La Derecha Diario Autoridad del TSE no descartó la posibilidad de habilitar al exdictador Evo Morales
Óscar Hassenteufel indicó que la habilitación de Morales puede quedar en manos de los magistrados prorrogados del TCP
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó en una entrevista que esta entidad determinará si Evo Morales será candidato presidencial. Aunque subrayó que la decisión será tomada por el TSE, también reconoció que podría derivar en una acción constitucional.
Esto abre la puerta a una posible intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En esta institución actualmente ejercen magistrados cuya prórroga ha sido cuestionada por sectores políticos y jurídicos.
La declaración encendió alertas sobre un eventual nuevo intento de habilitación del exdictador, a pesar de los fallos vigentes que lo inhabilitan por exceder el límite de mandatos.
La posibilidad de que el caso llegue al TCP no ha sido descartada por Hassenteufel, quien sostuvo que si se impugna la decisión del TSE, se podría interponer una acción constitucional. Esto implicaría que los magistrados prorrogados, señalados por varios actores como ilegítimos, terminen resolviendo un tema clave para el futuro político del país.
La eventual habilitación de Morales pondría a prueba la independencia de las máximas autoridades judiciales, ya duramente criticadas por su permanencia ilegal en el cargo desde inicios de este año.
El evismo mantiene su postura
Mientras tanto, desde filas del evismo se insiste en registrar a Morales como candidato. Sus seguidores aseguran que el exdictador cumple todos los requisitos legales para presentarse nuevamente.
Sin embargo, la normativa vigente, una sentencia constitucional de 2023 y un auto aclaratorio posterior, impide ejercer la presidencia por más de dos mandatos. Esta disposición ha sido reafirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva 28/21, lo que refuerza el criterio de inhabilitación del exmandatario.
Los sectores que respaldan a Morales han convocado una movilización para este 16 de mayo en la ciudad de La Paz. La marcha, que partirá desde cuatro regiones distintas, busca presionar al TSE para que habilite al cocalero como candidato.
En paralelo, Morales relanzó su candidatura desde el trópico de Cochabamba, pidió a sus bases no abandonarlo y denunció una presunta conspiración del Gobierno para impedir su postulación. Durante el evento una avioneta sobrevoló la concentración y lanzó panfletos con la imagen del senador Andrónico Rodríguez, provocando malestar en los presentes.
¿El masismo se rearticulará?
Desde el ala del MAS afín a Rodríguez, ya surgieron denuncias contra supuestos pactos entre evistas y arcistas para habilitar a Morales. El dirigente Samuel Rojas aseguró que se han producido reuniones entre funcionarios del Gobierno y allegados a Morales para lograr un acuerdo que permita su retorno como candidato.
Rojas calificó esta reconciliación como una traición a las bases. También, acusó al exmandatario de buscar preservar el "cuoteo de poder", en desmedro de liderazgos emergentes.
Pese a estas acusaciones, tanto el Ejecutivo como Morales han negado la existencia de un encuentro o pacto. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, desmintió las versiones que señalan una supuesta reunión con emisarios de Morales.
El jefe del MAS, Grover García, negó estar negociando con Morales y aseguró que cualquier decisión será tomada en consenso con las organizaciones sociales.
No obstante, el diputado Miguel Roca mantiene su denuncia. El legislador advierte sobre un supuesto “pacto de impunidad” entre ambos bandos del oficialismo por preservar sus intereses políticos.
En este escenario polarizado, legisladores opositores advierten que los magistrados del TCP están siendo utilizados como pieza clave para garantizar la habilitación de Morales.
Parlamentarios como Luciana Campero y Jairo Guiteras han calificado a los magistrados prorrogados de "chantajistas" y “delincuentes”. Las autoridades aseguran que los magistrados presionan al Legislativo para blindar su prórroga a cambio de no abrir el camino al líder cocalero.
Campero fue más allá y pidió cárcel para quienes, según ella, vulneran la Constitución al mantenerse en sus cargos y pretenden manipular el sistema para favorecer a Morales.
El exdictador amenazó con frenar las elecciones
Mientras tanto, los dirigentes afines al evismo redoblan la presión con amenazas abiertas. Vicente Choque, uno de los voceros de esta línea, advirtió que las elecciones no se llevarán a cabo si Morales no es habilitado.
A su vez, el propio exdictador sugirió que “el pueblo se levantará” si le impiden ser candidato. Estas declaraciones han provocado reacciones inmediatas.
El senador Santos Ramos y el diputado Andrés Flores, ambos del ala arcista, condenaron estas advertencias y pidieron al Gobierno tomar medidas firmes para preservar la estabilidad y el calendario electoral.
Roberto de la Cruz, abogado constitucionalista y exdirigente alteño, también alertó sobre un supuesto “afán oscuro” para allanar una nueva candidatura de Morales. Recordó que la Constitución y normas internacionales son claras. Añadió que cualquier intento de reabrir esta discusión sería una grave violación del ordenamiento jurídico nacional.
De la Cruz pidió a la ciudadanía estar atenta ante cualquier intento de manipulación judicial. Además llamó a defender la institucionalidad democrática frente a los intereses personales de una élite política que no acepta el retiro.
El TSE no ofrece certidumbre
Desde el TSE, Hassenteufel recalcó que hay un plazo legal amplio para interponer acciones constitucionales. Esto deja abierta la posibilidad de que el caso se prolongue varios meses.
Este margen podría ser utilizado estratégicamente para que, mientras se desarrollan las campañas, el tema de la habilitación de Morales se mantenga en suspenso. La dilación también puede permitir que se ejerzan presiones sobre los magistrados del TCP. Estos han sido blanco de múltiples denuncias y protestas ciudadanas por su permanencia irregular en el cargo.
El proceso de inscripción de candidaturas ha sido reglamentado con normas claras, según explicó el presidente del TSE. Solo los delegados acreditados podrán ingresar al organismo para registrar a sus postulantes, con el fin de evitar tumultos o presiones indebidas.
Pero las movilizaciones anunciadas por el evismo y las amenazas de sus dirigentes, hacen prever que los próximos días serán tensos para el órgano electoral. Las advertencias de paralizar los comicios y las denuncias de fraude anticipado han encendido alarmas en todo el espectro político.
Aunque Morales insiste en que está siendo proscrito por razones políticas, la sentencia constitucional que lo inhabilita está vigente y respaldada por estándares internacionales. Su candidatura, por tanto, está jurídicamente impedida. Cualquier intento de revertir esta situación significaría una ruptura del marco legal que rige los procesos electorales.
La posibilidad de que los magistrados prorrogados del TCP decidan el destino electoral de Evo Morales plantea un dilema institucional serio. No se trata solo de una disputa entre facciones políticas, sino de una confrontación abierta entre el principio de legalidad y las presiones del poder.
Si se habilita a Morales pese a las restricciones constitucionales, se ratificarán la denuncias de manipulación judicial para satisfacer los intereses del régimen. El peligro de ese camino, y las consecuencias podrían ser mucho más graves en el actual contexto de crisis institucional.
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