La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia que respaldó a las familias menonitas de Florida marca un punto de inflexión. Esos padres, fieles a su tradición comunitaria y religiosa, eligieron educar a sus hijos en el hogar, con apoyo de docentes de su propia comunidad y un sistema de seguimiento virtual de un colegio “sombrilla” de Estados Unidos. La Justicia entendió que no se vulneraba el derecho a la educación: los niños aprenden, se evalúan y pueden certificar conocimientos. Más importante aún, reafirmó un principio fundamental: el derecho preferente de los padres a decidir cómo educar a sus hijos.
Ese derecho no es una concesión del Estado. Es un derecho inalienable de la familia. La Constitución uruguaya lo establece con claridad. El artículo 41 dispone que el cuidado y la educación de los hijos, para que alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es deber y derecho de los padres. El artículo 68 garantiza la libertad de enseñanza y reconoce expresamente que todo padre o tutor tiene derecho a elegir los maestros e instituciones que desee para la educación de sus hijos. No se trata de un privilegio de una minoría religiosa: es una garantía para todas las familias uruguayas.
