La jueza letrada Iris Vega Ottonello no cometió un “error” al inventar un hijo por “posesión socioafectiva”. Cometió un delito institucional: usurpó la soberanía popular, violó el Código Civil, pisoteó la prueba científica y convirtió el estrado en un púlpito de ingeniería social.
Este atropello ya no puede resolverse con una simple apelación. Exige una respuesta institucional inmediata: la renuncia voluntaria de la magistrada o su destitución expresa por parte del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia.
Porque lo que está en juego no es solo la herencia de Robin Henderson. Está en juego la supervivencia misma del Estado de Derecho en Uruguay.
Recordemos los hechos, que la jueza decidió ignorar como si fueran meras opiniones incómodas: las pruebas de ADN son concluyentes. Maximiliano Benjamín Sverco Morantes no es hijo biológico de Robin Henderson. Nunca lo fue. Tampoco fue adoptado conforme a la ley. Pamela Stefani Sverco, su madre, armó durante años una operación calculada de influencia sobre un anciano de 87 años, frágil y aislado. El último testamento que deshereda a los tres hijos legítimos —Alan James, Robert Lee y Lucy Henderson— huele a vicio de consentimiento y a influencia indebida. Cualquier estudiante de primer año de Derecho lo sabe. Cualquier juez honesto lo habría anulado.
Pero Iris Vega Ottonello no es una juez honesta. Es una militante con toga.
En su sentencia elevó el “afecto” y el “vínculo socioafectivo” por encima de la biología, por encima del testamento, por encima de la ley escrita y por encima de la verdad objetiva. Escribió, con una cursilería que avergüenza a la judicatura: “se evidenció el profundo amor paternal que te unió a Robin”. Esa frase no es un párrafo judicial. Es un manifiesto posmoderno. Es la declaración de que, para esta magistrada, la realidad es negociable cuando molesta a la narrativa emocional. Es la consagración del subjetivismo como fuente de derecho.
Y aquí viene lo grave: este no es un caso excepcional. Es la lógica inevitable de una judicatura que, desde hace años, ha decidido que su misión no es aplicar la ley, sino “transformar la sociedad”. Hemos visto sentencias que reescriben el concepto de familia, que imponen ideologías de género contra la voluntad popular, que protegen al delincuente antes que a la víctima y que ahora, con total descaro, inventan filiaciones por “cariño”. El relativismo judicial se ha convertido en doctrina oficial. Y Uruguay, que se jactaba de ser un país serio, está pagando el precio.
La protección al adulto mayor, tan cacareada por el oficialismo, se revela como una farsa. Cuando un anciano vulnerable es manipulado, la justicia mira para otro lado si el manipulador trae la bandera correcta. Los hijos biológicos, que acompañaron a su padre durante décadas, son tratados como intrusos. La codicia disfrazada de “afecto” se premia con millones. ¿Esto es justicia? No. Esto es saqueo judicial.
El daño ya está hecho. La confianza de los uruguayos en sus tribunales se ha evaporado. ¿Quién, en su sano juicio, hoy hace un testamento en Uruguay sabiendo que un juez puede anularlo con un discurso sobre “vínculos emocionales”? ¿Quién confía en que la propiedad privada y la voluntad del testador serán respetadas? Nadie.
Por eso la solución ya no puede ser solo procesal. La familia Henderson legítima apelará, y ojalá gane. Pero el problema de fondo sigue: Iris Vega Ottonello sigue siendo jueza. Sigue cobrando del erario público. Sigue teniendo poder para dictar más sentencias como esta.
¿Qué procede entonces? Las vías legales claras y constitucionales para sacarla del cargo.
