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Alperovich, Espinoza, Guazzora: El kirchnerismo tiene un preocupante historial de violadores que la dirigencia oculta

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Al exgobernador kirchnerista de Tucumán se le juzgó por un total de nueve hechos de abuso sexual. El actual intendente de La Matanza, Espinoza, está procesado por abuso sexual, y el ex candidato a diputado Guazzora está arrestado esperando juicio por abuso sexual de una menor.

Sentado en una silla, con los hombros encogidos y los flashes apuntando, José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual de su sobrina, quien trabajaba bajo sus órdenes cuando era senador.

Con esta nueva condena, Alperovich se suma a una gran cantidad de políticos kirchneristas que tienen causas de abuso sexual, como por ejemplo el Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, o el ex candidato de Principios y Valores, Ezequiel Guazzora.

El juez Juan Ramos Padilla ordenó que fuera inmediatamente detenido y enviado a una prisión. Además, se ordenó investigar por falso testimonio a tres de las personas que declararon en el juicio.

El tres veces gobernador kirchnerista de Tucumán escuchó la sentencia con los ojos cerrados, la cabeza gacha y las manos apretadas. El juez lo declaró responsable de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades, dos hechos en grado de tentativa y otros seis hechos con acceso carnal, mediando intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad.

Proceda señor comisario”, dijo el juez. Alperovich no dirigió su mirada a nadie. Se paró, se puso el sobretodo mientras sus hijos lo abrazaban y despedían. Los periodistas le preguntaron si tenía algo para decir, pero no respondió.

El debate oral y público contra el ex gobernador de Tucumán comenzó el pasado 5 de febrero, donde se lo juzgó por un total de nueve delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal. Se llevaron a cabo 15 audiencias y participaron casi 70 testigos y peritos. Este martes, Alperovich se negó a decir sus últimas palabras antes del veredicto y el juez Juan Martín Ramos Padilla fijó para las 20 de hoy, luego de un cuarto intermedio.

La víctima, 35 años menor que el condenado, además de ser su sobrina, trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación de Tucumán en las elecciones de 2019. Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado nacional. “En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, se sostuvo en la acusación.

“Yo a José lo acompañé durante muchos años, no solo como primo desde el año 2003, cuando comenzó su historia política. Yo le dije que lo acompañaba porque era su primo y porque lo amaba y quería que le fuera bien. Y le fue muy bien. Después pasó el tiempo, 2010, ya no era más José: tenía otra mirada, otra postura, otra actitud. No sé, la cabeza, el poder”, aseguró el padre de la víctima, y añadió: “Si vos querés conocer a una persona, dale poder, y te vas a dar cuenta quién es. Esa psicopatía que tenía José yo no la conocía”.

Espinoza

A la condena de Alperovich, se le suman otros casos de dirigentes y políticos kirchneristas que comparten el hecho de que, además de ser corruptos, fueron condenados por abusos sexuales.

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente podría ser el caso del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a quien una jueza lo procesó por abuso sexual y desobediencia, a raíz de una denuncia presentada por una joven que trabajaba bajo sus órdenes como secretaria privada en el municipio.

Según consta en la causa, la víctima aseguró que el dirigente peronista la abusó sexualmente mediante tocamientos en el interior del departamento donde vivía en la Capital Federal, el 10 de mayo de 2021. El intendente había ido a su casa después de decirle que quería cenar con ella.

Ella contó que había comenzado a trabajar en la Municipalidad el 28 de abril de 2021, que la contratación fue “en negro” dado que nunca la registraron, que la llamaban por un nombre falso “desconociendo las razones a las que ello obedecía y que debía desempeñarse como secretaria privada con una remuneración prometida de $150.000 mensuales”.

La jueza consideró que había elementos suficientes para procesar al intendente por los delitos de abuso sexual y desobediencia, este último por no haber cumplido con una orden de restricción previa que le prohibía el contacto con la víctima. A día de hoy, la causa continúa su curso y se espera que se presenten más pruebas y testimonios en las próximas audiencias.

Guazzora

Por otro lado, también está el ejemplo de Ezequiel Guazzora, el periodista kirchnerista acusado de pedofilia que estuvo prófugo más de dos meses.

Guazzora, quien pasó 67 días prófugo, fue detenido por la Policía Federal, luego de ser acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Su captura fue dictada el 15 de agosto de 2023, y el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de $4 millones para quien proporcionara información sobre su paradero. La víctima era una adolescente de 16 años de edad.

El periodista, que había sido precandidato del partido Principios y Valores, encabezado por Guillermo Moreno, y había trabajado en la Auditoría General de la Nación y la Municipalidad de Merlo, fue detenido precisamente en Merlo, en un domicilio ubicado en la calle Carlos Tejedor. Durante su fuga, había rapado su cabeza y aumentado notablemente de peso, en un intento de evadir a las autoridades. Detectives del caso aseguraron que Guazzora cambió tres veces de celular durante su huida para evitar ser localizado.

Estos tres casos demuestran la peligrosa relación que tienen los dirigentes kirchneristas con los delitos de abuso sexual y, seguramente, conforme pase el tiempo, más causas como estas saldrán a la luz.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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"Gasoducto Libertad": La Libertad Avanza presentó un proyecto para cambiar el nombre del Gasoducto Néstor Kirchner

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Lorena Villaverde, quien encabeza la Comisión de Energía, explicó los motivos por los cuales debería cambiarse el nombre, haciendo foco en que no debería llevar el nombre de una persona vinculada a la corrupción de la obra pública.

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, ha presentado un proyecto de ley para cambiar el nombre del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). "Es cínico y perverso que el gasoducto más importante del país lleve el nombre de quien se ha enriquecido ilícitamente mediante la obra pública", señala el documento.

"Es momento de poner fin al cinismo y la perversión, cambiar el nombre del ‘Gasoducto Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner’ y renombrarlo como Gasoducto de la Libertad (GDL)", reclamó Villaverde, quien también preside la Comisión de Energía. La propuesta busca alinear la denominación del ducto con las ideas que promueve el presidente Javier Milei.

“Semejante obra, que posee una trascendencia estratégica fundamental para el país, debe reflejar el espíritu que anida en el corazón de cada argentino y que se encuentra expresado en diversos hechos de la historia. Fuimos y somos una Nación que no conquistó, sino que liberó a naciones hermanas; moldeamos nuestra Carta Magna –entre otras fuentes- sobre las ‘Bases’ de un gran pensador de la libertad como es el caso de Juan Bautista Alberdi. Y más recientemente, los argentinos nos hemos levantado cívicamente a través de las urnas para pedir por más libertad para respetar el proyecto de vida y la propiedad del prójimo vapuleados por tantos años de populismo”, subraya el proyecto.

“En lo que se refiere a la obra pública, durante los 12 años entre las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, existió un robo estimado en más de U$S 10.000.000.000 sobre un total de 52 contratos viales por U$S 46.000.000.000, pudiendo ascender incluso a la cifra de U$S 84.000.000.000 robados, por otras obras efectuadas. No en vano durante el año 2022, la ex vicepresidente y dos veces presidente de la Nación, fue condenada a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta del Estado durante los mandatos continuados entre su gestión y el de su extinto esposo”, destacó la diputada.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que transporta gas desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires, celebró su primer aniversario el 9 de julio. Desde su inauguración, esta obra ha permitido un ahorro de USD 3.600 millones en divisas por importaciones, ha mejorado la balanza energética, reducido los costos internos y contribuido a la disminución del gasto estatal en subsidios a las tarifas.

Este gasoducto que, a pesar de no estar terminado, fue "inaugurado" durante el último año del gobierno kirchnerista, operaba a la mitad de su capacidad debido al retraso en la construcción de tres plantas compresoras que debían estar operativas este invierno, temporada de alto consumo de gas, lo que causó cortes de suministro.

Recientemente, una de estas plantas, la de Tratayen (Neuquén), comenzó a funcionar esta semana, lo que aumentará la capacidad del ducto y generará un ahorro adicional de USD 350 millones al año. Estos retrasos demuestran lo mal que se hicieron las cosas durante el gobierno kirchnerista, teniendo que inaugurar obras que no habían sido terminadas, para tratar de ganar un par de votos en las elecciones del año pasado.

Las obras del proyecto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) fueron financiadas por el Estado a través de la empresa estatal Energía Argentina, con una inversión de USD 2.200 millones para la construcción del ducto entre Tratayen y Salliqueló (Buenos Aires). Los dos primeros tramos fueron construidos por la UTE Techint-Sacde, mientras que el tercer tramo lo realizó la constructora BTU. Actualmente, el ducto tiene una capacidad de transporte de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de gas por día.

La falsa inauguración el año pasado fue encabezada por el entonces ministro de Economía y posterior candidato presidencial, Sergio Massa. También participaron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Áxel Kicillof, entre otros invitados.

Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional más grande a nivel mundial y la cuarta en petróleo. El gasoducto, que está siendo terminado bajo el gobierno de Milei, ha facilitado la sustitución de combustibles más costosos y contaminantes, resultando en una reducción de los costos energéticos locales.


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Una ex concejal kirchnerista del Movimiento Evita fue procesada por desviar fondos del Estado en beneficio propio

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Su nombre es Patricia Noemí Iribarne, ex edil de Quilmes, quien habría malversado más de 85 millones de pesos. A ella y a los otros ocho imputados, el juez federal Luis Armella les dictó embargos por 100 millones de pesos.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, procesó a la ex concejal de Quilmes y dirigente del Movimiento Evita, Patricia Noemí Iribarne, junto a otras ocho personas vinculadas a ella por el presunto delito de "malversación de caudales públicos" a través de varias cooperativas creadas por Iribarne.

Según la investigación, entre 2018 y 2022, Iribarne habría desviado $87.896.346 de fondos públicos provenientes del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, destinados a convenios específicos, y que fueron utilizados de manera irregular para consumos personales, extracciones bancarias y transferencias a otras cooperativas y personas relacionadas con ella.

Las pericias realizadas durante la instrucción del expediente revelan que estas cooperativas, bajo su representación, giraban los fondos recibidos entre sí sin contraprestación alguna y que la organización liderada por la concejal de Unión por la Patria, que ingresó al Concejo Deliberante en 2017, falsificaba rendiciones de cuentas utilizando facturas apócrifas.

Las cooperativas involucradas en la maniobra y vinculadas a la referente del Movimiento Evita en Quilmes son: La Chinita, La Montonera, La Guevarita, El Emporio Limitada, Pocho Lepratti y la cooperativa de trabajo Julio Roqué. En la constitución de estas cooperativas se repiten nombres, varios de ellos parientes directos de Iribarne, como sus hijos y esposo.

Los otros procesados, sin prisión preventiva, en la Causa 23787/22 que instruyen Armella, a cargo del Juzgado Federal Número 1 de Quilmes, y su secretario Diego Quiroga, son:

  • Susana Beatriz Reia: Era presidente y autorizada para operar las cuentas de la "Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada", "Asociación Civil Feliz Atardecer" y "Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti Limitada". Participó en las transacciones y transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.
  • Jorgelina Elizabet Fernández: Es hija de la ex edil. Está implicada por realizar transferencias desde las cooperativas a cuentas propias, familiares y allegados de su madre.
  • Fabio Fernán González: Era el tesorero de la “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2” y vocal de la “Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada”. Realizó transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.
  • Eduardo Daniel Calderón: Formaba parte de las autoridades de la “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2”. Estaba autorizado para operar sus cuentas. En la causa figura que era “pareja de la hija de Iribarne” y habría participado en el desvío de fondos.
  • Rosa Mabel Luján Duartes: Realizaba transacciones similares desde las cooperativas hacia cuentas de familiares y allegados de Patricia Noemí Iribarne.
  • Jorge Edgardo Fernández: Ex pareja de la dirigente social, separado de hecho desde hace 20 años. Fue procesado por su participación necesaria en la malversación de caudales públicos. Fernández, como autoridad de la “Cooperativa la Montonera Limitada,” junto con Iribarne, falseó las rendiciones de cuentas mediante la utilización de facturas apócrifas.
  • Marcelo Alexis Moyental: Se le atribuye haber facilitado la aplicación indebida de los fondos. En su calidad de contador público de las cooperativas, revisaba los estados contables y era responsable de las rendiciones de cuentas, “sabiendo que parte de la facturación utilizada era apócrifa”. Según se describe en el expediente, “a pesar de su conocimiento y especialización, no tomó las medidas necesarias para evitar estas irregularidades”.
  • María Cecilia Fernández: Hija de Patricia Noemí Iribarne, ha sido procesada en relación con la causa por malversación de caudales públicos. En el proceso, se la señala como autoridad y tesorera de la Cooperativa La Montonera Limitada, así como firmante de convenios de la Asociación Feliz Atardecer. Según el escrito judicial, su participación fue necesaria junto con otras personas allegadas a Patricia Iribarne que ocupaban roles similares en cooperativas como Cooperativa Pocho Lepratti Limitada, Cooperativa Pocho Lepratti 2, y Cooperativa La Montonera Limitada.

Se afirma que María Cecilia Fernández y otros responsables de estas cooperativas realizaron retiros de dinero y transferencias bancarias entre ellas. Además, se falsificaron rendiciones de cuentas ante los ministerios provinciales y nacionales mediante la utilización de facturas apócrifas provenientes de usinas ingresadas en el listado APOC de la AFIP. Estas acciones se habrían llevado a cabo sin que hubiera contraprestación alguna por parte de los proveedores de bienes o servicios.

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, bajo la supervisión de Leila Gianni, subsecretaria Legal, y Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídicos, revisó el expediente y comenzó una investigación interna.

Se impuso embargos de $100.000.000 a los nueve acusados "como garantía ante posibles responsabilidades civiles y/o penales derivadas de los hechos investigados". En 2017, Iribarne fue elegida para el Concejo Deliberante de Quilmes por el Movimiento Evita, liderado a nivel nacional por Emilio Pérsico. Sin embargo, al verse envuelta en controversias y su nombre empezar a circular en los medios, la organización social la apartó y le soltó la mano.

La causa incluye testimonios de víctimas que acusan a la ex concejal y líder del Movimiento Evita de presionarlas para realizar ciertas tareas o ocupar cargos en cooperativas y organizaciones vinculadas a Iribarne.

Una testigo declaró: "Nos obligan a ser directivos de la cooperativa, a firmar documentos falsos, siempre bajo la premisa de ‘es por el bienestar de los compañeros’; si nadie acepta ser directivo, nadie recibe sueldo. Aprovechaban la necesidad de la gente".

Otra denunciante afirmó que la dirigente del Evita utilizaba facturas falsas para justificar las rendiciones de cuentas. "Las rendiciones bajo estos acuerdos incluían facturas falsas, usadas para comprar una casa en Roque Pérez y un auto Peugeot 208 registrado a nombre de una de las hijas de la acusada", explicó en el juzgado.

También denunció: "Fabio González, Patricia Iribarne y Mabel Duartes (contadora de la acusada y del Movimiento Evita de Quilmes) recibían sueldos de estos acuerdos y obtenían o robaban las claves fiscales de los compañeros para facturar a nombre de las víctimas".


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Golpismo kirchnerista: Milei denunció que el Banco Macro, vinculado a Sergio Massa, generó un “intento para desestabilizar” al gobierno

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El Banco Macro, quien tiene estrechas relaciones con Sergio Massa, compró una gran cantidad de "Puts" durante los últimos meses del régimen kirchnerista, y ahora los están ejecutando con el único objetivo de destruirle el plan económico al gobierno de Milei.

El presidente Javier Milei apuntó fuertemente contra el Banco Macro, acusándolo de haber perpetrado un "intento golpista" contra su Gobierno mediante la ejecución de sus "Puts", que tenía como objetivo destruirle el programa económico y aumentarle la inflación.

Los Puts son instrumentos que funcionan como un seguro que ofrece el Banco Central con los bancos. Constituyen opciones de venta, que permiten que su poseedor tenga el derecho de vender un activo subyacente a un precio predeterminado y dentro de un período específico. 

En otras palabras, a partir de los Puts el Banco Central se obliga a sí mismo recomprar títulos soberanos del Tesoro emitidos en pesos, siempre y cuando así lo quieran los bancos que adquirieron estos instrumentos.

Los bancos se ven protegidos por eventuales caídas en la paridad de los títulos públicos que pudieran comprar, ya que eventualmente ejercerían el derecho de venderlos automáticamente al Banco Central (sin que este pueda negarse) a un precio previamente fijado, y por estas razones funciona como un seguro.

El principal problema de estos instrumentos es que el BCRA se ve obligado a monetizar cualquier tipo de corrida contra los títulos públicos, si así lo quisieran los bancos. Todas las recompras de títulos públicos ejercidas por el Banco Central sólo pueden efectuarse con más emisión monetaria.

Los bancos poseen actualmente un monto por el equivalente a 20 billones de pesos (cerca de 16.000 millones de dólares al tipo de cambio paralelo) en Puts, por lo que podrían ejercer su derecho para que el BCRA les recomprara títulos públicos (y emitiera pesos para hacerlo) por una cantidad de semejante magnitud. Esto sin lugar a dudas genera una gran presión para el BCRA, y también para las expectativas de inflación futuras.

Milei destacó la importancia de resolver este "seguro de cobro" a favor de los bancos, señalando que su administración pudo contrarrestar las maniobras del Banco Macro gracias a la fortaleza de las cuentas del Banco Central y la posición de caja en el Banco Nación. Este evento resultó en las acusaciones de las relaciones históricas entre el Banco Macro y el exministro de Economía kirchnerista, Sergio Massa, a quien Milei insinúa como una fuerza desestabilizadora.

Macro pertenece a la familia Brito, cuyo patriarca, Jorge Brito, fue muy cercano a Massa cuando éste estaba al frente de la ANSES, hasta su extraña muerte en un accidente de helicóptero en noviembre de 2020. Su hijo y sucesor, Jorge Pablo Brito, actual presidente de River Plate y director del Banco Macro, hizo campaña por Massa en 2023.

Según fuentes del Ejecutivo, la decisión del Banco Macro de ejecutar los puts podría estar influenciada por su vinculación con Massa, quien busca constantemente ponerle "palos en la ruedas" a la administración de Milei, quien fuera su contrincante en las últimas elecciones.

El impacto de estas acciones se ha sentido profundamente en los mercados financieros, especialmente con respecto al mercado de deuda. El actual stock existente, de cerca de $20 billones en puts emitidos, equivalente a aproximadamente u$s18.000 millones, fueron generados durante la gestión del ministro de Economía anterior, el kirchnerista Sergio Massa.

Javier Milei, en sus declaraciones más recientes, ha reiterado sus críticas hacia el Banco Macro, sugiriendo que su participación en la ejecución de los puts podría estar vinculada a intereses que van más allá de los meramente financieros, implicando motivaciones políticas que podrían amenazar la estabilidad del Gobierno.

El lunes 1° de julio, coincidiendo con una conferencia de prensa del ministro de Economía Luis Caputo, se registró un aumento en el valor del dólar blue, un fenómeno que Milei ha citado como evidencia de las repercusiones directas de las acciones del Banco Macro y sus aliados políticos.

Por otra parte, Guillermo Francos, jefe de gabinete, respaldó las afirmaciones de Milei, acusando a Sergio Massa de colaborar activamente en la generación de inestabilidad política mediante su influencia en los mercados financieros.


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