Seguinos en redes

Argentina

El Gobierno de Milei venderá las "casas de la corrupción" del exsecretario de Néstor Kirchner, involucrado la causa de los Cuadernos

Publicado

en

Se comenzará con tres propiedades de Daniel Muñoz y Víctor Manzanares. En total, hay más de 20 viviendas decomisadas por el exjuez Bonadio sobre las que el Estado todavía no ha tomado posesión.

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), venderá propiedades que fueron decomisadas en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas y que pertenecían a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, y a otros involucrados en el caso de corrupción donde se investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública durante la gestión kirchnerista.

La AABE comenzará con una subasta de tres propiedades que pertenecían a Muñoz y a Víctor Manzanares, histórico contador de los Kirchner. Todos estos inmuebles habían sido decomisados por orden del exjuez federal Claudio Bonadio y una resolución de agosto de 2019 del gobierno de Mauricio Macri (decreto 598) ordenaba su inmediata subasta, pero de los 30 inmuebles, en los últimos 4 años y medio solo se vendió uno.

Los tres inmuebles que se subastarán están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. En total, la AABE espera recaudar con estas ventas casi 2 millones de dólares.

  • Tres departamentos, oficinas y una cochera en Pedro Ignacio Rivera 5761, Villa Urquiza. En este inmueble funcionaban las oficinas de Daniel Muñoz. Según la investigación, desde ese espacio se enviaban los bolsos con dinero a las financieras encargadas de mandarlo al exterior. La propiedad también pertenece a Manzanares. Se subastará por USD 815.795. El lugar también se utilizaba para guardar una colección de autos de lujo.
  • Mansión en María del Carril 3744, en Villa Devoto. La casa pertenece a la firma Madaco S.A., fundada por Manzanares y posteriormente comprada por Muñoz. El inmueble tiene 640 metros cuadrados, cuatro plantas, gimnasio, sauna y cocheras. Se venderá por USD 974.416.
  • Departamento con cochera en Villa Urquiza. Este inmueble pertenecía a Muñoz y Manzanares. Se venderá por USD 140.000.

En la causa Cuadernos, Muñoz fue investigado por montar una estructura dedicada a lavar dinero, según determinó la Justicia federal. En estas maniobras participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore se compraron decenas de bienes inmuebles, de los cuales una parte quedó en manos del Estado. Carolina Pochetti, esposa de Muñoz, también participó en la maniobra.

El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Miami, Estados Unidos.

El dinero recaudado de esta subasta se destinará a una cuenta especial del Tesoro Nacional y se utilizará para financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), la lucha contra el narcotráfico, la rehabilitación de los afectados por el consumo (artículo 39 de la ley 23.737), y programas de salud y capacitación laboral.

De los 30 inmuebles decomisados por Bonadio, el Estado logró tomar posesión de siete. Respecto a los restantes, la AABE todavía espera recibir antecedentes y documentación registral para disponer de estos inmuebles y poder venderlos.

De los siete que ya están bajo el poder de la AABE, uno se vendió en 2022. El departamento pertenecía a Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz. El Estado se desprendió de la propiedad ubicada en Julieta Lanteri 1331 por $70 millones, equivalentes a unos 600 mil dólares al tipo de cambio oficial de ese momento.

Además, hay dos cocheras en manos de la AABE que se concesionaron desde febrero y septiembre de 2022 respectivamente por un plazo de 60 meses. Una de las cocheras está ubicada en Malabia 1741 y la otra en Amenábar 1934. A estas se suman los tres inmuebles que se subastarán y otra propiedad ubicada en avenida Belgrano 2232 que fue entregada en custodia provisoria a la Fundación de Capacitaciones del Maule (FUNDACAP). La custodia provisoria está vencida.

El Gobierno espera pronto tomar posesión de un terreno en Mar de las Pampas, Villa Gesell, que pertenecía a Daniel Muñoz. Las autoridades de la AABE inspeccionaron el lugar en abril pasado y comprobaron que está desocupado. El Estado procederá a su disposición una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo.

Además, se están realizando gestiones a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia para intentar obtener la posesión de un edificio ubicado en Ocean Fort, Miami, Florida, que pertenecía a Ernesto Clarens, el financista a través del cual se realizaron gran parte de las maniobras de lavado.

Hay un universo de 20 inmuebles ubicados en Santa Cruz y Tierra del Fuego que en su gran mayoría pertenecían a Muñoz y Manzanares, sobre los que aún falta recibir información por parte de la Justicia, tales como antecedentes y documentación registral.

Estos inmuebles estaban vinculados a personas acusadas de cobrar coimas durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien entre diciembre de 2019 y 2023 ocupó el cargo de Vicepresidenta. A la dirigente se la señala en el caso como la jefa de la banda. El juicio todavía no comenzó y la fiscal federal Fabiana León denunció al Tribunal Oral Federal 7 por los retrasos en el inicio del proceso.

Entre los inmuebles sobre los que aún no se ha tomado posesión, está la estancia “La Lucía” en Santa Cruz, ubicada en la ruta 40, con una superficie de 20.000 hectáreas. También la estancia “El Rincón”, con más de 6.000 hectáreas. Las autoridades buscan recuperar varios locales que están alquilados por una cadena de farmacias en El Calafate. El listado se completa con un complejo de seis viviendas y otras casas más.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también subastará una serie de propiedades en el caso “Carbón Blanco”, en el que se condenó a una organización criminal encabezada por el fallecido abogado Carlos Salvatore, que traficaba cocaína a Europa oculta en bolsas de carbón vegetal.

Una de las propiedades que se subastará es una mansión en Belgrano R, de cuatro plantas, con playroom, piscina y garage para seis autos. El precio de venta es de aproximadamente 759 mil dólares. También se venderá un departamento con cochera tasado en 118 mil dólares.

Por otra parte, se subastarán casas del caso conocido como “Clan Aliaga”, una organización encabezada por Kjara Moisés Aliaga y sus hijos Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo, que tenía como objetivo explotar a trabajadores bolivianos en condiciones de precariedad y privación de su libertad en galpones textiles.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

Argentina

"Gasoducto Libertad": La Libertad Avanza presentó un proyecto para cambiar el nombre del Gasoducto Néstor Kirchner

Publicado

en

Lorena Villaverde, quien encabeza la Comisión de Energía, explicó los motivos por los cuales debería cambiarse el nombre, haciendo foco en que no debería llevar el nombre de una persona vinculada a la corrupción de la obra pública.

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, ha presentado un proyecto de ley para cambiar el nombre del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). "Es cínico y perverso que el gasoducto más importante del país lleve el nombre de quien se ha enriquecido ilícitamente mediante la obra pública", señala el documento.

"Es momento de poner fin al cinismo y la perversión, cambiar el nombre del ‘Gasoducto Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner’ y renombrarlo como Gasoducto de la Libertad (GDL)", reclamó Villaverde, quien también preside la Comisión de Energía. La propuesta busca alinear la denominación del ducto con las ideas que promueve el presidente Javier Milei.

“Semejante obra, que posee una trascendencia estratégica fundamental para el país, debe reflejar el espíritu que anida en el corazón de cada argentino y que se encuentra expresado en diversos hechos de la historia. Fuimos y somos una Nación que no conquistó, sino que liberó a naciones hermanas; moldeamos nuestra Carta Magna –entre otras fuentes- sobre las ‘Bases’ de un gran pensador de la libertad como es el caso de Juan Bautista Alberdi. Y más recientemente, los argentinos nos hemos levantado cívicamente a través de las urnas para pedir por más libertad para respetar el proyecto de vida y la propiedad del prójimo vapuleados por tantos años de populismo”, subraya el proyecto.

“En lo que se refiere a la obra pública, durante los 12 años entre las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, existió un robo estimado en más de U$S 10.000.000.000 sobre un total de 52 contratos viales por U$S 46.000.000.000, pudiendo ascender incluso a la cifra de U$S 84.000.000.000 robados, por otras obras efectuadas. No en vano durante el año 2022, la ex vicepresidente y dos veces presidente de la Nación, fue condenada a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta del Estado durante los mandatos continuados entre su gestión y el de su extinto esposo”, destacó la diputada.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que transporta gas desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires, celebró su primer aniversario el 9 de julio. Desde su inauguración, esta obra ha permitido un ahorro de USD 3.600 millones en divisas por importaciones, ha mejorado la balanza energética, reducido los costos internos y contribuido a la disminución del gasto estatal en subsidios a las tarifas.

Este gasoducto que, a pesar de no estar terminado, fue "inaugurado" durante el último año del gobierno kirchnerista, operaba a la mitad de su capacidad debido al retraso en la construcción de tres plantas compresoras que debían estar operativas este invierno, temporada de alto consumo de gas, lo que causó cortes de suministro.

Recientemente, una de estas plantas, la de Tratayen (Neuquén), comenzó a funcionar esta semana, lo que aumentará la capacidad del ducto y generará un ahorro adicional de USD 350 millones al año. Estos retrasos demuestran lo mal que se hicieron las cosas durante el gobierno kirchnerista, teniendo que inaugurar obras que no habían sido terminadas, para tratar de ganar un par de votos en las elecciones del año pasado.

Las obras del proyecto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) fueron financiadas por el Estado a través de la empresa estatal Energía Argentina, con una inversión de USD 2.200 millones para la construcción del ducto entre Tratayen y Salliqueló (Buenos Aires). Los dos primeros tramos fueron construidos por la UTE Techint-Sacde, mientras que el tercer tramo lo realizó la constructora BTU. Actualmente, el ducto tiene una capacidad de transporte de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de gas por día.

La falsa inauguración el año pasado fue encabezada por el entonces ministro de Economía y posterior candidato presidencial, Sergio Massa. También participaron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Áxel Kicillof, entre otros invitados.

Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional más grande a nivel mundial y la cuarta en petróleo. El gasoducto, que está siendo terminado bajo el gobierno de Milei, ha facilitado la sustitución de combustibles más costosos y contaminantes, resultando en una reducción de los costos energéticos locales.


Seguir Leyendo

Argentina

Una ex concejal kirchnerista del Movimiento Evita fue procesada por desviar fondos del Estado en beneficio propio

Publicado

en

Su nombre es Patricia Noemí Iribarne, ex edil de Quilmes, quien habría malversado más de 85 millones de pesos. A ella y a los otros ocho imputados, el juez federal Luis Armella les dictó embargos por 100 millones de pesos.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, procesó a la ex concejal de Quilmes y dirigente del Movimiento Evita, Patricia Noemí Iribarne, junto a otras ocho personas vinculadas a ella por el presunto delito de "malversación de caudales públicos" a través de varias cooperativas creadas por Iribarne.

Según la investigación, entre 2018 y 2022, Iribarne habría desviado $87.896.346 de fondos públicos provenientes del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, destinados a convenios específicos, y que fueron utilizados de manera irregular para consumos personales, extracciones bancarias y transferencias a otras cooperativas y personas relacionadas con ella.

Las pericias realizadas durante la instrucción del expediente revelan que estas cooperativas, bajo su representación, giraban los fondos recibidos entre sí sin contraprestación alguna y que la organización liderada por la concejal de Unión por la Patria, que ingresó al Concejo Deliberante en 2017, falsificaba rendiciones de cuentas utilizando facturas apócrifas.

Las cooperativas involucradas en la maniobra y vinculadas a la referente del Movimiento Evita en Quilmes son: La Chinita, La Montonera, La Guevarita, El Emporio Limitada, Pocho Lepratti y la cooperativa de trabajo Julio Roqué. En la constitución de estas cooperativas se repiten nombres, varios de ellos parientes directos de Iribarne, como sus hijos y esposo.

Los otros procesados, sin prisión preventiva, en la Causa 23787/22 que instruyen Armella, a cargo del Juzgado Federal Número 1 de Quilmes, y su secretario Diego Quiroga, son:

  • Susana Beatriz Reia: Era presidente y autorizada para operar las cuentas de la "Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada", "Asociación Civil Feliz Atardecer" y "Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti Limitada". Participó en las transacciones y transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.
  • Jorgelina Elizabet Fernández: Es hija de la ex edil. Está implicada por realizar transferencias desde las cooperativas a cuentas propias, familiares y allegados de su madre.
  • Fabio Fernán González: Era el tesorero de la “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2” y vocal de la “Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada”. Realizó transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.
  • Eduardo Daniel Calderón: Formaba parte de las autoridades de la “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2”. Estaba autorizado para operar sus cuentas. En la causa figura que era “pareja de la hija de Iribarne” y habría participado en el desvío de fondos.
  • Rosa Mabel Luján Duartes: Realizaba transacciones similares desde las cooperativas hacia cuentas de familiares y allegados de Patricia Noemí Iribarne.
  • Jorge Edgardo Fernández: Ex pareja de la dirigente social, separado de hecho desde hace 20 años. Fue procesado por su participación necesaria en la malversación de caudales públicos. Fernández, como autoridad de la “Cooperativa la Montonera Limitada,” junto con Iribarne, falseó las rendiciones de cuentas mediante la utilización de facturas apócrifas.
  • Marcelo Alexis Moyental: Se le atribuye haber facilitado la aplicación indebida de los fondos. En su calidad de contador público de las cooperativas, revisaba los estados contables y era responsable de las rendiciones de cuentas, “sabiendo que parte de la facturación utilizada era apócrifa”. Según se describe en el expediente, “a pesar de su conocimiento y especialización, no tomó las medidas necesarias para evitar estas irregularidades”.
  • María Cecilia Fernández: Hija de Patricia Noemí Iribarne, ha sido procesada en relación con la causa por malversación de caudales públicos. En el proceso, se la señala como autoridad y tesorera de la Cooperativa La Montonera Limitada, así como firmante de convenios de la Asociación Feliz Atardecer. Según el escrito judicial, su participación fue necesaria junto con otras personas allegadas a Patricia Iribarne que ocupaban roles similares en cooperativas como Cooperativa Pocho Lepratti Limitada, Cooperativa Pocho Lepratti 2, y Cooperativa La Montonera Limitada.

Se afirma que María Cecilia Fernández y otros responsables de estas cooperativas realizaron retiros de dinero y transferencias bancarias entre ellas. Además, se falsificaron rendiciones de cuentas ante los ministerios provinciales y nacionales mediante la utilización de facturas apócrifas provenientes de usinas ingresadas en el listado APOC de la AFIP. Estas acciones se habrían llevado a cabo sin que hubiera contraprestación alguna por parte de los proveedores de bienes o servicios.

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, bajo la supervisión de Leila Gianni, subsecretaria Legal, y Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídicos, revisó el expediente y comenzó una investigación interna.

Se impuso embargos de $100.000.000 a los nueve acusados "como garantía ante posibles responsabilidades civiles y/o penales derivadas de los hechos investigados". En 2017, Iribarne fue elegida para el Concejo Deliberante de Quilmes por el Movimiento Evita, liderado a nivel nacional por Emilio Pérsico. Sin embargo, al verse envuelta en controversias y su nombre empezar a circular en los medios, la organización social la apartó y le soltó la mano.

La causa incluye testimonios de víctimas que acusan a la ex concejal y líder del Movimiento Evita de presionarlas para realizar ciertas tareas o ocupar cargos en cooperativas y organizaciones vinculadas a Iribarne.

Una testigo declaró: "Nos obligan a ser directivos de la cooperativa, a firmar documentos falsos, siempre bajo la premisa de ‘es por el bienestar de los compañeros’; si nadie acepta ser directivo, nadie recibe sueldo. Aprovechaban la necesidad de la gente".

Otra denunciante afirmó que la dirigente del Evita utilizaba facturas falsas para justificar las rendiciones de cuentas. "Las rendiciones bajo estos acuerdos incluían facturas falsas, usadas para comprar una casa en Roque Pérez y un auto Peugeot 208 registrado a nombre de una de las hijas de la acusada", explicó en el juzgado.

También denunció: "Fabio González, Patricia Iribarne y Mabel Duartes (contadora de la acusada y del Movimiento Evita de Quilmes) recibían sueldos de estos acuerdos y obtenían o robaban las claves fiscales de los compañeros para facturar a nombre de las víctimas".


Seguir Leyendo

Argentina

Golpismo kirchnerista: Milei denunció que el Banco Macro, vinculado a Sergio Massa, generó un “intento para desestabilizar” al gobierno

Publicado

en

El Banco Macro, quien tiene estrechas relaciones con Sergio Massa, compró una gran cantidad de "Puts" durante los últimos meses del régimen kirchnerista, y ahora los están ejecutando con el único objetivo de destruirle el plan económico al gobierno de Milei.

El presidente Javier Milei apuntó fuertemente contra el Banco Macro, acusándolo de haber perpetrado un "intento golpista" contra su Gobierno mediante la ejecución de sus "Puts", que tenía como objetivo destruirle el programa económico y aumentarle la inflación.

Los Puts son instrumentos que funcionan como un seguro que ofrece el Banco Central con los bancos. Constituyen opciones de venta, que permiten que su poseedor tenga el derecho de vender un activo subyacente a un precio predeterminado y dentro de un período específico. 

En otras palabras, a partir de los Puts el Banco Central se obliga a sí mismo recomprar títulos soberanos del Tesoro emitidos en pesos, siempre y cuando así lo quieran los bancos que adquirieron estos instrumentos.

Los bancos se ven protegidos por eventuales caídas en la paridad de los títulos públicos que pudieran comprar, ya que eventualmente ejercerían el derecho de venderlos automáticamente al Banco Central (sin que este pueda negarse) a un precio previamente fijado, y por estas razones funciona como un seguro.

El principal problema de estos instrumentos es que el BCRA se ve obligado a monetizar cualquier tipo de corrida contra los títulos públicos, si así lo quisieran los bancos. Todas las recompras de títulos públicos ejercidas por el Banco Central sólo pueden efectuarse con más emisión monetaria.

Los bancos poseen actualmente un monto por el equivalente a 20 billones de pesos (cerca de 16.000 millones de dólares al tipo de cambio paralelo) en Puts, por lo que podrían ejercer su derecho para que el BCRA les recomprara títulos públicos (y emitiera pesos para hacerlo) por una cantidad de semejante magnitud. Esto sin lugar a dudas genera una gran presión para el BCRA, y también para las expectativas de inflación futuras.

Milei destacó la importancia de resolver este "seguro de cobro" a favor de los bancos, señalando que su administración pudo contrarrestar las maniobras del Banco Macro gracias a la fortaleza de las cuentas del Banco Central y la posición de caja en el Banco Nación. Este evento resultó en las acusaciones de las relaciones históricas entre el Banco Macro y el exministro de Economía kirchnerista, Sergio Massa, a quien Milei insinúa como una fuerza desestabilizadora.

Macro pertenece a la familia Brito, cuyo patriarca, Jorge Brito, fue muy cercano a Massa cuando éste estaba al frente de la ANSES, hasta su extraña muerte en un accidente de helicóptero en noviembre de 2020. Su hijo y sucesor, Jorge Pablo Brito, actual presidente de River Plate y director del Banco Macro, hizo campaña por Massa en 2023.

Según fuentes del Ejecutivo, la decisión del Banco Macro de ejecutar los puts podría estar influenciada por su vinculación con Massa, quien busca constantemente ponerle "palos en la ruedas" a la administración de Milei, quien fuera su contrincante en las últimas elecciones.

El impacto de estas acciones se ha sentido profundamente en los mercados financieros, especialmente con respecto al mercado de deuda. El actual stock existente, de cerca de $20 billones en puts emitidos, equivalente a aproximadamente u$s18.000 millones, fueron generados durante la gestión del ministro de Economía anterior, el kirchnerista Sergio Massa.

Javier Milei, en sus declaraciones más recientes, ha reiterado sus críticas hacia el Banco Macro, sugiriendo que su participación en la ejecución de los puts podría estar vinculada a intereses que van más allá de los meramente financieros, implicando motivaciones políticas que podrían amenazar la estabilidad del Gobierno.

El lunes 1° de julio, coincidiendo con una conferencia de prensa del ministro de Economía Luis Caputo, se registró un aumento en el valor del dólar blue, un fenómeno que Milei ha citado como evidencia de las repercusiones directas de las acciones del Banco Macro y sus aliados políticos.

Por otra parte, Guillermo Francos, jefe de gabinete, respaldó las afirmaciones de Milei, acusando a Sergio Massa de colaborar activamente en la generación de inestabilidad política mediante su influencia en los mercados financieros.


Seguir Leyendo

Tendencias