La nueva plataforma política, Patriotas por Europa, será liderada por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y por el español Santiago Abascal.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha anunciado este viernes en una entrevista con LA GACETA la incorporación del partido a la nueva plataforma política Patriotas por Europa, que reunirá a una gran mayoría de partidos que están liderando la alternativa al consenso de populares, socialistas y extrema izquierda en Bruselas.

Esta nueva plataforma aspira a formar un nuevo grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, cuya constitución y composición se anunciará previsiblemente en los próximos días.

"En esta legislatura, formaremos parte de la plataforma Patriotas por Europa, que busca unificar el mayor número de fuerzas patrióticas y soberanistas. VOX ha estado trabajando desde hace mucho tiempo para colaborar con todas esas fuerzas y para la posible creación de un gran grupo", indicó Abascal.

"Seguiremos trabajando en esta legislatura a través de la nueva plataforma, manteniendo una relación especial con aquellos aliados que aún no están en ella y con quienes seguimos teniendo una relación bilateral muy estrecha", agregó.

La formación reitera que lleva muchos años "trabajando sin descanso por la unidad y colaboración de las fuerzas patriotas", que en las pasadas elecciones europeas de junio lograron un gran avance en todos los países de la Unión Europea.

VOX apostó por esta alianza de partidos en los primeros eventos "VIVA" en 2021 y 2022. En febrero de 2022, Santiago Abascal reunió en la "Cumbre de Madrid" a los líderes patriotas más importantes de toda Europa, incluyendo a dos presidentes de gobierno. Esta cumbre dio lugar a la "Declaración de Madrid".

En mayo de este año, en el evento "VIVA Europa 24", Santiago Abascal reafirmó su compromiso con esta alianza al contar con la presencia y las intervenciones de líderes tan importantes y exitosos como la presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Argentina, Javier Milei; la dirigente y excandidata presidencial en Francia, Marine Le Pen; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y el ministro de Israel, Amichai Chikli, entre otros.

Así, se confirmó el papel aglutinador de VOX entre los partidos dentro y fuera de Europa que, con cada vez más respaldo del electorado, defienden la soberanía de las naciones, la seguridad en las calles y fronteras seguras, la prosperidad económica y social, la familia y las verdaderas raíces de Europa y Occidente.

El partido liderado por Santiago Abascal reitera que comprende el mensaje que millones de europeos enviaron en las elecciones del 9 de junio, donde crecieron las fuerzas soberanistas y patriotas. En España, VOX duplicó el número de escaños y logró obtener 1.600.000 votos.

"Las fuerzas patriotas tienen una oportunidad histórica de materializar el mandato de los votantes en un gran grupo que se erija como alternativa a la coalición de populares, socialistas y extrema izquierda, una coalición que ha tenido consecuencias especialmente devastadoras para los españoles en ámbitos como la seguridad, la libertad, el mundo rural y su economía, la energía o el control soberano de las decisiones que afectan a nuestro país", señala VOX.

El nuevo grupo Patriotas por Europa responde a esta nueva realidad, "al mensaje de aquellos europeos que exigen un cambio de rumbo radical y urgente en la UE", añade.

VOX ha expresado su agradecimiento y fuerte amistad hacia el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo político europeo al que ha pertenecido hasta ahora, y que desempeña un papel destacado en la lucha por naciones libres, soberanas, seguras y prósperas.

En particular, VOX ha manifestado su amistad hacia Giorgia Meloni y Fratelli d’Italia: "Giorgia Meloni será siempre una socia, amiga y aliada de VOX". Asimismo, VOX ha extendido su agradecimiento y reconocimiento al partido polaco Ley y Justicia (PiS), describiéndolo como "vanguardia en la lucha de los patriotas en Europa".

El Tribunal Supremo decidió no aplicar la controvertida ley de amnistía a los líderes independentistas que ya fueron juzgados e inhabilitados en 2019 por malversación, en relación con el ilegal proceso soberanista catalán de 2017.

Este lunes, el Tribunal Supremo (TS) español rechazó amnistiar al expresidente independentista catalán Carles Puigdemont y a dos de sus excolaboradores, todos prófugos de la justicia, acusados por malversación de fondos públicos, y mantiene la orden de que sean detenidos tan pronto como regresen a España.

En una resolución, el TS decidió no aplicar la controvertida ley de amnistía a los líderes independentistas que ya fueron juzgados e inhabilitados en 2019 para ejercer cargos públicos por malversación, en relación con ilegal el proceso soberanista catalán de 2017. Entre ellos se encuentra el exvicepresidente regional de Cataluña, Oriol Junqueras.

Según el alto tribunal, el delito de malversación no puede ser perdonado en este procedimiento, ya que entra en las excepciones de la ley de amnistía que el Parlamento español aprobó el pasado 30 de mayo para los implicados en el proceso secesionista.

Específicamente, obtuvieron un beneficio personal al financiar un referéndum de "autodeterminación", organizado el 1 de octubre de 2017, con los fondos de la administración pública catalana, no con su patrimonio personal, lo cual afectó "potencialmente" los intereses financieros de la Unión Europea (UE).

El Tribunal Supremo (TS) español no tiene dudas de que concurren ambos principios que impiden perdonar el delito de malversación por el cual siguen procesados Puigdemont y sus antiguos colaboradores en aquel período del gobierno regional catalán, Antoni Comín y Lluis Puig, todos ellos fugitivos de la justicia española.

En su auto, el TS y otro dictado por el juez Pablo Llarena, quien investigó el caso en la fase de instrucción, siguen el criterio de los fiscales del juicio por el proceso independentista. A diferencia de esto, el fiscal general del Estado y superior jerárquico, Álvaro García Ortiz, ordenó aplicar la amnistía a todos los delitos.

Llarena sostiene que existe un daño económico para la Unión Europea debido a que el referéndum "afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la UE".

El Tribunal Supremo coincide con la argumentación de Llarena respecto a la malversación, por lo que descarta presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre "la corrección de la decisión del legislador nacional al aprobar la Ley de Amnistía, es decir, excluir todo perdón para los delitos que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión".

En cuanto a la dirigente independentista Marta Rovira, quien se fugó a Suiza, el juez levantó la orden de detención y solicitó a las partes interesadas que argumenten sobre la conveniencia de consultar al Tribunal Constitucional sobre si la amnistía es aplicable al delito de desobediencia.

Fuentes del Partido Socialista, impulsores de la ley de amnistía en el Parlamento, expresaron discrepancias con los argumentos del Tribunal Supremo. La portavoz socialista Esther Peña afirmó que "no cree que esto afecte a posibles acuerdos para formar gobierno en Cataluña", donde ninguna fuerza obtuvo mayoría absoluta en los comicios de mayo pasado.

Por su parte, Carles Puigdemont respondió con un enigmático mensaje en redes sociales: "La Toga Nostra", haciendo una referencia velada a la mafia siciliana.

La ley de amnistía, destinada a los condenados, procesados e investigados en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña, ha generado un gran rechazo en España, enfrentando a la izquierda, actualmente en el poder, y a la derecha, en la oposición.

Promovida por los socialistas después de las elecciones generales de julio de 2023, la ley de amnistía fue acordada con los partidos independentistas catalanes, en particular con Puigdemont, quien así podría regresar a España sin cargos pendientes.

Esta ley fue una condición impuesta por los independentistas catalanes para respaldar la reelección de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo español, dado que carecía de suficientes diputados en el Congreso para lograrlo.

A favor de la ley votaron los partidos de izquierda, así como los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, mientras que en contra se manifestaron principalmente el Partido Popular (PP) y Vox.

Los socialistas defienden la ley de amnistía como un supuesto "paso valiente hacia la convivencia y la normalización política en Cataluña", aunque la realidad es el "precio político" que Pedro Sánchez paga por mantenerse en el poder. Mientras tanto, los independentistas no renuncian a la idea de un referéndum de autodeterminación.

La amnistía se aplicaría desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023, beneficiando, entre otros, a los responsables del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia posterior, ambas acciones declaradas inconstitucionales.

Como resultado de estos eventos, nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados a diversas penas de prisión en 2019, mientras que Puigdemont, figura central del proceso, y otros colaboradores huyeron para evitar la acción judicial.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

Sánchez planea formar un comité de "expertos" que se encargará de definir qué constituye una "noticia falsa". De esta forma, podrá censurar noticias que perjudiquen a su gobierno e intentará tapar las causas de corrupción que lo involucran a él y a su familia.

El Gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, ha lanzado un autoritario plan para intervenir en la financiación y regulación de los medios de comunicación.

Este movimiento, presentado por los socialistas como "un esfuerzo por la transparencia y la regeneración democrática", ha generado graves preocupaciones sobre la libertad de prensa y el control gubernamental sobre los medios opositores.

Específicamente, el Gobierno de Sánchez planea crear un "comité de expertos" encargado de definir lo que constituye una "noticia falsa" y evaluar las desviaciones de las "buenas prácticas" periodísticas. Este órgano tendría la autoridad para señalar a los medios que publiquen "información falsa" y podría censurar a aquellos que no cumplan con los estándares establecidos.

Aunque públicamente no se ha mencionado la imposición de multas económicas, en privado se ha discutido la posibilidad de sancionar a los medios infractores. Esta estrategia podría extenderse a las comunidades autónomas, algunas de las cuales, como la Comunidad de Madrid, han sido criticadas por el PSOE por financiar a lo que denominan "pseudoperiodistas", es decir, a periodistas opositores que difunden información crítica para Sánchez, como por ejemplo, las causas de corrupción de su esposa y su hermano.

El plan del Gobierno incluye la implementación de un reglamento que exige la "transparencia en la financiación pública de las empresas informativas". Esta medida obligaría a los medios privados a publicar su financiación para que luego el gobierno socialista tenga la información de quienes son los opositores y posteriormente perseguirlos.

Las fuentes del gobierno español se excusan diciendo que "el objetivo es evitar conflictos entre la información publicada y los intereses de los accionistas". Este enfoque permitiría "identificar a las empresas que se nieguen a ser transparentes", generando presión para que cumplan con estas nuevas normativas.

Ante esta iniciativa de los socialistas, que va en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha expresado preocupación por las posibles injerencias del Gobierno en el trabajo periodístico.

En un comunicado, la APM subrayó la importancia de "mantener la independencia de los medios y evitar que las medidas de transparencia se utilicen como una herramienta de control gubernamental". La organización enfatizó que cualquier intento de restringir la libertad de prensa debe ser observado con cautela y criticado cuando sea necesario.

El gobierno español pretende que esta medida también sea adoptada por las comunidades autónomas, creando un frente unificado para limitar la financiación de los medios que no sigan las directrices del Gobierno. Esta estrategia busca asfixiar económicamente a los medios críticos, reduciendo su capacidad operativa y su influencia en la opinión pública.

El plan de Sánchez ha generado un intenso debate sobre las implicaciones para la democracia y la libertad de prensa en España. Estas medidas son un intento de silenciar a los medios opositores y consolidar el control gubernamental sobre la información que llega al público.

La preocupación principal es que, bajo el pretexto de la transparencia y la ética, el Gobierno esté implementando un sistema de censura encubierta. Los medios que no se adhieran al código ético propuesto o que sean señalados por el "comité de expertos socialistas" podrían enfrentar sanciones que comprometerían su sostenibilidad y capacidad operativa.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.