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Argentina

Robaron todo: Alberto Fernández fue denunciado por el aumento desproporcionado de las pensiones por invalidez

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Además, también fueron acusados los ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad, a causa de "flexibilizar el proceso de otorgamiento” de las pensiones. Entre 2020 y 2023 se otorgaron casi 400 mil beneficios.

El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal hoy contra el ex presidente Alberto Fernández y otros ex funcionarios kirchneristas por presuntos aumentos desproporcionados en las pensiones por invalidez durante el período 2020-2023.

Según la denuncia, se utilizaron decretos y resoluciones para flexibilizar los criterios de otorgamiento de estos beneficios, alegando que también se habrían realizado "favores políticos" a intendentes y gobernadores.

La investigación reveló casos en los que se benefició a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez ni tenían condiciones medicas que justificaran invalidez laboral. Además, se señala que el proceso de otorgamiento, que normalmente tomaba dos o tres años, se redujo a tan solo tres meses en algunos casos.

Además de Alberto Fernández, el fiscal Marijuán denunció a Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, así como a Paula Martínez, ex Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas.

El fiscal federal Guillermo Marijuán ha detallado un plan sistemático llevado a cabo entre los años 2020 y 2023, dirigido a flexibilizar las normas para el otorgamiento de Pensiones No Contributivas por Invalidez. Según la denuncia, estas acciones habrían permitido la entrega masiva e irregular de beneficios, con un enfoque particular en favores políticos hacia gobernadores e intendentes.

Según la investigación de Marijuán, durante este período se concedieron cerca de 300 mil nuevos beneficios, lo que representa un aumento exponencial de más del 1500%. En comparación, en el año 2003 se habían asignado 79,581 casos, mientras que actualmente se habrían conferido 1,222,882 prestaciones.

La primera normativa mencionada es la resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020. Esta resolución, según la denuncia, permitió iniciar el trámite para acceder al beneficio incluso sin la presentación del Certificado Médico Oficial, y modificó los parámetros para determinar el estado socioeconómico y de vulnerabilidad de las solicitudes relacionadas con el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones mencionadas.

Hasta ese momento, el beneficiario no necesitaba ser dueño de una propiedad cuyo valor excediera el equivalente a más de 400 jubilaciones mínimas o un automóvil que superara las 30 jubilaciones mínimas. La medida de 2020 eliminó el límite máximo para las propiedades y permitió que el demandante fuera considerado en situación de vulnerabilidad si tenía un vehículo con más de diez años de antigüedad.

La acusación también señala la resolución 134/2020, que determinó que, en los casos de menores de 18 años, el Certificado Médico Oficial no sea evaluado por la Coordinación de Fiscalización Médica. Especialmente cuestiona el decreto 7/2023, que introdujo la opción de acceder a las prestaciones para aquellos que estén "imposibilitados o imposibilitadas, debido a su estado de salud y vulnerabilidad social, para lograr una inclusión plena"; no tengan un empleo formal; sean ciudadanos argentinos por nacimiento, naturalizados o residentes en el país, o extranjeros con una residencia continua mínima de diez años en el país; y carezcan de bienes, ingresos o recursos suficientes, entre otros requisitos.

Pero eso no es todo. Marijuán también criticó el decreto 566/2023, emitido en noviembre de ese año, que estableció que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad pueden trabajar y recibir la pensión al mismo tiempo.

Al final, la denuncia detalla todas las modificaciones realizadas en esos cuatro años para obtener la pensión: se eliminó el requisito del 76% de incapacidad laboral (Decreto 7/2023, Resolución 70/2023), la restricción de no poder trabajar (Resolución 34/2020, Decreto 566/2023 y Resolución 1786/2023), se redujo el período mínimo de residencia para extranjeros de 20 años a 10 años, se eliminó la verificación de nacionalidad y residencia mínima con datos confiables de migraciones, el límite de sustento del grupo familiar, y se modificó la definición de vulnerabilidad para permitir que más personas, incluso no vulnerables, pudieran acceder a la pensión no contributiva (Resoluciones 1377/2021, 134/2020, 70/2023, 1786/2023).

El siguiente aspecto de la denuncia se centra en los "favores políticos". En este punto, Marijuán destaca 259 operativos de alta masiva de pensiones realizados en provincias, beneficiando especialmente a aquellas gobernadas por el peronismo como Chaco (Jorge Capitanich), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Tucumán (Juan Luis Manzur), Misiones (Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (Axel Kicillof). Según la presentación, en provincias donde el gobernador no era "amigo", como por ejemplo Corrientes (Gustavo Valdés), posiblemente se coordinaban los planes con los intendentes.

Alberto Fernández encabeza la lista de funcionarios denunciados por esta maniobra, acusados de defraudación a la administración pública. Marijuán sostiene: "El ex Presidente de la Nación y los sucesivos funcionarios a cargo del ANDIS dictaron normas que inexplicablemente eliminaron el requisito de invalidez para este beneficio que es precisamente la pensión por invalidez, otorgando así prestaciones con fondos públicos a personas que no cumplían los requisitos legales. Esta manipulación normativa buscaba simplemente una popularidad gratuita".

No solo hubo un aumento en la cantidad de pensiones otorgadas, sino que también se detectaron graves irregularidades como certificados acompañados de radiografías de animales o poemas presentados como estudios complementarios.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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El Gobierno de Milei hará el desfile militar más grande de los últimos 40 años para celebrar el Día de la Independencia

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Luego de que los gobiernos kirchneristas hayan demonizado a las Fuerzas Armadas, más de 7.000 militares volverán a desfilar por las calles en el Día de la Independencia. El presidente Javier Milei estará presente y encabezará el acto.

Este martes 9 de julio, las Fuerzas Armadas argentinas regresarán a las calles en un mega desfile para conmemorar el 208 aniversario de la Independencia del país. El gran acto militar se llevará a cabo después del Tedeum en la Catedral Metropolitana.

El último desfile se realizó hace cinco años, en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. Durante el último gobierno de los kirchneristas, caracterizados por la demonización hacia los militares, no hubo ningún desfile. Por esta razón, el presidente Javier Milei volverá a traer este glorioso evento que tanto demandan la mayoría de los argentinos.

El Presidente de la Nación encabezará el evento junto al ministro de Defensa, Luis Petri, mientras que se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según la información disponible, los militares recorrerán 4.800 metros por la Avenida del Libertador hasta la intersección con Olleros.

Para darnos una idea de la magnitud de este nuevo desfile, participarán aproximadamente 7400 uniformados, lo que representa más del doble de los que participaron durante el último desfile realizado por Macri en 2019. Además, en esta ocasión habrá más de 70 blindados y tanques de guerra, y 62 aeronaves sobrevolando.

Las principales unidades que participarán incluyen el Regimiento de Granaderos a Caballo, fundado por José de San Martín en 1812, el Regimiento de Infantería 1 Patricios, el Regimiento de Artillería 1, el Colegio Militar de la Nación y la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral.

Además, se unirán efectivos de fuerzas de seguridad, bandas de música, caballos, unidades de transporte pesado, tanques, aviones y cinco buques de la Armada, ubicados en dársenas del Puerto Nuevo como muestra de adhesión a la fecha patria.

Por razones presupuestarias, este año se canceló el desfile del 2 de julio que iban a protagonizar los veteranos de Malvinas. Sin embargo, el desfile del Día de la Independencia contará con la participación de excombatientes de asociaciones de todo el país.

La organización del desfile está a cargo del brigadier general Xavier Julián Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se estima que el desfile tendrá una duración aproximada de dos horas y media, comenzando a las 10:30 de la mañana.

En sus redes sociales, el ministro de Defensa, Luis Petri, publicó un mensaje convocando a la ciudadanía a participar de este increíble acto.

"¡Celebremos juntos la independencia!", tituló el ministro. "Este 9 de julio, el Presidente Javier Milei te invita a recuperar nuestras tradiciones y valores patrios junto a las Fuerzas Armadas. No te pierdas el regreso del desfile militar en Avenida Libertador y Agüero a las 10:30 hs. Vení con tu familia y tu bandera.", expresó en el mensaje.

A fines de febrero, los pedidos de informe fueron emitidos por la Secretaría del Ejército para avanzar en la planificación del desfile del 9 de julio. En una reunión esta semana, el brigadier general Xavier Julián Isaac solicitó detalles precisos sobre los efectivos totales, vehículos disponibles y otras necesidades logísticas a decenas de regimientos, guarniciones y comandos militares.

Isaac, junto a su secretario el coronel Héctor Ochoa, tiene grandes expectativas: planean que desfilen en su totalidad los Regimientos de Infantería Número 1, de Artillería, y de Granaderos a Caballo, incluyendo a sus soldados a pie, caballos y bandas militares de cada administración militar. También desean la participación del Regimiento de Asalto Aéreo.

Según estimaciones de la fuerza, cada regimiento completo implica entre 900 y 1.000 personas. Además, han solicitado elementos representativos como jefaturas, banderas de guerra y comitivas de guarniciones cercanas a Buenos Aires, como City Bell y Arana, así como de otras partes del país.

Además de los detalles mencionados, se requirió información sobre unidades de vehículos disponibles para integrar la columna vehicular, así como aeronaves de ala fija y rotativa disponibles bajo el mando de cada unidad.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Plan Bandera: Desde la intervención de las Fuerzas Federales en Rosario, el número de heridos de bala cayó un 82%

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Gracias al exitoso plan de seguridad lanzado por el Gobierno de Milei, mejoran los índices de seguridad y bajaron de 40 a solo 7 heridos de bala que recibe cada mes el principal hospital de la ciudad.

A meses de la llegada de las Fuerzas Federales a Rosario, las mejoras en los índices de seguridad se reflejan en la cantidad de heridos de bala que recibe cada mes el principal hospital de la ciudad, mostrando el masivo éxito que está teniendo el Plan Bandera de Javier Milei y Patricia Bullrich.

Se trata del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), que pasó de registrar 40 pacientes por mes a reportar solo 7 en la última estadística que se compiló para el mes de junio.

La ciudad santafesina, considerada la capital del narcotráfico en el país, alcanzó su máximo histórico de homicidios en 2022, en pleno gobierno kirchnerista. Aunque el año pasado se registró un leve descenso, la llegada de Maximiliano Pullaro a la gobernación trajo consigo estrictas medidas en las cárceles, pero que no fueron acompañadas con mayor seguridad por parte de su policía provincial.

Esto provocó una respuesta sangrienta de las bandas criminales, que asesinaron a taxistas, playeros y colectiveros inocentes a inicios de marzo. Por esta razón, el Gobierno de Milei decidió el desembarco de las fuerzas federales en la ciudad bajo el "Plan Bandera", reforzando a los uniformados que ya se encontraban en el terreno.

El éxito del Gobierno nacional fue rotundo. Hasta mayo, se registraron 52 asesinatos, lo que representa una disminución del 65% en relación con los primeros cinco meses del año anterior, en línea con los últimos números difundidos. Esta cifra está acompañada de un descenso en la cantidad de tiroteos, lo que, en consecuencia, redujo el número de pacientes heridos de bala que ingresan por mes al HECA.

Al respecto, la directora del hospital, Andrea Becherucci, precisó que “de tener en promedio, en el 2023, 40 pacientes por mes que entraban con herida de arma de fuego, de enero a esta parte viene con un descenso gradual que se sigue sosteniendo”. En esa línea, agregó que registraron “13 pacientes en el mes de mayo y 7 en el mes de junio”, según indicó en un diálogo con El Tres TV.

De igual forma, aclaró que “este número solamente representa el 0.8% de los pacientes que ingresan al hospital”, cuando en los años en los que más heridos de bala atendieron, la cifra representaba el 1.8%.

Además, planteó que es un número “considerable”. “Por supuesto que, con el descenso, se ven alivianados el trabajo en las líneas quirúrgicas, las camas en estadía y las camas en UTI. Los pacientes con heridas de fuego múltiples son pacientes que requieren múltiples intervenciones quirúrgicas, muchos días de internación en terapia intensiva y, bueno, con este descenso obviamente se van a ver disminuidas este tipo de pacientes”, explicó.

Días atrás, el presidente Javier Milei destacó los avances que se produjeron en materia de seguridad desde la llegada de las fuerzas federales. “El que las hace, las paga”, aseguró durante una entrevista con TN e indicó: “Si les haces menos rentable el delito, delinquen menos. Y en esto estamos nosotros, trabajando muy activamente y está funcionando, sino mirá el impacto que fue llegar a Rosario y dar asistencia. Cayó el delito en cerca de un 70%, mirá cómo funciona”.

En este punto, enfatizó que, para llevar adelante estas medidas, se necesitan “capacidad y voluntad política” y ratificó: “Nosotros estamos comprometidos en terminar con la inseguridad”.

En el departamento Rosario hubo 17 homicidios en enero, 7 en febrero, 11 en marzo, 9 en abril y 8 en mayo. Aún resta conocerse la cifra correspondiente a junio. Los números de los dos últimos meses de los que se tiene registro son tan bajos que son prácticamente comparables con los registros criminales que tuvieron lugar durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Según el Observatorio de Seguridad Pública, la mitad de las muertes registradas en toda la provincia se dieron en un contexto de economías ilegales u organizaciones criminales. Del número total, dos de cada tres hechos ocurrieron en la vía pública.

Otro dato ponderado en el análisis del comportamiento criminal es que también disminuyó el porcentaje de asesinatos por encargo, ya que actualmente representan un tercio del total. “Es un porcentaje más chico que los de 2021, 2022 y 2023”, destaca el informe.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Kicillof destruyó la Salud bonaerense: No entrega prótesis a niños y le debe $183 mil millones a los hospitales compartidos con Nación

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Más de 800 chicos bonaerenses se encuentran en espera de una prótesis para poder operarse y Kicillof no las entrega. Además, desde hace 4 años que no le paga a los hospitales de gestión compartida con el Gobierno Nacional, acumulando una deuda de 183 mil millones de pesos.

La situación en torno al Hospital Garrahan y su relación con Axel Kicillof, el gobernador kirchnerista de la Provincia de Buenos Aires, refleja una grave crisis en el sistema de salud pública bonaerense, especialmente en lo que respecta a la atención pediátrica y la provisión de recursos médicos esenciales.

Actualmente, más de 800 niños bonaerenses están en lista de espera para recibir prótesis que son necesarias para procedimientos quirúrgicos en el Hospital Garrahan. Estos pacientes, con diversos diagnósticos, enfrentan largas esperas que superan el año, lo cual es alarmante considerando la urgencia de sus condiciones médicas.

La falta de entrega de estas prótesis por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha generado una intervención necesaria por parte del Gobierno Nacional para asegurar que estos niños reciban el tratamiento adecuado. Esta intervención subraya una clara deficiencia en la gestión de recursos y la planificación de la atención médica por parte de la administración provincial.

El Hospital Garrahan, como centro de referencia nacional en pediatría, juega un papel crucial en el tratamiento de enfermedades complejas y la provisión de servicios especializados para niños de todo el país, incluidos aquellos que residen en la Provincia de Buenos Aires.

El anteriormente mencionado hospital opera bajo un esquema de gestión compartida entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de esto, aproximadamente el 45% de los pacientes que se atienden en este hospital provienen de la Provincia de Buenos Aires, lo que subraya la gran dependencia de los servicios especializados que ofrece este centro para los bonaerenses.

Sin embargo, a pesar de esta alta demanda y dependencia, el gobernador kirchnerista enfrenta dificultades para cumplir con su parte del financiamiento y la provisión de recursos, lo cual ha resultado en una deuda acumulada de 183 mil millones de pesos con los hospitales de gestión compartida en su territorio. Esta deuda se arrastra desde hace cuatro años, afectando gravemente la operación y la calidad de la atención en estos hospitales.

Es importante destacar que mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cumple con su compromiso financiero con el Garrahan, garantizando así la continuidad de los servicios médicos esenciales, la Provincia de Buenos Aires no ha logrado hacer lo mismo con los suyos. Esta disparidad en el cumplimiento de obligaciones financieras pone en riesgo la operatividad de los hospitales y, lo que es más grave, compromete la atención médica de los pacientes que dependen de estos servicios.

La falta de entrega de prótesis y otros recursos por parte del gobernador kirchnerista es solo un síntoma de los problemas más amplios presentes en el sistema de salud pública de la Provincia de Buenos Aires. La salud de los niños y adolescentes no puede esperar, y las autoridades provinciales tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que todos los recursos necesarios estén disponibles para asegurar el bienestar de los bonaerenses.

Kicillof no tiene plata para financiar la salud pública bonaerense, pero todos los meses destina millones de pesos en "pauta provincial" para financiar a medios de comunicación ideológicamente aliados con el único objetivo de ensuciar a la administración de Milei y, lógicamente, ocultar estos graves problemas que ocurren en su provincia.

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