Di Candia delira: más Estado para “bajar” los alquileres y destruir el mercado

Ludwig von Mises lo explicó con una claridad que todavía incomoda a quienes viven de la intervención. En su crítica al “camino intermedio”, demostró que las intervenciones aisladas no se detienen. Cuando el gobierno fija un precio por debajo del de mercado —o cuando el Estado oferta vivienda a precios subsidiados—, genera escasez relativa. La demanda se dispara porque el precio ya no refleja la verdadera escasez del bien. La oferta privada se retrae: ¿quién va a invertir capital, asumir riesgos y mantener propiedades si el Estado compite con precios artificiales financiados con impuestos? Aparecen las colas, el racionamiento informal, el deterioro del stock y la presión por más controles. Cada intervención crea el problema que justifica la siguiente. No existe un “tercer camino” estable entre el mercado y el socialismo. O se permite que los precios cumplan su función de señal —transmitir información sobre escasez y preferencias—, o se avanza hacia el control cada vez más amplio.

Di Candia propone exactamente eso: convertir al Estado en el gran arrendador a precios políticos. ¿De dónde saldrá el dinero para construir y mantener esas viviendas? De impuestos. Es decir, de la destrucción de capital privado. Hans-Hermann Hoppe es todavía más directo y radical. El Estado no produce riqueza; redistribuye y consume capital. La “propiedad pública” no es propiedad en el sentido económico estricto: carece de dueño residual que soporta las pérdidas. Sin ese dueño, no hay cálculo racional de costos ni incentivos reales a mantener, mejorar o asignar de forma eficiente. Lo que Hoppe llama agresión institucionalizada contra la propiedad privada se traduce aquí en gravar a quienes construyen, mantienen y arriesgan para financiar viviendas que el mismo Estado administra con déficit permanente, deterioro físico y clientelismo político.

La experiencia internacional es un cementerio de estas buenas intenciones. Controles de alquileres y vivienda pública masiva han producido, una y otra vez, escasez, barrios degradados, mercados negros y dependencia. Cuando se liberaron restricciones —como ocurrió en Argentina tras la derogación de la ley de alquileres—, la oferta reaccionó con rapidez. Cuando se intensifican, la oferta privada se retrae. No es ideología: es la lógica de la acción humana. Nadie invierte a largo plazo en un sector donde el Estado compite con precios subsidiados que no tiene que justificar ante un balance.

El argumento de que “el Estado pone precios bajos y el mercado se acomoda” es un error conceptual básico. Los precios no son un número arbitrario. Son el resultado del proceso de mercado. Forzarlos hacia abajo no aumenta la cantidad de metros cuadrados disponibles; simplemente oculta la escasez real y desplaza el problema hacia otro lado. Mientras tanto, el costo fiscal se socializa, la productividad del capital cae y los verdaderos constructores privados —los únicos capaces de ampliar la oferta de forma sostenible— enfrentan un competidor que no rinde cuentas de pérdidas y que puede permitirse ineficiencias eternas.

Si el objetivo fuera realmente bajar los alquileres, la agenda sería otra: reducir impuestos a la construcción y a la propiedad, eliminar barreras regulatorias absurdas, simplificar permisos, respetar de verdad la propiedad privada y dejar que la oferta responda a la demanda. Eso es lo que aumenta el stock de viviendas y hace que los precios bajen de forma genuina y sostenible. Lo que propone Di Candia es lo contrario: más Estado, más distorsión, más dependencia y más destrucción de capital.

No es una propuesta técnica ni una política de vivienda seria. Es la misma lógica estatista de siempre, vestida de preocupación social. Mises y Hoppe ya advirtieron con precisión adónde conduce este camino. La historia reciente lo confirma una y otra vez. El resto es relato para justificar más poder y más gasto.