El déficit no es un accidente. Es el resultado inevitable de un sistema que desprecia la propiedad privada y eleva el gasto público a la categoría de virtud.
El Ministerio de Economía y Finanzas acaba de confirmar lo que cualquier persona con sentido común ya intuía: el resultado del Sector Público Global se ubicó en un déficit de 4,4% del PIB en el año móvil cerrado a julio de 2026 (excluyendo el efecto contable del Fideicomiso de la Seguridad Social II). Los ingresos del Gobierno Central-BPS mejoraron levemente gracias a la recaudación de la DGI y llegaron a 27,9% del PIB. Los egresos primarios se mantuvieron en 28,7%. Los intereses subieron a 2,4% del PIB. Y el resultado de las empresas públicas empeoró a -0,1% del PIB, arrastrado por la acumulación de stocks de crudo y derivados de Ancap.
Ludwig von Mises lo explicó con claridad hace casi un siglo: cuando el Estado se convierte en empresario, desaparece el cálculo económico racional. No hay precios de mercado genuinos, no hay propietario residual que soporta las pérdidas con su propio patrimonio y, por lo tanto, no hay incentivo real para la eficiencia. Ancap no es una excepción. Es la regla. Acumula inventarios, pierde plata y el costo se socializa. Exactamente lo que Hoppe describe como la lógica de la propiedad pública: quien no es dueño no cuida, quien no pierde no calcula y quien gasta el dinero ajeno siempre gasta de más.
El aumento de la recaudación no es un logro. Es, en el mejor de los casos, el reflejo de una economía que todavía no se ha detenido del todo y, en el peor, el producto de una presión fiscal que extrae recursos del sector privado productivo para financiar un aparato estatal que no deja de crecer. Mises insistía en que todo déficit es, en última instancia, una forma de impuesto diferido. Se paga hoy con deuda o mañana con inflación. En ambos casos el ahorrista, el trabajador y el empresario terminan financiando la fiesta.
Hoppe lleva el análisis un paso más allá. En democracia, el horizonte temporal de los gobernantes se acorta. No son propietarios del capital social; son meros administradores temporales con incentivos a maximizar el gasto presente y empujar los costos hacia el futuro. El resultado es previsible: déficits crónicos, deuda creciente e intereses que empiezan a comerse una porción cada vez mayor del presupuesto. El 2,4% del PIB que Uruguay destina hoy a intereses no es un fenómeno natural. Es el precio de décadas de promesas políticas financiadas con plata que aún no se había generado.
Mientras tanto, el discurso oficial sigue hablando de “sostenibilidad” y de “cuidados”. La realidad fiscal muestra otra cosa: el Estado gasta más de lo que produce, las empresas públicas acumulan pérdidas disfrazadas de stocks y el sector privado carga con la factura. No hay magia. Solo hay cálculo económico, o su ausencia.
La cifra de 4,4% de déficit no es un número abstracto. Es la expresión contable de un principio político: la preferencia por el consumo presente del Estado por encima del ahorro y la inversión privada. Mientras ese principio no se revierta, los papelones fiscales seguirán repitiéndose. Y el que terminará pagándolos, como siempre, será el que trabaja, produce y ahorra.
