Uruguay se enorgullece de sus “instituciones sólidas”. Es el mantra que se repite en cada discurso oficial y en buena parte del periodismo que vive de él. Pero las instituciones no se miden por la cantidad de códigos, declaraciones o organigramas. Se miden por los incentivos reales que enfrentan quienes detentan poder y quienes intentan fiscalizarlo. En ese terreno, la farsa es evidente.
Hans-Hermann Hoppe lo explicó con claridad: la democracia no es el gobierno del pueblo, sino el gobierno de las coaliciones que logran capturar el aparato estatal. En ese sistema el horizonte temporal se acorta, la preferencia por el presente se impone y las instituciones se transforman en instrumentos de control suave. No hace falta prohibir. Basta con elevar el costo de molestar. El periodista que insiste demasiado descubre que el aire se enrarece: se enfrían las relaciones, aparecen “reestructuras” o se vuelve incómodo para los dueños de los medios, que dependen de publicidad, accesos o simples buenas relaciones con el poder de turno.
El reciente encontronazo entre Leo Sarro y el ministro de Economía Gabriel Oddone es un ejemplo claro. En una rueda de prensa, Sarro preguntó por la situación de quienes ganan 25 mil pesos y tienen dificultades para llegar a fin de mes. El periodista insistió y comparó el modelo económico actual con el de la gestión anterior. La respuesta del ministro no fue un argumento técnico: fue una acusación directa. “Lo que acabás de hacer es de mala fe”, le dijo Oddone, y le reclamó que se acercara para reafirmarlo. Un ministro que se siente legítimamente cuestionado responde con datos. Un ministro que se siente incómodo responde descalificando al periodista. Ese es el síntoma.
Leo Sarro no es un caso aislado. Fue desvinculado de Radio Monte Carlo y Radio Cero en 2024 tras 16 años. La razón oficial fue una “reestructura”. Él mismo ha dicho que no tiene pruebas de motivaciones políticas, pero el patrón se repite: el periodista que se vuelve previsible en su incomodidad termina fuera de las estructuras formales y se refugia en las redes, donde hoy se ejerce más periodismo real que en muchas redacciones tradicionales.
Ignacio Álvarez ha recorrido un camino similar de salidas y tensiones a lo largo de su carrera. Ha denunciado intentos de censura en distintos momentos y su estilo de investigación ha generado impactos concretos, como la renuncia de funcionarios tras informes que expusieron irregularidades. Su trayectoria muestra que el periodista confrontativo termina pagando un costo en estabilidad laboral dentro de los medios establecidos.
Nicolás González Keusseian comunicó recientemente su salida de Radio Carve a través de redes sociales, en lo que se describió como una renuncia sorpresiva de un periodista clave del noticiero. Los detalles públicos son limitados y él no ha ofrecido mayores explicaciones en los mensajes disponibles. Lo que sí queda claro es el patrón más amplio: quienes marcan agenda con preguntas o investigaciones incómodas suelen experimentar mayor movilidad laboral o salidas de espacios de alta exposición.
Esto no es exclusivo de un gobierno. Es estructural. En una democracia de masas, el poder no necesita censurar abiertamente. Prefiere la captura cultural y económica. Los medios privados no son islas de pureza: operan en un entorno de dependencia relativa del Estado. Publicidad oficial, regulaciones, acceso a fuentes o el simple cálculo de no confrontar demasiado a quien puede facilitar o dificultar la vida empresarial. Hoppe diría que esto es previsible: cuando el Estado concentra recursos y legitimidad, las “instituciones intermedias” tienden a alinearse o a ser neutralizadas.
La farsa institucional se ve también en la reacción ritual. Cada vez que alguien señala el patrón, aparece el coro que habla de “ataque a la democracia”. Como si la democracia consistiera en proteger a los periodistas solo cuando molestan al bando correcto. La verdadera prueba de una institucionalidad sana no es la existencia de asociaciones de prensa que defienden a los propios. Es la existencia de costos reales para quien intenta descalificar o desplazar a quien formula preguntas incómodas. En Uruguay esos costos siguen siendo bajos.
El resultado es un periodismo cada vez más cauteloso en los espacios tradicionales y más libre —y precario— en las redes. Mientras el costo de incomodar siga siendo más alto que el beneficio de callar, la institucionalidad seguirá siendo, en lo esencial, una farsa elegante. Y los periodistas que la ponen en evidencia seguirán descubriendo, una y otra vez, que el sistema tiene formas muy civilizadas de reacomodarlos.
