El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, manifestó su rechazo a la ley que prohíbe la actividad de naranjitas y limpiavidrios en el espacio público. Para la Iglesia, la normativa es injusta y carece de empatía hacia quienes obtienen ingresos de forma informal en las calles de la ciudad. El prelado sostiene que no se debe criminalizar la permanencia de estos actores, a pesar de que la ley busca restablecer el orden institucional.
La propuesta eclesiástica consiste en crear la figura de "Asistentes de Proximidad Urbana", otorgando un marco legal a una actividad que el Código de Convivencia prohíbe. Este esquema pretende que el Estado asuma el costo de uniformes, credenciales y seguros para personas que hoy operan fuera del sistema impositivo nacional. La iniciativa busca legalizar la intermediación en la vía pública, exigiendo además capacitación obligatoria bajo tutela de organismos estatales.
Doble imposición: subsidios estatales y cobro de tarifas en la calle
El plan del Arzobispado contempla que los ciudadanos paguen una tarifa oficial mediante sistemas digitales, sumando una carga extra al costo del estacionamiento. Este modelo generaría un sistema de doble gasto para el contribuyente: el subsidio directo a la seguridad social de los asistentes y el pago por cuidar el vehículo. La propuesta demandaría un nuevo registro único, expandiendo la burocracia estatal en lugar de simplificar el uso eficiente del espacio público.
