El pasaporte no es un souvenir

En cualquier sociedad seria, el derecho de admisión no es un capricho. Es una condición de supervivencia. Quien posee una casa decide quién entra. Quien posee un negocio decide a quién contrata. Un país no es una casa, pero tampoco es un hotel abierto las 24 horas con servicio de habitaciones gratis. Cuando el Estado decide que cualquiera que cumpla un trámite burocrático pasa a ser indistinguible del nativo, está imponiendo una integración forzada. No pregunta a los que ya viven aquí si quieren compartir el hospital público, la escuela, la seguridad social o el espacio público con un flujo creciente de personas que no tuvieron que pasar por las mismas pruebas de pertenencia.

El argumento oficial es humanitario y práctico: hay inconvenientes con los pasaportes, hay casos de apatridia, hay que modernizar. Todo eso puede ser cierto en la superficie. Debajo está la lógica de siempre: expandir la membresía sin discutir los costos. Porque los costos existen. Más presión sobre los servicios públicos. Más competencia por puestos de trabajo de baja calificación. Más presión cultural sobre un país chico que ya tiene problemas serios de cohesión. Y, sobre todo, más incentivos para que lleguen no los que vienen a producir, sino los que vienen a cobrar.

Esto no es xenofobia. Es contabilidad básica. Un país con déficit fiscal crónico, con un sistema de seguridad social que ya no cierra y con barrios donde la policía no entra, no está en condiciones de repartir pasaportes como si fueran volantes de campaña. La generosidad con plata ajena no es virtud. Es demagogia.

Lo más revelador es el consenso. El oficialismo empuja. Sectores de la oposición no se oponen con fuerza. Todos parecen de acuerdo en que la distinción entre ciudadano natural y ciudadano legal es un anacronismo. Nadie se detiene a preguntar por qué esa distinción existió durante casi dos siglos. Nadie discute si un país tiene derecho a preferir a los suyos. Nadie se pregunta qué pasa cuando la nacionalidad se convierte en un trámite y no en un vínculo.

La respuesta paleolibertaria es simple: en un orden de propiedad privada real, cada propietario decide. En un Estado democrático con Estado de bienestar, la inmigración masiva o la naturalización masiva se convierte en una transferencia forzada de recursos. Los que pagan impuestos y respetan las reglas terminan subsidiando a los que llegan después. Y cuando esos nuevos ciudadanos votan, el equilibrio político se desplaza. No es teoría conspirativa. Es aritmética.

Uruguay ya tiene problemas de identidad. Tiene una juventud que emigra, una natalidad que no repone y barrios que se parecen cada vez más a zonas liberadas. En ese contexto, convertir el pasaporte en un documento genérico no es inclusión. Es disolución. Es decirle al uruguayo que nació aquí que su condición no vale más que la de alguien que llegó hace cinco años y sacó un papel.

Hay quienes dirán que esto es exagerado. Que son solo cambios administrativos. Que el mundo cambió. El mundo siempre cambia. Lo que no debería cambiar es el derecho de una comunidad a decidir quién entra y en qué términos. Cuando ese derecho se entrega al Estado y el Estado lo usa para diluir fronteras, el resultado no es una sociedad más abierta. Es una sociedad más débil.

El pasaporte uruguayo debería seguir siendo una distinción. No un souvenir.