A su vez, el propio exdictador sugirió que “el pueblo se levantará” si le impiden ser candidato. Estas declaraciones han provocado reacciones inmediatas.
El senador Santos Ramos y el diputado Andrés Flores, ambos del ala arcista, condenaron estas advertencias y pidieron al Gobierno tomar medidas firmes para preservar la estabilidad y el calendario electoral.
Roberto de la Cruz, abogado constitucionalista y exdirigente alteño, también alertó sobre un supuesto “afán oscuro” para allanar una nueva candidatura de Morales. Recordó que la Constitución y normas internacionales son claras. Añadió que cualquier intento de reabrir esta discusión sería una grave violación del ordenamiento jurídico nacional.
De la Cruz pidió a la ciudadanía estar atenta ante cualquier intento de manipulación judicial. Además llamó a defender la institucionalidad democrática frente a los intereses personales de una élite política que no acepta el retiro.
El TSE no ofrece certidumbre
Desde el TSE, Hassenteufel recalcó que hay un plazo legal amplio para interponer acciones constitucionales. Esto deja abierta la posibilidad de que el caso se prolongue varios meses.
Este margen podría ser utilizado estratégicamente para que, mientras se desarrollan las campañas, el tema de la habilitación de Morales se mantenga en suspenso. La dilación también puede permitir que se ejerzan presiones sobre los magistrados del TCP. Estos han sido blanco de múltiples denuncias y protestas ciudadanas por su permanencia irregular en el cargo.
El proceso de inscripción de candidaturas ha sido reglamentado con normas claras, según explicó el presidente del TSE. Solo los delegados acreditados podrán ingresar al organismo para registrar a sus postulantes, con el fin de evitar tumultos o presiones indebidas.
Pero las movilizaciones anunciadas por el evismo y las amenazas de sus dirigentes, hacen prever que los próximos días serán tensos para el órgano electoral. Las advertencias de paralizar los comicios y las denuncias de fraude anticipado han encendido alarmas en todo el espectro político.
Aunque Morales insiste en que está siendo proscrito por razones políticas, la sentencia constitucional que lo inhabilita está vigente y respaldada por estándares internacionales. Su candidatura, por tanto, está jurídicamente impedida. Cualquier intento de revertir esta situación significaría una ruptura del marco legal que rige los procesos electorales.
La posibilidad de que los magistrados prorrogados del TCP decidan el destino electoral de Evo Morales plantea un dilema institucional serio. No se trata solo de una disputa entre facciones políticas, sino de una confrontación abierta entre el principio de legalidad y las presiones del poder.
Si se habilita a Morales pese a las restricciones constitucionales, se ratificarán la denuncias de manipulación judicial para satisfacer los intereses del régimen. El peligro de ese camino, y las consecuencias podrían ser mucho más graves en el actual contexto de crisis institucional.
