Faltan poco más de tres semanas para una elección que decidirá quién se sienta, durante los próximos cinco años, a resolver sobre los aportes, las deudas, los convenios de pago y las fiscalizaciones de todas las empresas del país, y la mayoría de los habilitados todavía no sabe que tiene que votar. El 22 de noviembre, cerca de 2,2 millones de trabajadores, jubilados, pensionistas y titulares de empresas elegirán a los tres representantes sociales del Directorio del Banco de Previsión Social (BPS). En el orden empresas, la competencia quedó definida esta semana: el movimiento Hay Otro Camino confirmó que Jorge Fernández Pereyro encabezará la Lista 25, con el respaldo del actual representante de las empresas, José "Pepe" Pereyra.
La definición cierra un proceso que Pereyra abrió a mitad de año, cuando anunció en la Cámara Empresarial de Maldonado que no buscaría la reelección y que, en cambio, impulsaría candidaturas en los tres órdenes bajo un mismo paraguas. En 2021 Pereyra, con la Lista 26 y el apoyo de Un Solo Uruguay, fue el único que logró quitarle un sillón al oficialismo gremial que controla el BPS desde hace décadas: en trabajadores manda el PIT-CNT y en jubilados la ONAJPU, y ninguno de los dos ha perdido una elección desde que los representantes sociales se votan. Esa Lista 26 no se presenta este año. Su lugar lo ocupa la 25.
Del volante a la Lista 25
Fernández Pereyro no viene de las gremiales ni de los pasillos del Estado. Trabajó toda la vida, empezó desde abajo y hoy está del lado de los que dan trabajo. Sabe lo que es un aporte porque lo pagó como empleado y lo paga como responsable de gente a cargo. En la campaña lo describen como un hombre de la calle, no de la oficina, y es ese perfil, antes que cualquier currículum gremial, lo que Pereyra decidió respaldar.
La propuesta que lleva al BPS se resume en una idea: que el empresario tenga a quién llamar. Un representante que atienda el teléfono, que se siente con el que arrastra una deuda vieja a armar un convenio que pueda pagar y que recorra el interior en vez de esperar que el comerciante de Melo o el tambero de Florida viajen 400 kilómetros para que alguien los escuche. Y que, cuando el Estado se pase de la raya con una multa, una fiscalización o una deuda inflada, esté del lado del que paga.
