tiende a uniformar. Y por eso la familia, cuando puede, se aparta.
La Justicia, hasta ahora, eligió la segunda. Si la Corte la confirma, no habrá sido un capricho de una colonia extranjera. Habrá sido un recordatorio brutal para un país adicto a la tutela: educar no es un favor que concede el Leviatán. Es una obligación de los padres y un límite al poder. En Uruguay todavía se puede enseñar sin pedirle permiso al monopolio para existir.
