La ANEP llevó a juicio a familias menonitas por educar a sus hijos. La Justicia les dio la razón

En marzo de 2025 la jueza Noelia Gutiérrez Aguinaga archivó la denuncia. El derecho a la educación, escribió, no estaba vulnerado. Los niños recibían enseñanza. El INAU los describió contenidos, alegres y capaces de expresarse. La educación formaba parte de su fe y de su modo de vida. Y un dato legal cruzó el fallo como un alambre de púa contra la soberbia del organismo: el artículo 127 de la LUC había suprimido la obligatoriedad de inscripción en un centro de enseñanza y la había sustituido por la obligación de los padres de contribuir a que los hijos se eduquen. El artículo 68 de la Constitución reserva a los padres el derecho de elegir institutos o maestros. Educar es obligatorio. Entregar la prole al Estado, no. Los hijos no son un insumo de la ANEP. No son materia prima de un plan quinquenal pedagógico. Son de sus padres, que son quienes responden si el chico no aprende, no trabaja y no se sostiene.

El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno confirmó en julio de 2025. La mayoría entendió que no se había probado que los menores no recibieran educación. El esquema era atípico —homeschooling con dirección de un colegio internacional—, pero atípico no es delito. Atípico no es abandono. Atípico, en este país, a veces significa apenas esto: no pasar por la aduana ideológica del sistema. Una ministra disintió. Esa discordancia habilitó a ANEP a ir en casación a la Suprema Corte. El organismo lo hizo en agosto de 2025, ya con otra composición, por unanimidad. El expediente sigue vivo. El principio, no: no lograron demostrar que esos niños estuvieran desprotegidos. Solo demostraron que les molestaba no controlarlos. Cuando un ente no puede exhibir daño y aun así insiste, ya no está defendiendo al menor. Está defendiendo su jurisdicción.

Lo que ANEP defendió no fue un currículo. Fue un monopolio. La superstición pedagógica de que la “pluralidad” solo existe si pasa por el aula oficial, el plan oficial y el relato oficial. Que una familia cristiana, laboriosa y poco ruidosa, que enseña en casa y por vía remota, está mutilando al niño porque no lo entrega a la fábrica de ciudadanía del Estado. El argumento se disfraza de protección. En la práctica es tutela. Se invoca la “socialización” como si el único modo de volverse persona fuera el recreo administrado, el compañero sorteado por el distrito y el docente designado por concurso. Es una tesis colectivista disfrazada de psicología: el niño no se forma en la familia, el oficio y la comunidad; se forma en la institución. Quien no pasa por ella queda, según esa doctrina, incompleto. Es decir, disponible para ser corregido.

Hay otra falacia, más económica y más sucia. Se presume que el Estado educa porque gasta. Que el título oficial certifica saber. Que la habilitación crea calidad. La realidad es la inversa: la calidad se prueba en el resultado, no en el sello. Si un niño lee, calcula, trabaja con las manos, rinde exámenes y habla con claridad, el fin de la educación está cumplido. El medio es secundario. Convertir el medio en fin es la marca del productor protegido: no quiere que compares productos; quiere que la ley te obligue a comprar el suyo.

Los informes no mostraron analfabetos ni chicos maltratados. Mostraron niños que estudiaban, rendían y vivían dentro de una comunidad con reglas, trabajo y fe. Quien quiera discutir si ese modelo sirve para todos puede hacerlo. Quien quiera convertirlo en abandono tiene que probarlo. No lo probaron. Cáceres lo dijo con una honestidad casi clínica: si no se inscribían de manera voluntaria, correspondía judicializar. El objetivo no era apenas “proteger un derecho”. Era meter a los niños en la institucionalidad. Es decir, en el sistema. En el corral. En la estadística. Un alumno no matriculado no es, para la burocracia, un niño formado. Es una deserción. Una amenaza al relato. Una merma de poder.

La decisión no salió de un limbo técnico. Salió de un Codicen que gobernaba bajo la administración de Luis Lacalle Pou. La ANEP es un ente autónomo: el presidente de la República no tiene un botón para anular una votación sobre un caso concreto. Esa es la forma. La política es otra cosa. Virginia Cáceres no apareció sola en la presidencia del organismo. El Ejecutivo envió su venia; la coalición la votó en el Senado. Graziano era el voto de Cabildo Abierto. Gabito, del mismo partido del presidente, votó en contra y anticipó lo que después diría la Justicia. Un presidente que quiere frenar un expediente así no reforma la Constitución. Llama a quien nombró y marca prioridad. En este caso no hay rastro público de que lo haya hecho. El silencio también gobierna. Y cuando el Estado mete a una familia en los tribunales por educar, el silencio no es neutralidad. Es aquiescencia. La autonomía del ente sirve, en estos casos, como coartada: el poder se ejerce, pero la responsabilidad se diluye.

La ironía es más cruel. El mismo gobierno que cambió la ley para quitar la inscripción obligatoria dejó que su propia ANEP usara los tribunales para exigir, de hecho, esa inscripción. La LUC le sirvió a la jueza para archivar la causa. No le sirvió, en julio de 2024, para que el oficialismo detuviera a su organismo. Reformaron el texto. Conservaron el reflejo. El papel decía libertad de los padres; el aparato siguió actuando como dueño de los hijos. Es el destino habitual de las reformas a medias: se liberaliza la norma y se deja intacta la casta que vive de aplicarla al revés.

Este fallo no canoniza a los menonitas ni transforma a cada funcionario de ANEP en un comisario. Marca una frontera. De un lado, la pretensión progresista y burocrática de que el niño es, en última instancia, un sujeto del plan nacional: hay que escolarizarlo, socializarlo, pluralizarlo y, si hace falta, denunciarlo. Del otro, la afirmación más vieja, más cristiana y más liberal: primero la familia, después el Estado. La autoridad paterna no es un residuo antropológico. Es el único arreglo en el que quien decide también carga con las consecuencias. El funcionario, no. Por eso el funcionario tiende a uniformar. Y por eso la familia, cuando puede, se aparta.

La Justicia, hasta ahora, eligió la segunda. Si la Corte la confirma, no habrá sido un capricho de una colonia extranjera. Habrá sido un recordatorio brutal para un país adicto a la tutela: educar no es un favor que concede el Leviatán. Es una obligación de los padres y un límite al poder. En Uruguay todavía se puede enseñar sin pedirle permiso al monopolio para existir.