Un grupo de abogados venezolanos en el exilio solicitó formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos que inicie una investigación penal contra Nicolás Maduro por presuntos actos de tortura. La presentación apunta a la aplicación del Estatuto Federal contra la Tortura, una norma que contempla penas de hasta cadena perpetua e incluso la pena de muerte si se demuestra que las víctimas fallecieron como consecuencia de los abusos.
La petición fue introducida el 4 de enero, un día después de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a territorio norteamericano. Según los juristas impulsores de la iniciativa, su presencia en Estados Unidos habilita la jurisdicción prevista en el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 2340A, incorporado tras la ratificación de la Convención contra la Tortura.
Maduro fue capturado el 3 de enero por fuerzas americanas.
El abogado Kelvi Zambrano, uno de los firmantes junto a José Valderrama, Villca Fernández y Julie Vanessa Siado, explicó que el principio de jurisdicción se activa cuando el presunto responsable se encuentra en territorio estadounidense, independientemente del lugar donde se hayan cometido los hechos o de la nacionalidad de las víctimas.
El eventual proceso no se sumaría al expediente que actualmente cursa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro enfrenta cargos ampliados por presunto narcoterrorismo. Se trataría de una investigación completamente independiente, cuya apertura depende exclusivamente de la decisión del fiscal federal competente.
La normativa invocada establece que quien, fuera de Estados Unidos, cometa o intente cometer tortura puede enfrentar hasta 20 años de prisión. Sin embargo, si la víctima muere como resultado de esos actos, la pena puede escalar a cadena perpetua o incluso la pena capital, según lo previsto en la legislación federal.
Maduro fue capturado el 3 de enero por fuerzas americanas.
Como antecedente, los abogados citan el caso de Michael Sang Correa, exintegrante de una unidad paramilitar en Gambia, condenado en 2025 por un tribunal federal en Colorado bajo el mismo estatuto por hechos ocurridos fuera de territorio estadounidense. Ese fallo marcó un precedente al aplicar efectivamente la jurisdicción federal por delitos de tortura cometidos en el extranjero.
Ahora, la decisión queda en manos del Departamento de Justicia. Si opta por avanzar, Maduro podría enfrentar uno de los procesos penales más severos contemplados por la legislación estadounidense, en paralelo a la causa por narcotráfico que ya tramita en Nueva York.
