La Policía de Córdoba envió una carta documento a Sergio Maldonado tras un polémico episodio ocurrido en un control de rutina sobre la ruta 9 en Río Segundo. El hermano de Santiago Maldonado intentó desprestigiar el correcto accionar de los agentes luego de que se labrara una multa porque uno de sus acompañantes no usaba el cinturón de seguridad. Con una actitud de supuesta impunidad, el "activista" utilizó su cuenta de Instagram para denunciar falsamente un intento de soborno por parte de la fuerza.
La reacción de Maldonado parece responder a una narrativa personal donde se cree exento de cumplir las normas de tránsito que rigen para todos. Esta conducta prepotente ignora que la infracción fue debidamente registrada mientras viajaba con un acompañante que omitía las medidas de seguridad básicas. A pesar de los hechos objetivos, el hombre optó por atacar el honor del sargento interviniente para validar su postura de confrontación permanente.
La institución policial dejó en claro que la libertad de expresión no legitima difundir falsedades ni para difamar a los servidores públicos. El jefe de la fuerza, Marcelo Marín, ratificó que no se tolerarán campañas de desprestigio basadas en relatos ficticios creados por el propio infractor. Se exige que el descargo público tenga el mismo alcance y repercusión que las publicaciones originales realizadas desde su perfil de Twitter identificado como @vikingomaldo.
Resulta paradójico que Maldonado sostenga relatos de persecución cuando las pericias oficiales ya desmintieron sus versiones más extremas en el pasado. Cabe recordar que 55 peritos confirmaron que la muerte de su hermano fue por ahogamiento, sin signos de violencia ni intervención de terceros. Sin embargo, Sergio persiste en una versión sesgada y errónea, mientras percibe subsidios del Estado fundamentados en un episodio que él mismo distorsiona a conveniencia.
La infracción fue debidamente registrada mientras viajaba con un acompañante que no utilizaba el cinturón de seguridad
Firme respuesta ante las injurias institucionales
Por instrucción del ministro de seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, la Jefatura de Policía de Córdoba otorgó un plazo perentorio de 48 horas para que el acusado se rectifique. La carta documento advierte que sus expresiones lesionan gravemente el decoro institucional y el buen nombre del personal policial de la provincia. En caso de no eliminar los posteos agraviantes, Maldonado deberá enfrentar cargos penales por los delitos de calumnias e injurias previstos por la ley.
Para la gestión de seguridad provincial, un acta firmada por una falta concreta no puede convertirse en una herramienta política de desprestigio infundado. “No vamos a tolerar acusaciones infundadas ni campañas de desprestigio ni contra la fuerza policial ni contra nuestra provincia”, enfatizó con firmeza el ministro Quinteros. El funcionario remarcó que en Córdoba existen reglas claras que deben cumplirse sin excepciones, independientemente del apellido o la historia del infractor.
Juan Pablo Quinteros, ministro de seguridad de Córdoba
Fin de la supuesta impunidad militante
El despliegue policial en el control de Río Segundo cumplió con todos los protocolos legales y técnicos requeridos para la prevención de accidentes viales. Maldonado, quien reside en Bariloche, pretendió instalar una sospecha de corrupción sin aportar una sola prueba tangible que respalde sus acusaciones en redes sociales. Este intento de horadar la confianza pública en la Policía Caminera de Córdoba fue interpretado como un acto de mala fe que merece una sanción judicial ejemplificadora.
La persistencia del "activista" en sostener mitos desmentidos por la propia ciencia forense evidencia una intención de manipular la opinión pública a su favor. Sergio Maldonado pretende utilizar el nombre de un familiar fallecido para evadir las responsabilidades ciudadanas y las sanciones correspondientes. La justicia cordobesa ahora deberá determinar las consecuencias legales de este ataque infundamentado contra quienes trabajan diariamente por la seguridad de los conductores.
El episodio subraya la necesidad de poner límites a quienes intentan situarse por encima de la ley mediante el uso de influencias digitales. El honor de los agentes de la ley es un activo que la provincia de Córdoba se ha propuesto defender con todas las herramientas jurídicas. Sergio Maldonado tiene ahora pocas horas para abandonar su relato de impunidad y pedir las disculpas formales que la verdad de los hechos le exige, aunque esto contradiga (una vez más) su propia narrativa falaz.
